Las grandes marcas fabricantes de camiones han sufrido un fuerte varapalo después de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que confirma la jurisdicción nacional de los distintos Estados miembros para resolver los multimillonarios litigios planteados a raíz de la multa impuesta por Bruselas contra el cártel del sector en 2016. La Corte de Luxemburgo faculta de esta forma también la competencia de los tribunales españoles, favoreciendo la gestión de los miles de pleitos que las multinacionales trataban de llevarse a Alemania bajo el pretexto de que fue allí donde se urdió el cártel.
La resolución del TJUE afecta directamente a entidades tan renombradas como MAN, Volvo/Renault, Iveco, Daimler, Scania y Daf, la flor y nata del mercado de vehículos pesados de automoción que constituye en nuestro país una industria de especial relevancia dada la importancia del transporte de mercancías por carretera. Todas estas empresas fueron denunciadas hace tres años por la Comisión Europea por pactar un sobreprecio en la venta de camiones dentro de una práctica conocida con el término anglosajón de ‘passing-on’ y que consistía en repercutir al comprador final los costes de adaptación de los camiones a las nuevas normas de control de emisiones de gases contaminantes.
En España un total de 150.000 transportistas pagaron un sobreprecio del 20% por los vehículos que adquirieron entre los años 1997 y 2011. En su mayor parte se trata de profesionales autónomos que han ido vendiendo los derechos de sus litigios a despachos de abogados, lo que ha propiciado una cascada de pleitos en los tribunales. Los fabricantes se han defendido tratando de complicar la labor de los demandantes aprovechando la controversia legal planteada para que los tribunales nacionales de cada país participaran activa y directamente en la resolución de los conflictos.
El problema de fondo se suscitó a partir de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro a raíz de una reclamación planteada por la empresa local Tibor-Trans contra el fabricante holandés DAF Trucks NV. Los jueces húngaros entendían que el pleito no era de su competencia y que debían ser los tribunales alemanes los encargados de sustanciar todos los pleitos. La existencia de dicha cuestión prejudicial ha sido invocada de forma reiterada por los fabricantes de camiones en sus litigios en España como argumento para impugnar la intervención de los tribunales de nuestro país.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo ha considerado, sin embargo, que los tribunales húngaros sí que son competentes en la materia. El argumento de peso que mueve a TJUE reside en que la empresa demandante había comprado los camiones en Hungría. Con arreglo a este fundamento de derecho, Tibor-Trans tiene la opción de elegir el destino jurisdiccional de sus reclamaciones, a pesar incluso de que la compra de los vehículos no se realizó directamente a la empresa matriz, sino a uno de sus concesionarios en el país magiar.
Negocio redondo para los fondos de litigios
Los efectos de esta medida legal tienen una incidencia inmediata en España donde los juzgados de lo Mercantil y el propio Tribunal Supremo han estado rechazando de manera sistemática las impugnaciones de los fabricantes de camiones contra la jurisdicción de los tribunales españoles, tal y como señalan fuentes del bufete Martínez Almeida Abogados/ Global CS. El giro que ha dado el proceso supone, en consecuencia, un duro revés para las multinacionales del sector que, en prevención de males mayores, tienen ya provisionados 2.500 millones de euros para cubrir las eventuales indemnizaciones.
Los primeros pronunciamientos de los juzgados sitúan el importe de las compensaciones que tendrá que recibir los demandantes en no menos de un 15% del precio de adquisición de los camiones. Con estos márgenes no es de extrañar la intensa actividad desplegada en España por los fondos de litigios que han comprado los pleitos a los transportistas y que ahora se preparan para recoger los frutos de un negocio bastante seguro. Cabe recordar que los fabricantes han reconocido su implicación en el cartel y que gracias a ello consiguieron una rebaja de la multa impuesta por la Comisión Europea, por lo que ahora tendrán muy complicado alegar en su defensa cuando arrecien los pleitos en los tribunales ordinarios de justicia.
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