Sanción histórica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 194 millones de euros a Amazon y Apple por pactar y ejecutar determinadas restricciones a la competencia en el mercado de compraventa de productos en internet que afectan a terceros revendedores de productos Apple y a productos competidores del fabricante del iPhone. Esta multa, que llega después de casi dos años de investigación, es la más grande impuesta por el organismo en el sector tecnológico.
A mediados del año 2021, la CNMC inició un expediente sancionador contra ambas compañías por haber acordado estas restricciones comerciales en la página web de Amazon. Ahora, dos años después, exige el pago de 143 millones de euros a Apple y 50,5 millones de euros a Amazon. Considera que las cláusulas incluidas en el acuerdo firmado en el año 2018 entre ambas partes contribuyen a "cambiar la dinámica" de venta de productos Apple, restringen la competencia intramarca y constituyen una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.
Esta es la segunda sanción más relevante de la historia de la CNMC y a muy poca distancia de la primera. Ésta fue de 204 millones de euros y se impuso a las seis mayores constructoras por pactar contratos públicos durante 25 años. La tercera, de 171 millones de euros, se ejecutó en el año 2015 frente a una quincena de compañías del sector de la automoción.
Fuentes de Amazon aseguran que van a apelar la decisión, al estar en desacuerdo con ella. Tienen dos meses para hacerlo ante la Audiencia Nacional. "Rechazamos la sugerencia de la CNMC de que Amazon se beneficia al excluir a vendedores de la tienda, ya que nuestro modelo de negocio se basa justamente en el éxito de las empresas que venden en Amazon", apuntan. Defienden que fruto del acuerdo con el fabricante del iPhone, los clientes españoles "se han beneficiado de una amplia variedad de producto, que se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, y excelentes ofertas, así como envíos más rápidos”.
Por su parte, un portavoz de Apple asegura que también van a recurrir ante la Audiencia Nacional. Alegan que el principal objetivo de la compañía en los acuerdos de 2018 era luchar contra las falsificaciones de productos en la plataforma. Antes de firmarlos insisten en que tuvieron que enviar cientos de avisos de retirada a Amazon para reducir dicho fenómeno. Argumentan que la jurisprudencia y los precedentes reconocen que la finalidad de proteger a los clientes justifica la limitación del uso de los marketplace.
Las cláusulas castigadas
Ese acuerdo es de 2018 y no sólo se produjo en España, sino también en otros mercados internacionales. Según explica la CNMC, se incluían lo que se conoce como cláusulas de exclusión, pues pactaron que únicamente una serie de distribuidores designados por la propia Apple podían vender los productos de la marca a través de la web de Amazon en España. El resultado de este acuerdo es una restricción muy relevante de la actividad que el organismo ha cifrado en su informe.
En concreto, más del 90% de los revendedores que venían usando la web de Amazon para la venta minorista de productos Apple quedaron excluidos. Los vendedores no autorizados por el fabricante del iPhone para vender sus productos en la web del gigante del comercio electrónico "perdieron un importante canal de ventas". Además, las ventas se concentraron en la propia Amazon, "reduciéndose drásticamente la competencia entre revendedores de productos de esta marca". Y, por último, se incrementaron los precios.
Estas no fueron las únicas cláusulas que se incluyeron en el acuerdo, según explica la CNMC. También se introdujeron otras relativas a la publicidad y a limitaciones al marketing. Como consecuencia de todas ellas, el fabricante del iMac "ve reducida la presión competitiva" generada por los anuncios de la competencia en la web de Amazon y por las campaña de marketing que ésta pueda realizar y que el resto de marcas sí debe soportar. Por último, esto también perjudicó a los consumidores al limitar su capacidad para descubrir nuevas marcas y productos alternativos a Apple e incrementan los costes de búsqueda.
La CNMC considera que estas cláusulas, que contribuyen a cambiar las dinámicas de la venta de productos Apple en Amazon, restringen la competencia y constituyen una infracción continuada de la ley. Las ventajas logradas con este acuerdo se han alargado desde que se firmara el acuerdo en octubre de 2018. La CNMC exige la cesación de la conducta e impone ambas multas.
El homólogo italiano de la CNMC española impuso en 2021 una sanción de una cantidad también relevante: algo más de 200 millones de euros. El caso es parecido y se basa en ese 'brand gating' o restricción comercial a las marcas. Ambos firmaron el acuerdo para restringir la venta de productos Beats, especializados en audio y cuya compañía fabricante adquirió Apple años atrás. A principios de 2022 redujeron la multa a 173 millones por "un error material" en el primer cálculo. Finalmente, un tribunal administrativo italiano la anuló en octubre de ese mismo año.
Más presión a los gigantes tech
Esta que se dirime ahora es la primera gran batalla que libra la Comisión contra los gigantes tecnológicos estadounidenses. Durante años, Apple, Amazon y compañía se han salvado de sanciones relevantes, pese a sus posiciones crecientes en sectores como los servicios digitales o la propia publicidad. Otras autoridades homólogas en mercados como el francés, el alemán o el italiano han ido imponiendo una serie de multas millonarias al margen de los diferentes casos abiertos en Bruselas.
En los últimos meses se ha ido elevando de manera relevante la presión sobre estos gigantes tecnológicos. El pasado mes de abril decidió abrir un expediente sancionador contra Google por prácticas anticompetitivas. Entiende que hay indicios suficientes para analizar a fondo un posible abuso de posición dominante al supuestamente imponer condiciones comerciales "no equitativas" a las editoriales de publicación de prensa y agencias de noticias en España. El caso arranca con una denuncia de Cedro, la entidad de derechos de autor que se encargaba de cobrar la antigua 'Tasa Google'.
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