Andrea González lleva más de cinco años desempeñando puestos de responsabilidad en Spainsif, plataforma sin ánimo de lucro que promueve la inversión sostenible en España. El último como directora general tras tomar las riendas el pasado mes de julio. Un lustro en el que ha sido testigo, entre otras iniciativas, del conocido como Pacto Verde Europeo ('Green Deal'), cuya finalidad es conseguir alcanzar la neutralidad climática en el continente para 2050, pero también del auge de la corriente 'anti-ESG' en Estados Unidos. En medio de este movimiento creciente, la economista especializada en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa pide de cara a la celebración de las elecciones en el Parlamento Europeo el próximo mes de junio que no den "pasos atrás" en este sentido.
"Es un momento de responsabilidad política para no dejar que se cuelen ciertas narrativas dentro de lo que es la ventaja competitiva europea, que es la sostenibilidad", comenta González. En una entrevista con La Información, destaca que pese a que los futuros nuevos miembros de la Eurocámara partirán desde una posición "más complicada" que sus predecesores, hace un llamamiento para que no se relajen. "Aunque dependerá de cuál sea la composición política, pediría que no rebajen excesivamente el nivel de ambición en estas cuestiones, porque afrontan la tarea de empujar la agenda climática hacia delante", precisa, para enfatizar que "la UE ha tenido que asumir el coste de ser los primeros en poner en marcha marcos legales extremadamente complejos".
González defiende la necesidad de hacer gala de la resistencia europea ante el "efecto inspirador" que ha tenido la taxonomía verde, pese a que el "exceso de celo" en torno al 'greenwashing' pueda haber limitado la expansión masiva esperada para el citado 'Green Deal'. "Hay que seguir haciendo valer, por eso será necesario que aguanten unos meses de mucho ruido político", apostilla. Realiza estas declaraciones en el marco de la carrera electoral en Estados Unidos, donde el discurso anti-sostenibilidad se ha convertido en una de las enseñas del Partido Republicano para movilizar al votante. A esto se suman factores como la crisis energética y los efectos económicos derivados de la guerra de Ucrania, acentuando todavía más este posicionamiento, que se nota también en Europa.
"La UE ha tenido que asumir el coste de ser los primeros en desarrollar marcos legales extremadamente complejos"
En este contexto, está convencida de que la situación al otro lado del Atlántico se suavizará una vez se celebren los comicios. "En el resto del mundo la dirección es única. Para mí no hay duda de que el movimiento es global, aunque el uso de algunas palabras se haya demonizado y empleado como distracción de un trasfondo de diferencias culturales significativas", agrega. Ante la mayor sensibilidad a la creación de nueva normativa, cree que es hora de centrarse en la implementación de las leyes ya existentes. Tras haberse quedado congelada a última hora, Andrea González pone el foco en la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa, que ahora se puede reflexionar y no crear una normativa, como la que rechazó el Consejo Europeo hace pocos días, que en su opinión podía convertirse en un salvoconducto para transferir responsabilidades desde las empresas de mayor tamaño hacia las compañías más pequeñas.
En cuanto al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés) observa la necesidad de una mayor concreción, así como de establecer umbrales mínimos para invertir. "Las gestoras internacionales tienen que elaborar sus propias definiciones acerca de qué se cataloga dentro de inversión sostenible en cada uno de los países en los que operan, por ello hay que impulsar una mayor convergencia", subraya. Por esta razón considera prioritario solucionar la "falta de homogeneidad sobrevenida". Guarda una opinión similar acerca de los 'rating' ESG, en los que cree crucial anteponer la calidad de los datos a la propia calificación. En medio de esta masa regulatoria y la cada vez más marcada polarización acerca del cambio climático, pone en valor que en España todavía no se detecta "cansancio de la sostenibilidad".
"Las empresas españolas van fenomenal en materia de sostenibilidad. En un sistema financiero bancarizado como el de este país, las entidades son proactivas". No obstante, apunta que parte del desarrollo llevado a cabo obedece al hecho de que regiones vecinas como Francia, Reino Unido o Alemania también llevan la delantera. A diferencia de los fondos de inversión, que están más regulados, argumenta que en la pata de financiación aún queda terreno por explorar. "Una vez superada la montaña rusa normativa se está comenzado a innovar en la parte de financiación, que se encuentra en una etapa muy dulce", matiza. Sin embargo, reconoce que la propia estructura del tejido empresarial, conformada en su mayoría por micropymes, puede condicionar de alguna manera los avances.
"Las empresas españolas van fenomenal en materia de sostenibilidad"
Precisamente, esgrime que el despliegue de toda esta normativa relega a un segundo plano las iniciativas voluntarias como el Código de Buenas Prácticas para inversores promovido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al que sólo hay adheridas seis entidades un año después de su puesta en marcha más el asesor de voto Corporance, que participó en su elaboración. "Estamos ante una carga regulatoria tan alta que los temas voluntarios quedan relegados a la lista de cosas pendientes", indica, para añadir que los "equipos de sostenibilidad de las empresas llegan hasta donde pueden". Si bien alega que la adopción de las leyes europeas ha "monopolizado los recursos disponibles hasta la fecha", ahora puede abrirse un periodo de margen mientras se perfilan temas como los benchmark taxonómicos, entre otros. "Puede que no quede mucha más regulación por desarrollar, pero no veo un horizonte de tranquilidad porque aún hay grises en la escala", sentencia.
