España va con varios años de retraso

Un cisma interno en Transportes socava los pilares del sector de la construcción

El Código Estructural del Hormigón sigue encallado tras dos años de tira y afloja dentro del Ministerio mientras las empresas piden acceso a los fondos europeos para la reconstrucción tras la Covid-19. 

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EFE

España amenaza con convertirse en un verso suelto en la Unión Europea. Nuestro país lleva más de dos años de retraso en la promulgación del nuevo Código Estructural del Hormigón, uno de los reglamentos clave que rigen la actividad de las constructoras e ingenierías. Desde que el proyecto se sacase a información pública en 2018 -aún con Íñigo de la Serna al frente del entonces Ministerio de Fomento- apenas ha habido movimientos y desde el sector reclaman que salga adelante una normativa que les equipare al resto de la Unión Europea. Este hecho es especialmente relevante ahora, momento en que las miradas de las constructoras se centran en los fondos europeos de reconstrucción. 

¿Por qué no sale adelante esta nueva normativa? Fuentes conocedoras confirman a La Información que en el seno del Ministerio de Transportes que encabeza José Luis Ábalos existen opiniones enfrentadas sobre el proyecto. Por un lado estaría la Secretaría General Técnica del ministerio, que aboga por la publicación de dicho código, y, por otro, la Dirección General de Carreteras, cuya opinión no concuerda con la de la parte más técnica de la cartera. 

La norma actual que rige esta parte de la construcción data de 2008 y en ella no se recogen la totalidad de los denominados Eurocódigos, un sistema que es el utilizado en la obra pública de toda Europa y otros países relevantes a nivel contratación. Este hecho supone, según confirman fuentes del sector, una merma en la competitividad de nuestras constructoras frente a las de otros países al continuar utilizando normas que únicamente se circunscriben al ámbito nacional. 

Pero este problema comenzó mucho antes. El Ministerio de Fomento, a través de la Comisión Permanente del Homigón y de la del Acero, comenzó los trabajos para redactar un nuevo borrador en enero de 2011. Se crearon entonces grupos de trabajo formados por más de 140 expertos en la materia, que iban desde personal de la administración pública y colegios profesionales a empresas y centros de investigación. 

Una vez que se elaboró este borrador, las comisiones permanentes estudiaron y debatieron el denominado 'Documento 0', aprobándolo por unanimidad en una reunión conjunta celebrada en diciembre de 2017. Posteriormente, ya en 2018, acordaron la aprobación definitiva del código. "Y hasta hoy", señalan desde el sector. El trámite continúa a día de hoy, más de dos años después, completamente paralizado. 

Tanto es así que, justo antes del parón veraniego dos diputadas del Partido Popular incluyeron una pregunta parlamentaria a este respecto, ahondando en la idea de la paralización y solicitando al Ministerio de Transportes los motivos del frenazo. Sin embargo, la cartera de José Luis Ábalos se limitó a responder que su objetivo es "dar una solución al estado de situación actual del Código Estructural del Hormigón a la mayor brevedad posible". 

El reglamento actual está obsoleto

Fuentes del sector apuntan a que el reglamento que se utiliza actualmente en España y que debería haberse actualizado hace años está obsoleto, pero tampoco están conformes con el que se puso sobre la mesa en 2018. En concreto, señalan que pese a que se han intentado armonizar las versiones de las normas nacionales a lo Eurocódigos, estas no resultan 100% compatibles con las que se utilizan a nivel internacional.

En este sentido, y en el momento en que salió a información pública el documento elaborado por el ministerio de De la Serna, expertos del sector -entre los que se encontraban directivos de Tecniberia, ACE o CIMNE, y catedráticos del ramo, enviaron una carta abierta en la que solicitaban la adopción clara, definitiva, literal e íntegra de los Eurocódigos en España. 

Creen que esta medida es clave para conseguir importantes ventajas para los profesionales y empresas de ingeniería e industria de la construcción. Entre estos beneficios estarían el aumento de su competitividad en un contexto internacional, la compatibilidad con software técnico y el aumento de su productividad al no tener que trabajar con normativas distintas dentro y fuera de España.

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