Correos vuelve a empezar el proceso desde cero, pero con muchos meses de retraso. La empresa pública postal arranca de nuevo una licitación para entregar el gran contrato de telecomunicaciones después de que decidiera anular 'in extremis' la adjudicación a Telefónica tras el recurso de Orange, en una decisión especialmente controvertida. La expulsión de la operadora francesa no correspondía, pero no se reinició el proceso sino que se canceló. Los nuevos pliegos son relativamente similares: una duración de cuatro años, pero con menos lotes a entregar y con un precio global de salida menor al anterior.
La filial de telecomunicaciones de la empresa postal arrancó a mediados del año pasado la licitación del servicio de telecomunicaciones y centro de soporte integrado de datos para todas las sedes del holding. En diciembre, y contra todo pronóstico, la mesa de contratación notificó a Orange la decisión de excluirla de los dos lotes (de los cinco) a los que aspiraba debido a "cambios de alcance en la oferta presentada y a incumplimientos de requisitos". La empresa francesa recurrió al entender que esa decisión no se sostenía. Mientras se decidía este procedimiento se optó por no esperar a la decisión del tribunal administrativo y adjudicar a Telefónica por ser la única que quedaba en el proceso.
Esta decisión llevó a otra aún más llamativa: cancelar la adjudicación a Telefónica. Alegaban que no había posibilidad de retrotraerse al momento antes de la adjudicación, pues ambas partes conocían las ofertas de su rival. Y esto desembocó en una cancelación del contrato que se hizo en forma de no formalización del contrato, una opción que se contempla en la Ley de Contratos del Sector Público. Se comprometió a pagar una indemnización por los gastos ocasionados.
Apenas un mes y medio después de esta sacudida administrativa, Correos Telecom ha lanzado de nuevo el proceso. En concreto, según ha podido comprobar La Información en el anuncio de licitación, se arrancó un proceso con una fórmula idéntica al anterior: una licitación con negociación. Se hizo el pasado jueves 20 de julio, apenas tres días antes de las elecciones generales. Se ha dado sólo una semana para presentar las solicitudes por parte de las operadoras de telecomunicaciones.
El nuevo contrato tiene menos lotes y un precio de de salida sensiblemente inferior al situarse en los 43 millones
Hay algunas diferencias entre los dos contratos. La duración es aparentemente la misma: 48 meses. Pero la configuración de las licitaciones, según queda reflejado en los pliegos y el anuncio, es diferente en el reparto. El cancelado contaba con cinco lotes que se han reducido a tan sólo tres esta vez: conectividad de centros, centro de soporte y servicios; telefonía fija, red inteligente, contact center y mensajes sms de negocio, y por último telefonía móvil. También difiere el precio de salida sin impuestos que pasa de 48,9 a 43,4 millones.
Este reinicio del procedimiento de Correos Telecom y la decisión de no mantener el anterior con Telefónica y Orange va a acarrear un retraso importante. La cancelación llevó a una prórroga con el dueño de Movistar y O2 en base a las condiciones previas firmadas en el acuerdo vigente -que eran superiores a las del nuevo contrato-. Si se cumplen los plazos similares a los del proceso de 2022, se necesitaría entre seis y ocho meses más lo que podría alargar la adjudicación definitiva hasta el año 2024.
Otros contratos controvertidos
Este es uno de los contratos públicos relevantes del sector de las telecos en España. En total, Correos Telecom -como división tecnológica- da servicio a unas 3.430 sedes activas repartidas por toda España. Hay que tener en cuenta que desde mediados de 2020, el grupo asignó a esta filial, como empresa especializada, la competencia para gestionar las necesidades en el ámbito de las telecomunicaciones. Se encarga de la gestión de la red y los servicios corporativos. No cuenta con infraestructura propia suficiente para dar servicio. De hecho, su infraestructura se limita a varios cientos de torres de telefonía y 3.000 kilómetros de fibra.
Este no es el único proceso de adjudicación controvertido en el sector de las telecos que se ha sustanciado en los últimos meses. Vodafone anunció hace ahora un mes que presentará un recurso ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional para pedir la revisión del procedimiento de contratación en el que el Ministerio de Defensa adjudicó a Telefónica por casi 34 millones de euros la creación del Centro de Desarrollo, Adiestramiento y Pruebas para las operaciones militares en ciberdefensa con 5G. La filial de la operadora británica fue expulsada y su recurso de alzada no fue admitido, alegando el Tribunal que Vodafone dio acceso a Indra a información clasificada.
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