La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue su lucha frente al Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. La sala de Regulación de este organismo, en manos de la vicepresidenta, María Fernández, ha emitido este mismo jueves un informe sobre la trasposición del cuarto paquete ferroviario y la consecuente modificación de la Ley del Sector Ferroviario. En él, entre otras cosas, Competencia señala a la cartera del socialista por no implementar la estrategia indicativa y el convenio entre Adif -gestora de la infraestructura- y el propio ministerio, un punto clave de la trasposición.
En este sentido, la CNMC señala en el informe que la mejora del marco regulatorio de los cánones ferroviarios, principal elemento sobre el que versa la trasposición de la directiva europea, resulta esencial para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y el éxito del proceso de liberalización que se acometerá, si no hay cambios, a finales de este ejercicio. Por ello, el regulador ha valorado positivamente que se desligue el coste de los cánones de los Presupuestos Generales del Estado, una de las grandes demandas que se hicieron en los últimos años.
Sin embargo, ha vuelto a poner el dedo en el llaga de algo que considera necesario más allá de esta modificación. Como ya señaló en el Acuerdo de 25 de junio de 2019, por el que se emitía un informe relativo a las propuestas de Adif y Adif Alta Velocidad sobre la modificación de la declaración sobre la red de 2019, considera necesario que se aborden otros aspectos relativos a la evolución de la red y la financiación de los gestores de infraestructuras, es decir, una estrategia a largo plazo para esta compañía de capital público.
"Es necesario que el Ministerio de Fomento publique la estrategia indicativa y concluya un convenio con los administradores de infraestructuras, de forma que estos puedan elaborar su programa de actividad", reitera el documento. De llevarse a cabo estas peticiones de la CNMC que en varias ocasiones se han dejado arriconadas, Adif podrá conocer sus necesidades financieras y las aportaciones públicas con que contarán para abordarlas, pudiendo fijar los cánones a medio plazo.
En concreto, la puesta en marcha de estas peticiones permitiría que se incorporase a la Declaración sobre la Red una senda previsible a cinco años de los cánones ferroviarios que aporte certidumbre a las empresas sobre la evolución de esta importante partida de costes, sobre todo ahora que se acerca la liberalización y la entrada de competidores en las vías férreas.
Sin embargo, al no haber sido implementadas, si bien el mecanismo de fijación de los cánones ferroviarios mejorará con la aprobación del Anteproyecto de Ley del que versa el informe, según confirma la propia CNMC, la incertidumbre sobre su evolución se mantendrá. A este respecto, los cambios son menores a la hora de trasponer la directiva, como por ejemplo en el caso de que "a lo largo de un período no superior a cinco años, la contabilidad de pérdidas y ganancias de los administradores generales de infraestructuras ferroviarias refleje como mínimo una situación de equilibrio".
En cambio, ese plazo del que se habla comenzó el 16 de junio de 2015, por lo que los cinco años se cumplen en apenas dos meses. Aún así, y según señalan las cuentas auditadas de Adif y Adif Alta Velocidad de 2018, últimas disponibles, las empresas públicas presentaron pérdidas de 74,27 y 223,41 millones de euros respectivamente. Esta obligación, por tanto, debe abordarse, como se ha señalado en varias ocasiones, en el marco del convenio entre los gestores y el Ministerio, otra vez postergado.
La batalla CNMC - Transportes
Pero esta nueva lucha de la CNMC y el Ministerio de Transportes no es la única en las últimas semanas. A cuenta del transporte ferroviario, el regulador también emitió una resolución adoptada el 7 de abril en la que establecía una duración contractual de 10 años a los contratos con Rielsfera -filial española de SNCF- e Ilsa -en asociación con Trenitalia-y de solo cinco para Renfe, todo ello en el seno de la liberalización que, si no hay cambios, tendrá lugar a finales de este ejercicio. La empresa gestora de las infraestructuras entendió este cambio como una discriminación hacia el incumbente y decidió paralizar la firma definitiva de todos los acuerdos marco.
Más allá de los asuntos ferroviarios, este mismo miércoles Competencia hacía público un informe sobre las bonificaciones a los billetes de avión de las regiones insulares. En concreto, el informe señala que el incremento de las ayudas públicas para subvencionar los billetes aéreos para los residentes en Canarias y Baleares llevó a que las aerolíneas aumentasen el precio de los billetes que se bonifican. Por ello, el regulador aconsejó que se llevasen a cabo cambios en el sistema para evitar nuevas subidas.
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