Las operadoras de telecomunicaciones llevan años peleando por los principales tributos que el Estado y los ayuntamientos les han ido reclamando en los últimos años. El de Actividades Económicas (IAE), que grava los servicios móviles, ha sido el último que ha estado sobre la mesa del Tribunal Supremo. Y ha fallado a su favor, cambiando el criterio seguido hasta ahora. Tras este pronunciamiento que llegó en verano ha tenido lugar un goteo de victorias de las telecos en la Audiencia Nacional que ante la decisión del Alto Tribunal ha optado por tumbar las liquidaciones reclamadas por Vodafone, Telefónica y el resto de compañías.
La clave en este caso del IAE reside en la interpretación que hizo el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia del 6 de octubre de 2020. Se refería precisamente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, pero se aplicaba también a este caso. Vodafone entendía que esta figura fiscal incumplía la Directiva Europea de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas por varias razones, entre las que destacaba que el hecho imponible ya se cubre con la tasa general de operadores. El TJUE le dio la razón. Y esto lo cambió todo. El Supremo el pasado verano se apoyó en esa sentencia y cambió su jurisprudencia, anulando una liquidación de 30 millones de euros a la teleco británica por IAE.
Eso era un cambio de posición respecto a lo defendido hasta ahora. Debido a este giro, en la Audiencia Nacional también han hecho lo propio. Desde la sentencia del pasado mes de julio del Alto Tribunal, se han producido hasta tres pronunciamientos de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia en la que no entra a valorar el fondo y se limita a transcribir el grueso de la sentencia del verano para dar la razón a las operadoras. En total han sido dos casos protagonizados por Vodafone y otro por Telefónica. Solo en estos casos suman 150 millones de euros de liquidaciones de Hacienda.
Estas que suceden en la Audiencia Nacional no son victorias definitivas, al menos sobre el papel. La Agencia Tributaria puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Pero se trataría de un ejercicio de ganar tiempo sin más posibilidad de lograr mantener esas liquidaciones, pues el Alto Tribunal ha fijado ya criterio interpretativo insistiendo en que la directiva europea se opone al IAE en tanto posee la consideración de "canon" en los términos establecidos y también porque grava solo a los operadores de telefonía móvil. La administración se está jugando muchos millones de euros en intereses de demora, pues tras ordenar la devolución de los importes ingresados también exigen el desembolso de esos intereses como compensación por la retención de este dinero hasta hoy. Se trata de liquidaciones de hace incluso una década.
El 'caso Telefónica' ha sido paradigmático en lo que a intereses de demora se refiere. La operadora ganó un primer litigio sobre la aplicación de millonarias bases imponibles negativas en el año 2019 tras una primera sanción. Fueron 700 millones de euros de devoluciones y 200 millones por esos intereses de demora. La administración se negó a frenar el segundo caso vinculado a esa inspección. Esto ha supuesto una derrota con el desembolso de 790 millones de tributos abonados indebidamente y un récord de 526 millones de intereses, pues el reloj no se paró.
Muchos millones en juego
Hay mucho dinero en juego. La liquidación que ganó Vodafone en el Supremo y que es firme era de 30 millones de euros y alivió la caída de ingresos por servicios en el tercer trimestre de este año, como admitió el grupo británico en la presentación de resultados. Este caso era el IAE sólo correspondiente al ejercicio 2013. Otro de los pronunciamientos de la Audiencia de los dos últimos meses se refiere a los pagos entre 2012 y 2017 (79 millones). El de Telefónica se refiere a ejercicio 2013 (37 millones). Conforme vayan siendo resoluciones firmes se irán cobrando.
La otra gran victoria de las operadoras que se basa precisamente en esa sentencia del TJUE es el del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de las concesiones de espectro radioeléctrico. Las operadoras pelearon en los tribunales contra esta figura, al entender, al igual que con el IAE, que iba en contra de la directiva. A principios de este año hubo pronunciamiento del Tribunal Supremo 'tumbando' esta figura y abriendo la puerta a devoluciones millonarias.
En este contexto ha habido dos derrotas que también han sido dolorosas. Una de ellas es la referida a la 'tasa RTVE'. Después de numerosos intentos, los tribunales no han tumbado esta figura que grava a las operadoras para financiar a la radiotelevisión española. La última 'bala' que quedaba en la recámara era el Tribunal Constitucional y finalmente éste no ha accedido a estudiar el caso. La otra caída tiene que ver con lo que se conoce como tasa municipal a compañías de telefonía fija e Internet por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. La UE avaló ese 1,5% sobre sus ingresos. El Tribunal Supremo le tomó la palabra y lo consagró hace año y medio.
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