Domingo, 29.03.2020 - 08:11 h
Retrasos en la aprobación de peajes

El tapón regulatorio en gas y electricidad pone en pie de guerra a la gran industria

Las empresas agitan el fantasma de la deslocalización para exigir un estatuto para el consumidor electrointensivo que rebaje su factura de energía.

La gran industria demanda medidas para abaratar la factura eléctrica.
La gran industria demanda medidas para abaratar la factura eléctrica. / EFE

Comunicados públicos de dureza poco habitual, quejas en público y en privado, peticiones reiteradas de audiencia a los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica...la incertidumbre regulatoria que afecta a los precios del gas y de la electricidad ha puesto en pide de guerra a la gran industria y a las mayores empresas consumidoras de energía. Todas esgrimen el fantasma de la deslocalización para exigir, una vez más, un estatuto propio -el del consumidor electrointensivo- que no se acaba de aprobar y que debería garantizar precios de la energía en España equiparables a los que la industria paga en otros países europeos.

Las dos asociaciones que agrupan a los grandes consumidores de energía, Gas Industrial y AEGE, subrayan la misma idea: a estas alturas del curso, empresas e industria no saben cuánto se puede incrementar su factura de energía el próximo año. Incrementar, porque lo de bajar está complicado. Sucede en los precios del gas y sucede en los precios de la electricidad.

En el gas, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tiene pendiente la aprobación de la metodología para fijar nuevos peajes, mientras el Ministerio de Transición ecológica aún no ha aprobado la parte que le corresponde por sus atribuciones -los cargos-. Para evitar aún más incertidumbre, el Ministerio ha prorrogado los peajes en vigor mientras se aprueba otra norma fundamental de la CNMC-la que afecta a los pagos por distribución- que ha sido reelaborada y que está pendiente de nuevos trámites de información pública. A la espera de que se clarifique la regulación, la industria sufre "peajes del gas que han subido un 63,86% en los últimos diez años" según destaca la directora general de Gas Industrial, Verónica Rivière.

Un estatuto propio

En los precios de la electricidad, sucede lo mismo. Grandes empresas consumidoras e industrias reclaman un estatuto propio -ayudas al fin- para compensar el sistema de subvenciones vigente, el de la interrumpibilidad, que se acaba por las reticencias de Bruselas. La interrumpibilidad  se concibió como un gatillo de seguridad para el sistema: las grandes empresas consumidoras de electricidad accedían a desconectarse de la red en caso de necesidad a cambio de pagos que compensaban, supuestamente, precios más caros que en otros países. Una cuestión de justicia económica según las empresas y una subvención encubierta según Bruselas.

En los últimos ejercicios, a trancas y a barrancas, entre parches y presiones, el Gobierno modificó el sistema con dos objetivos: abaratarlo y justificarlo. En lugar de pagar sólo por la disposición a desconectarse de la red -algo que sucedía de forma excepcional-, las empresas aceptaban interrupciones del servicio por criterios económicos dictados desde el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE). Con el compromiso de consumir al menos el 50% de la energía eléctrica en horas valle -noches, fines de semana, festivos...-. Todo a través de un sistema de subastas.

Pero el mecanismo no da más de sí. La Secretaría de Estado de Energía ha aprobado una resolución que reduce a menos de la mitad la potencia interrumpible en la subasta correspondiente al primer semestre de 2020. Y además, ha eliminado los bloques más grandes a subastar (40 MW), los que solo pueden optar las plantas de mayor tamaño, como las de Arcelor o Asturiana de Zinc (AZSA), para dejar únicamente los de 5 MW y aumentar así la competencia.

El resultado ha sido como un calambrazo en el espinazo empresarial. La asociación AEGE, en la que se integran compañías como Alcoa, Acerinox o Arcelor Mittal -hasta un total de 26-, ha asegurado que la decisión de Energía "genera una gran incertidumbre que perjudica a la competitividad de la industria básica y pone en riesgo la actividad de sus plantas". El director general de la asociación, Fernando Soto, califica la situación de "shock en la industria".

Recorte de ayudas

El recorte de ayudas vía subasta duele más porque el Gobierno, en funciones, no ha podido aprobar el estatuto que reclaman las grandes compañías para codearse con sus competidores en Europa. La elaboración del estatuto para la industria corresponde al ministerio que dirige Reyes Maroto. El departamento ya elaboró un borrador en su día, pero no pasó dos filtros clave: el de la CNMC y el de Bruselas.

El proyecto incluía medidas para abaratar la factura de las grandes empresas como la exención de su aportación en el pago de los sistemas de capacidad que cobran las eléctricas por tener potencia sobrante y la regulación de contratos bilaterales con productores de energía para que puedan buscar mejores ofertas.

El Ministerio de Industria ha afinado el borrador para ajustarlo al gusto de Bruselas. En los trabajos ha participado la agencia de crédito a la exportación Cesce.  El organismo ha aconsejado en el diseño de nuevos modelos de contratación de energía -bilaterales- que funcionan con éxito en países como Noruega.  Industria ha mantenido, además, el compromiso de elevar las compensaciones a las industrias por los costes indirectos del CO2 hasta el máximo permitido por Bruselas.

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