Digi, la quinta operadora de telecomunicaciones de España, se hace mayor y también libra batallas en los tribunales contra la presión fiscal, como lo hacen las grandes del sector. La filial local del grupo de origen rumano ha logrado que la Audiencia Nacional cambie su posición y suspenda cautelarmente una deuda por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). La teleco tenía provisionados más de 4 millones de euros por este tributo en sus cuentas españolas, a la espera de la resolución de las diferentes liquidaciones. El Tribunal Supremo (TS) y la propia Audiencia ya han tumbado durante los últimos meses actas de Vodafone, Telefónica y el resto al entender que la figura fiscal incumplía la normativa europea.
El Tribunal Económico-Administrativo Central resolvió el pasado julio que confirmaba una de las liquidaciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la Agencia Tributaria. La empresa recurrió ante la Audiencia Nacional, para tratar de agotar la vía contencioso-administrativa. Hay que tener en cuenta que esta figura impositiva es un tributo específico cuyo hecho imponible se realiza por el mero ejercicio de la actividad de prestación del servicio de telefonía móvil. Ahora, la Sala de lo Contencioso accede y suspende la ejecución y el pago.
En el auto, consultado por La Información, la Audiencia insiste en que el abogado del Estado, que defiende los intereses de la Agencia Tributaria, manifestó su falta de oposición a la suspensión, al dar por buenas las razones planteadas por Digi. Ésta última con una extensión de un aval de Caixabank que ya había utilizado para las suspensiones de diferentes deudas en la fase administrativa. De esta forma, la Sala no se niega y por tanto da por buena la paralización entretanto se resuelve definitivamente el recurso.
Esto supone un cambio de criterio de la propia Audiencia, pues en un auto sobre la misma temática del mes de septiembre de 2022 no accedió a suspenderla. Aquí insistió en que Digi sólo justificó la suspensión de otra resolución de la AEAT -que suponía el pago de 1,5 millones de euros- alegando que ya había suspendido en la vía económica-administrativa. "No es suficiente esa afirmación para poder obtener en la vía jurisdiccional la suspensión", apuntan los magistrados, que entienden que no se probó que si no se ejecutara el freno causaría daños irreparables. La razón de este cambio de criterio podría ser precisamente el antecedente vivido en el Tribunal Supremo durante casi el último año.
En ese mes de julio, el Alto Tribunal anuló una liquidación de 30 millones de euros a Vodafone del IAE de 2013. Sentaba jurisprudencia lo que abría la puerta a la devolución de cientos de millones de euros cobrados durante los últimos años. Los jueces de la Sala de lo Contencioso entendían que la normativa europea se opone al IAE "en tanto posee la consideración de 'canon' en cuanto grava a los operadores de telefonía móvil". A partir de esa primera sentencia han llegado varias más en un goteo incesante, debido también a que la propia Audiencia Nacional ha cambiado el criterio atendiendo a este giro del TS. Por tanto, lo lógico es que el frente de Digi sea también resuelto a favor de la empresa.
Pese a ello, la compañía de origen rumano tiene en su filial española una provisión que ha ido engordando en los últimos años correspondiente precisamente a ese IAE de los ejercicios anteriores. Tal y como queda reflejado en el informe de 2021, esta reserva de dinero para abordar un potencial pago pasó de 2,73 a más de 4 millones de euros, al sumar otros 1,4 millones extra. Se refiere a los ejercicios comprendidos entre el año 2015 y 2021, ambos incluidos.
Fuerte crecimiento
Este pleito también acerca a Digi a los grandes operadores que acumulan años de batallas fiscales. La compañía se ha consolidado como la quinta por número de clientes e ingresos en España. Durante el ejercicio 2022, superó la barrera por primera vez de los 500 millones de euros de ingresos tras crecer un 38%. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 63 millones de euros, un 21% de incremento debido también a la presión de los márgenes por mayores gastos vinculados a los despliegues de su propia fibra y a más necesidad de 'tirar' del contrato mayorista con Telefónica.
Junto con Avatel (que cerró 2022 con 270 millones de ingresos, un 41% más) y Finetwork (con unos 125 millones) es el principal aspirante a potenciales 'remedios' en forma de venta de activos o acceso a redes impuestos por Bruselas a la fusión de Orange y Másmóvil. Durante los cuatro primeros meses, la empresa ha alcanzado más de 380.000 portabilidades con un millón de clientes de fibra. Además ha logrado que gigantes de la inversión como Aberdeen creen con ellos una joint venture para desplegar red fija con 300 millones en la región andaluza.
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