Las cuentas del sistema eléctrico no van bien. Las alarmas han saltado en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) al cerrar la liquidación número 9 de las 14 con las que cada año ausculta la evolución de los ingresos y gastos del sistema. La liquidación es provisional y corresponde al mes de septiembre, pero apunta a la existencia de un problema: en la misma liquidación de 2018, el coeficiente de cobertura entre ingresos y gastos se situaba en el 85,86% y este año ronda el 76%. El agujero crece. El pasado ejercicio acabó con un desajuste final de 242 millones, cubierto con los superávit de años anteriores. Este año se puede repetir la situación.
Como en el cuento de Dickens, el déficit tarifario eléctrico es un fantasma que se presenta periódicamente. Este año también. La Ley Eléctrica del año 2013 prohíbe mantener desajustes entre ingresos y gastos que llegaron a sumar 28.000 millones de euros, una pesadilla. Si los hay, los reguladores deben ajustar -subir- los peajes para enjugarlos, lo que afecta al bolsillo de los consumidores. Un trago para cualquier Gobierno.
Las alarmas se han encendido en el último informe. La amenaza de agujero a final de año crece. Las previsiones para la liquidación final -que no se conocerá hasta 2020- ya eran negativas de inicio. En la CNMC y en el Gobierno se manejaba un déficit probable de 350 millones. Pero las cifras de los nueve primeros meses han oscurecido el panorama.
Deuda acumulada
La posibilidad de que el déficit se dispare despierta una preocupación lógica porque el sistema todavía arrastra una deuda acumulada de 18.000 millones. El Ministerio de Transición Ecológica sigue de cerca el pulso de los ingresos y los gastos aunque siempre ha asegurado que el desajuste es coyuntural y se verá solucionado en el año 2020 con el cambio en la metodología establecido para calcular los ingresos y los costes del sistema.
Las razones para que resucite el fantasma del déficit son varias: desde una demanda eléctrica a la baja a los retrasos en el ingreso de los impuestos al CO2 -1.400 millones de recaudación en 2018- que se aplican a la generación eléctrica y que maneja el Ministerio de Hacienda. El hecho de que el Gobierno trabaje en funciones también tiene su peso. Lo mismo que la ausencia de presupuestos generales, según las fuentes consultadas.
El mecano eléctrico es delicado y las cuentas de septiembre, en pleno ajuste de retribuciones del sector, ponen de relieve la necesidad de aplicar un ajuste fino. El Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en funciones, aprobó por Real Decreto la suspensión temporal -entre octubre de 2018 y abril de 2019- del impuesto del 7% a la generación eléctrica. La medida iba a ser compensada con los ingresos generados en la subastas de CO2. Pero el mecano no acaba de ajustar.
Resucita así, aunque sea de forma temporal, un problema que nació en 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato como responsable de Economía, aprobó por ley que la tarifa eléctrica nunca subiera más que el índice de precios (IPC). Se congelaba el precio de la electricidad, pero a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este desajuste en el futuro. Todo acabó en un pantano de deuda que los usuarios todavía pagan en el recibo.
En 2012 el déficit de tarifa llegó a superar los 30.000 millones de euros, y eso fue lo que llevó al Gobierno, entonces en manos de Mariano Rajoy, a crear el impuesto a la generación eléctrica para atajarlo y a impulsar una nueva ley que acabase con esta situación. En la actualidad el déficit de tarifa se sitúa en 18.000 millones. El pantano no estará seco, en el mejor de los casos, hasta dentro de diez años.
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