Celsa se pronuncia sobre la decisión de la justicia y ha afirmado que "llevará a cabo las acciones necesarias" contando con el apoyo de sus grupos de interés por mantener su proyecto industrial al tiempo que ha recordado que el Gobierno español todavía debe autorizar la reestructuración propuesta por los fondos.
La empresa se refiera a la sentencia hecha pública este lunes por la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) respaldaba a los fondos de inversión acreedores en el proceso de convertir 1.352 millones de euros en deuda en capital y sustituir a la familia Rubiralta como accionistas.
Los actuales propietarios, en cambio, han emitido un comunicado recalcando que continuarán intentando defender sus "intereses industriales, sociales y económicos que no solo afectan a la compañía, sino a todo su entorno, cadena de valor y trabajadores".
Celsa pasaría a manos extranjeras
Celsa apunta en el comunicado que "el plan de reestructuración homologado en sede judicial significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española", y añade: "Este hecho, de acuerdo con la ley sobre el régimen jurídico de movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, requiere de una autorización expresa del Gobierno de España". De esta forma, los hasta ahora propietarios dejan claro que la toma de control por parte de los fondos todavía requiere del visto bueno del Ejecutivo.
"Celsa, empresa estratégica para la economía española y europea, que ha desarrollado un modelo único y de referencia de producción de acero circular y de bajas emisiones, mantiene el apoyo de los diferentes grupos de interés (socios, proveedores, administraciones públicas, gobiernos autonómicos, patronales o sindicatos) a su modelo industrial", asegura la compañía. "Todos ellos a lo largo de este proceso se han manifestado a favor de la continuidad del proyecto y por ello Celsa tiene asegurada su continuidad", añade Celsa.
Tras la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha subrayado que la operación está sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros autorice la operación.
El Gobierno español, en esta línea, tiene previsto negociar con los nuevos propietarios de Celsa para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y su continuidad en España. El Ministerio de Industria insiste en que su prioridad es garantizar la estabilidad de los más de 10.000 profesionales que trabajan en el grupo siderúrgico, algo a lo que, por su parte, se han comprometido los fondos acreedores.
El titular del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona dio a conocer ayer su decisión de homologar el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que da vía libre para que los fondos acreedores pasen a ser accionistas de la compañía y sustituyan a los actuales propietarios, la familia Rubiralta, según dicta en su sentencia, contra la que no cabe recurso.
Tras la sentencia dictada este lunes, los fondos acreedores que controlan en torno el 90% de la deuda jumbo y convertible de la siderúrgica aseguran que esta les concede "el 100% del capital de la empresa mediante la capitalización de 1.352 millones de deuda convertible y de parte de la deuda".
Este grupo de fondos, formados por Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor y Capital Group, ha ratificado al mismo tiempo su "compromiso" con el mantenimiento de las operaciones de la empresa en España y su intención de nombrar a un nuevo consejo de administración.
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