La investigación judicial abierta sobre las ayudas concedidas a Plus Ultra por parte de la SEPI ha trastocado la actividad frenética que llevaba el organismo en la gestión de todos los expedientes de petición de fondos que han recibido, a la vista de las consecuencias legales que puede suponer para la carrera política de muchos de los miembros de su consejo una acusación formal de malversación de fondos públicos y prevaricación. Aunque las diligencias que ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, contra el vicepresidente de la entidad, Bartolomé de Lora, y todos los miembros de su consejo de administración está en un proceso muy inicial (no se han producido citaciones para declarar a nadie), el cuestionamiento del caso Plus Ultra obliga ahora más que nunca a los responsables de SEPI a vigilar muy de cerca cualquier otro proceso sobre el que puedan surgir dudas, tanto desde el punto de vista técnico, como en lo que respecta a su implicación política.
Fuentes del organismo descartan cualquier freno en el ritmo de trabajo y aseguran que el cuidado y la responsabilidad que pesa sobre los algo más de treinta casos que se mantienen abiertos, obliga a estar siempre muy atentos y hacer el trabajo con la mayor diligencia. Frente a ello, algunas de las muchas consultoras que trabajan como asesores en esos expedientes o los despachos de abogados implicados en los grandes procesos de refinanciación que se han abierto, admiten que el dinamismo que tienen a la hora de evaluar las operaciones ahora no es el que había hace apenas tres meses, cuando no había saltado a la luz pública el caso Plus Ultra.
Dentro de alguna de las sociedades que están pendientes de que sus peticiones sean aceptadas (o no) temen que el baremo a la hora de analizar cuestiones clave para los expedientes se haya endurecido de forma indirecta por el caso de la aerolínea con capital venezolano, sobre la que tanto desde el ámbito político como desde el empresarial (dentro y fuera del sector público) se han lanzado serias dudas, hasta el punto de que una simple denuncia de Manos Limpias ha dado lugar a un inicio de diligencias judiciales. Desde SEPI se defiende la adjudicación por tratarse de una compañía con 350 empleos en juego que cubre huecos en los destinos con Venezuela, Perú y Ecuador que nadie atiende, datos que han sido puestos en evidencia en la denuncia si se comparan con la actividad de ese sector en España.
Más allá de las valoraciones técnicas que se vayan a hacer en cada caso, desde el ámbito cercano de algunos de los miembros del consejo de administración de SEPI, en el que se encuentran representadas hasta cuatro de secretarías de Estado (Defensa, Hacienda, Economía y Transición Ecológica), cinco subsecretarías, un secretario general, otro director general y dos direcciones de gabinetes ministeriales, admiten el malestar que ha generado la denuncia admitida a trámite para sus trabajos, que están siempre más cerca de la política que del análisis técnico de cada proceso.
Algunos asesores de los miembros del consejo de SEPI no ocultan el temor que ha surgido ahora a que se ponga en entredicho cada una de las operaciones de préstamo aprobadas en virtud del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y del que depende gran parte del futuro de entidades como Air Europa, Abengoa, Duro Felguera, Celsa, entre otras sociedades menores del sector hotelero, los transportes, el turismo y las industrias más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia.
Estrechar el margen de arbitrariedad
Hay que recordar que el Fondo se creó como el último recurso al que ese tipo de empresas al borde de la quiebra podían acudir para buscar su salvación financiera a través de préstamos de dinero público (siempre de más de 25 millones) bajo unas condiciones que se endurecen a medida que pasa el tiempo sin que se devuelva el dinero. La ayuda del fondo supone un control muy estricto de su consejo rector sobre las decisiones de cada empresa financiada y la entrada de representantes del sector público en sus órganos de gestión. Pero hasta que eso llega, el análisis que hay que realizar de cada caso, sector y persona concreta genera un cúmulo de situaciones complicadas de resolver que han desatado grandes dudas sobre su eficacia, sobre todo desde el ejército de asesores que “mercadean” alrededor de cada caso y que intentan sacar lo mejor para sus clientes a cualquier precio, siempre que el dinero final llegue.
La judicialización de uno de los primeros casos resueltos, el de la Compañía Plus Ultra, ha desatado todas las alarmas sobre un posible cuestionamiento básico de cada refinanciación, ya sea por el dinero que reclama (hay varias peticiones de más de 300 millones en sectores del entretenimiento o el juego, por ejemplo) o por los criterios a aplicar a la hora de decidir si un sector es o no es estratégico. Una de las claves para acceder a la financiación del Fondo es el empleo que se genera, pero no es igual si se trata de puestos directos en empresas industriales y de sectores estratégicos (energías renovables, turismo, digitalización, etc..) que si se trata del sector servicios y en otros ámbitos de actividad más especulativos. La misma incertidumbre se genera cuando del análisis de los datos se deriva la necesidad de que alguno de los responsables de la empresa deje su puesto, en contra de su voluntad.
Fuentes jurídicas consultadas no descartan que, una vez abierta la veda con Plus Ultra, se ponga el foco en el margen de arbitrariedad que ofrece la normativa que regula el Fondo a la hora de tomar una decisión, de forma que si no se trata de expedientes muy bien justificados, siempre corren el riesgo de llegar hasta la mesa de un juez y hasta ser paralizados. Desde el ámbito legal se descarta que, en este tipo de procesos, se llegue al ámbito penal y la personalización de la culpa en alguno de los responsables de la SEPI, que tienen la obligación de firmar cada resolución, pero admiten que la mera duda sobre sus decisiones desde el sector público puede ser un hándicap futuro para su actividad y sus carreras profesionales.
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