Todavía resuena la elección que el pleno de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) tomó esta semana. La sala del superegulador nombró a Rocío Prieto, hasta entonces subdirectora de Gas Natural del organismo, como nueva directora de Energía, a propuesta de la presidenta Cani Fernández. Para sacar adelante su nombramiento, Fernández consiguió el apoyo de la mayoría de los consejeros. Pero se topó con varias abstenciones, por lo que fueron necesarios algunos apoyos o como el de Josep Maria Sala, conocido extraoficialmente por ser el vocal propuesto por ERC en la renovación del organismo en el 2020.
La decisión se tomó el martes, cuando pleno de Competencia, a petición de Fernández, sometió a votación la candidatura de Prieto. Pero a esta convocatoria se había presentado también María José Samaniego, subdirectora de Energía Eléctrica desde el pasado año. Con varios años de carrera en la CNMC y en la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y habiendo asesorado al secretario general de Energía del Ministerio de Industria, el perfil de Samaniego era del agrado del Ministerio de Transición Ecológica y la ministra Teresa Ribera.
El perfil de Prieto, por contra, es del agrado de Cani Fernández y del equipo de la ministra de Economía, Nadia Calviño, de quien depende orgánicamente la CNMC. En su hoja de servicios también figura una carrera profesional en diferentes empresas (Enagás y Enusa) y sobre todo su enfrentamiento con Transición Ecológica por las polémicas circulares de la CNMC sobre la retribución de las redes de transporte y distribución del gas. Con todas estas credenciales, su votación fue más reñida de lo esperado y, pese a salir adelante finalmente con mayoría de votos, contó con distintas abstenciones por parte de varios consejeros.
Con esta resolución, Competencia resolvía una vacante que había propiciado un baile de sillas. María Jesús Martín dejó el puesto de directora de Energía en octubre para pasar a ser consejera de la CNMC, ya que a su vez se había producido el abandono de Mariano Bacigalupo, quien de manera anticipada al final de su mandato saltó al supervisor bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las candidaturas de Samaniego y Prieto fueron posibles gracias a que la nueva presidenta a la CNMC desde su llegada quiso que este tipo de convocatorias dejaran de resolverse de manera directa y pasaran a tener carácter abierto.
Los apoyos
Quien sí votó a favor y ayudó a inclinar la balanza a favor de la propuesta de la presidenta fue Josep Maria Sala, consejero del regulador propuesto por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido fuertemente interesado en colocar en la agenda todos los temas que giren en torno a la soberanía energética. Al margen de los votos de Sala y la presidenta Fernández fueron necesarios, al menos, otros cuatro apoyos para alcanzar la mayoría, ya que el pleno de la CNMC está compuesto por diez consejeros, entre ellos Carlos Aguilar, próximo a En Comú Podem o el vicepresidente Ángel Torres, exsecretario de Política Económica en la etapa de Pedro Solbes.
Sala es consejero de la CNMC desde 2020, año en el que se renovó parte de la CNMC. El consejero catalán sustituyó a Josep Maria Guinart, consejero saliente que fue designado en 2013 por la cuota catalana que entonces ostentaba la desaparecida Convergència i Unió (CiU). De su perfil destaca que es un experto en materias como las renovables y la transición energética. Su salto a los focos se dio cuando, de nuevo a petición de ERC, entró a formar parte del grupo de expertos en energía de Álvaro Nadal para realizar el informe que fuese la piedra angular de la Ley de Transición Energética.
La sintonía entre la presidenta y el vocal de ERC ya ha aflorado en otros momentos. El pasado año, coincidiendo con las dudas sobre el futuro de Mariano Bacigalupo, su nombre apareció en todas las quinielas como futuro sustituto, pese a que la rotación del marido de la vicepresidenta cuarta no estaba marcada hasta enero de 2023. La falta de sintonía era un secreto a voces, al igual que también lo era la intención de la presidenta en mover a Bacigalupo desde la sala de Supervisión Regulatoria a la de Competencia.
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