Después de años sosteniendo una dura batalla con el Gobierno por las competencias en el sector de la energía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alzado la voz esta vez por la nueva Ley General de Telecomunicaciones, cuyo anteproyecto ha sido recientemente presentado. El organismo presidido por Cani Fernández se queja al Ministerio de Asuntos Económicos por haberle 'robado' tareas que hasta ahora estaban bajo su paraguas como es la gestión del registro de los operadores españoles, el cobro de diferentes tasas vinculadas a la actividad de competidores o la imposición de varias obligaciones regulatorias.
Cani Fernández tomó posesión en junio de su cargo al frente del regulador de la competencia español en sustitución del hasta ese momento presidente, José María Marín Quemada. Lo hizo después de haber pasado por el bufete Cuatrecasas y, más recientemente, por el Gabinete de Presidencia del Gobierno en La Moncloa. Su mandato no ha tenido grandes sobresaltos, ni rifirrafes políticos significativos. Hasta ahora. El organismo ha puesto el grito en el cielo en un informe de más de cien páginas, al que ha tenido acceso La Información, sobre la reforma de la ley de telecomunicaciones, con la que España transpone la directiva europea. Entiende que el Ministerio de Asuntos Económicos, con Nadia Calviño a la cabeza, ha puesto sobre la mesa un "planteamiento de mínimos" en relación con la distribución de las funciones entre ambos, en virtud del cual se atribuyen a la CNMC sólo las tareas que "de manera expresa e inequívoca" le asigna la directiva. Para el resto, según relata el organismo en el documento, el antproyecto da poderes al propio Ministerio.
"No se encuentra justificación del por qué no se ha asignado a la CNMC el conjunto de atribuciones cuyo ejercicio tiene un impacto directo en la configuración del mercado y la competencia", advierte. Hasta ahora, el anteproyecto de ley prevé la transferencia al departamento de Calviño de las competencias relativas al desarrollo del registro general de operadores, donde deberán dar cuenta las grandes compañías tecnológicas como Facebook (con Whatsapp), Microsoft o Google; el cobro y gestión de las diferentes tasas, y la imposición de obligaciones relativas a la interoperabilidad de los servicios de las diferentes compañías. Algunas de ellas estaban asignadas al Ministerio pero una disposición transitoria de la actual ley permite que sea la CNMC quien se encargue. La retirada ahora, después de que tradicionalmente fueran prestados por la entidad, "no parece respetar el principio de estabilidad establecido en el código", advierte.
Una de esas funciones tiene que ver con el registro de operadores. La CNMC, y previamente la extinta CMT desde 1997, vienen gestionando el régimen de licencias y autorizaciones y, posteriormente, este registro. Este trabajo proporciona "información valiosa" sobre los diferentes competidores en un determinado mercado. "La transferencia de la gestión al Ministerio supondría la pérdida del conocimiento acumulado por la CNMC a lo largo de más de dos décadas", apostilla en el documento. La otra tarea es el otorgamiento y asignación de los derechos de uso de los números para servicios móviles o fijos. Ambos trabajos generaban gastos en el organismo que eran sufragados precisamente por las diferentes tasas. Sin embargo, el Ejecutivo asume tanto la gestión como la recaudación de esas figuras impositivas a los diferentes operadores. "La CNMC debería seguir estando a cargo de la recaudación de las tasas asociadas, como ocurre en la mayoría de los Estados miembros de la UE", apunta.
Estas tareas no son las únicas que le reclama en el informe. Entiende que esta nueva legislación debería aprovecharse, precisamente, para entregarle otras competencias que resultan esenciales para la supervisión de todo el sector. ¿A cuáles se refiere? El reparto de espectro radioeléctrico, sobre el que las operadoras de telecomunicaciones despliegan todas sus redes móviles, o el acceso abierto a internet. Respecto al primero, defiende que su participación es clave para determinar las condiciones de explotación (duración, pagos, usos compartidos...), porque éstas afectan claramente a la configuración del mercado española.
La CNMC defiende que debería seguir a cargo de la recaudación de las tasas "como ocurre en la mayoría de los Estados miembros de la UE"
No a la cesión de personal
Toda esta reorganización de las competencias asignadas tiene consecuencias en el personal. En una de las disposiciones adicionales de la ley impulsada por el Gobierno contempla la transferencia de los empleados de la CNMC que sean necesarios para llevar a cabo el ejercicio de las funciones que estaban atribuidas a este organismo hasta la fecha. Esta medida es rechazada de plano, exigiendo su eliminación del texto legal incluso en el caso de que finalmente se transfirieran las tareas. "Resulta inviable el traslado de parte de sus técnicos al Ministerio, más aún en el contexto de refuerzo de los requisitos de suficiencia financiera y de personal establecido por el código europeo", apostilla.
Al margen de la reorganización de responsabilidades, y pese a hacer una valoración global favorable del anteproyecto, pone en duda una de las grandes novedades del texto: la exigencia de que los proveedores de servicios como Google o Microsoft asuman cargas similares a los operadores tradicionales. Desde la CNMC llaman a que se analice la compatibilidad con la directiva europea algunas medidas planteadas por el Gobierno como la obligación de comunicación previa al registro de operadores y el consecuente abono de la tasa general de operadores. Esta había sido una de las grandes batallas de las compañías tradicionales como Telefónica o Vodafone: mismas reglas, mismos servicios. Pero la entidad presidida por Cani Fernández cree que no deben verse sometidos a un régimen de autorización general. En todo caso, insiste en que es necesario analizar la "compatibilidad" de este texto con la normativa europea.
Las eléctricas como antecedente
Si hay un antecedente a esta pelea hay que encontrarlo en las eléctricas. Hace varios años, la CNMC inició una guerra con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que con un real decreto asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. A finales del año 2017, el organismo, presidido entonces por José María Marín Quemada, acudió al Tribunal Supremo para dilucidarlo. Casi dos años más tarde, a mediados del pasado año, se las devolvió, aunque bajo la condición de que tenga en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno.
Este movimiento con la ley de telecomunicaciones augura un 'tira y afloja' importante. Hay aún margen de maniobra, pues el objetivo del equipo de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones, capitaneada por Roberto Sánchez, es tenerla aprobada en las Cortes en el segundo semestre de 2021, casi un año más tarde de lo exigido por la UE. La CNMC ya se ha posicionado. Va a dar la batalla.
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