Nuevo tropiezo de Aena en el desarrollo de su plan fotovoltaico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desestimado el conflicto planteado por el gestor aeroportuario con motivo de la caducidad automática del permiso de acceso y conexión de su instalación solar en en el aeropuerto Tenerife Sur.
La resolución del consejo agota la vía administrativa y no cabe recurso de posición. No obstante, la compañía tiene dos meses -a contar desde el 30 de noviembre- para recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Fuentes de la empresa aseguran a La Información que se está valorando.
Red Eléctrica de España (REE) informó a Aena a principios de septiembre de la caducidad automática de su permiso de acceso y conexión para la instalación 'PSFV Aena Aeropuerto Tenerife Sur' por no acreditar el cumplimiento de la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Como el gestor aeroportuario obtuvo el permiso con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, disponía de 31 meses.
Aena defiende que no es su culpa no haber recibido la DIA en plazo
En la resolución emitida por Competencia, consultada por este medio, se detalla que Red Eléctrica le otorgó a Aena el informe de viabilidad de acceso (IVA) el día 5 de noviembre de 2020 y el informe de verificación de las condiciones técnicas de conexión (IVCTC) el 30 de marzo de 2022. A juicio de la empresa que preside Maurici Lucena, el inicio del cómputo para el cumplimiento del hito debe ser la segunda fecha y, además, defiende que no es posible declarar la caducidad del permiso dado que la falta de obtención de la DIA no le es imputable.
En este sentido, reclamó que se dicte resolución por la que se declare no haber lugar a la caducidad de la instalación fotovoltaica y que se suspendiera provisionalmente la comunicación de Red Eléctrica hasta que se resolviera el proceso. El escrito tuvo entrada en el registro de la CNMC el 4 de octubre.
La sala de supervisión regulatoria de Competencia ya ha dicho con anterioridad -mediante la resolución CFT/DE/195/20- que es el permiso de acceso (mediante el informe favorable del gestor de la red correspondiente) el que da inicio al cómputo de plazos que de no cumplirse suponía la caducidad del permiso. En consecuencia, debía contar con el informe ambiental a 5 de junio de este año. Aena sostiene que el órgano competente no lo formuló a tiempo y que por ello no ha podido cumplir con el hito. El Ministerio para la Transición Ecológica gestiona el trámite para proyectos de más de 50 MW, mientras que las comunidades autónomas se encargan cuando la capacidad es inferior. En este caso la instalación es de 17,5 megavatios (MW).
Aena también perdió la capacidad asignada en el aeropuerto de Son Bonet (Palma de Mallorca) y ha reiniciado los trámites, como publicó El Economista. Pero este no es solo problema de Aena, sino que hay varias empresas afectadas por el tapón genera la tramitación de la DIA en la administración ante el aluvión de proyectos renovables. Entre ellas se encuentran Enel Green Power, Opdenergy, X-Elio, Iberdrola, Norvento, Green Capital, Grupo Jorge y EDP. Por su parte, REE, como gestor de la red eléctrica, se limita a informar de la caducidad automática a los promotores que no cumplan con los hitos, independientemente de si es o no su culpa.
¿Qué pasa con la nueva capacidad que aflore?
Sobre el afloramiento de capacidad una vez constatada la caducidad automática de todos los permisos, Red Eléctrica deberá evaluar la capacidad existente y disponible en aquellos nudos en los que se hayan producido. Una vez evaluada, procederá a publicar en el mapa de capacidad -que temporalmente corresponda- la nueva capacidad disponible que haya podido aflorar.
La mayor planta fotovoltaica de todos los aeropuertos de Aena estará en Madrid, con una potencia de 120 MW y una superficie de 141 hectáreas, equivalente a 353 campos de fútbol. Los 235.000 módulos se ubicarán en diferentes parcelas dentro de los terrenos del aeropuerto y tendrán una capacidad para generar 212 GWh al año. La compañía solicitó en diciembre de 2020 la autorización administrativa previa para esta instalación y la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica se la otorgó mediados de mayo. El contrato para la construcción de la planta lleva adjudicado a Grupo San José desde abril de 2022 por 99 millones de euros.
Visto bueno de la Generalitat a la planta de Barcelona-El Prat
En julio también recibió la autorización administrativa de construcción para la planta solar del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. La planta de autoconsumo contará con una potencia total instalada de 12,523 MWp y una potencia nominal de 10 MW. Estará compuesta por 18.984 módulos, dentro de los terrenos del aeropuerto. Ha licitado la puesta en marcha y mantenimiento por 15 millones de euros y la del Aeropuerto de Reus (Tarragona) por otros 15,4 millones de euros.
El Plan de Acción Climática 2021-2030 de Aena está compuesto por tres ejes: neutralidad en carbono, aviación sostenible y comunidad y cadena de valor sostenible. Bajo el primero, se enmarca el plan fotovoltaico con el objetivo de conseguir el 100% de autobastecimiento de energía en sus aeropuertos. En total se instalarán 740 hectáreas de placas solares distribuidas en 14 aeropuertos. Asimismo, la compañía se ha propuesto reducir el consumo de energía por pasajero en un 9% para 2030. Su idea es renovar progresivamente los equipos de climatización que consumen combustibles fósiles por otros que usan electricidad renovable, biocombustibles, biogás u otros derivados de biomasa. También instalará luces LED por otros de mayor eficiencia energética, así como mecanismos de detección de presencia.
Por otro lado, se ha marcado como meta que la totalidad de su flota de vehículos sea sostenible también para 2026, gracias a modelos eléctricos y otros de combustibles alternativos. También instalará 3.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto en pistas como fuera, e impulsará lanzaderas sostenibles, al tiempo que participará en proyectos vinculados con la promoción y la producción de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) e hidrógeno verde. Por último, desarrollará medidas de gestión de residuos, promoviendo la utilización de estos como materia prima para la generación de energía.
Para acometer la gran transformación, formalizó una línea de crédito sindicada sostenible (Sustainability-Linked RCF) por importe de 2.000 millones de euros. La empresa amplió así el plazo de su financiación para necesidades generales corporativas hasta cinco años, con la posibilidad de prórroga por dos años más. La operación fue suscrita por 14 entidades financieras nacionales e internacionales y la dirigió Banco Santander como coordinador y agente sostenible. Por su parte, Banco Sabadell ha ejercido de coordinador y agente administrativo.
