El terremoto político, con epicentro en Murcia y réplica amplificada en Madrid, ha provocado la salida de los consejeros de Ciudadanos de los dos Gobiernos regionales, lo que afecta al despliegue de los proyectos renovables, especialmente los fotovoltaicos de menos de 50 MW sobre los que las Comunidades Autónomas tienen poder de decisión. El cese de Manuel Giménez como responsable de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid y de Ana Martínez Vidal -futura presidenta en Murcia si prospera la moción- como consejera de Empresa e Industria deja en el aire la tramitación de decenas de pequeños proyectos renovables, según las asociaciones del sector.
Los proyectos más grandes son cosa del Ministerio de Transición Ecológica, pero los pequeños proyectos, como las plantas fotovoltaicas de menos de 50 MW, dependen de la autorización de las consejerías de los Gobiernos regionales. En el caso de Madrid, la cuestión se complica porque también exige estudios de impacto ambiental en el caso de los grandes proyectos. El temor a que la refriega política retrase la tramitación de los planes que ya estaban en marcha se ha extendido en el sector. De alguna forma, la parálisis ya es un hecho. La Información trató de hablar con las consejerías afectadas en Murcia y en Madrid sin conseguirlo.
Madrid y Murcia son dos puntos de especial interés para la inversión renovable. Los datos a 31 de enero de Red Eléctrica de España (REE) así lo muestran. La Comunidad de Madrid tiene en servicio 200 MW de potencia eólica instalada y 100 MW de fotovoltaica. Pero tiene solicitudes autorizadas por 16.500 MW y tramita otros 2.000 MW. En el caso de Murcia, REE contabiliza 900 MW de paneles instalados, con solicitudes autorizadas 3.100 MW y 1.300 MW en gestión. Todo un boom que la conmoción política deja en el aire.
Miles de millones en juego
La preocupación por el probable retraso en la tramitación de expedientes se entiende mejor con números. Sólo en Madrid, los 16.500 MW con instalación solicitada podrían suponer una inversión en la región de en torno a 8.000 millones de euros. Si todos los MW solicitados se tradujeran en paneles solares, Madrid ocuparía un lugar destacado en el podio solar que ahora encabeza Andalucía. La comunidad, gobernada también por PP y Ciudadanos, tiene solicitados 22.800 MW fotovoltaicos y más de 2.300 MW en servicio. Es mucha capacidad de generación la que está en juego y también mucha expectativa de beneficio.
En Murcia el más que posible retraso afecta a decenas de proyectos. En los meses finales del pasado año se presentaron más de 20. Sólo en octubre, se anunciaron proyectos fotovoltaicos en Caravaca, Cartagena, Fuente Álamo, Jumilla, Los Alcázares (dos), Mazarrón, Moratalla y Torre Pacheco. A favor de los planes en la comunidad juegan 3.000 horas/sol al año, precios baratos de los terrenos y extensiones amplias para la instalación de paneles.
La fiebre solar en Murcia ha alertado a los pequeños promotores de huertos solares. El director de la Asociación Nacional de Productores de Energía (ANPIER), Miguel Ángel Martínez-Aroca, cuestiona el impacto visual y medioambiental que los macroparques pueden causar en la región. Esa misma fiebre obliga a mejorar las infraestructuras para absorber toda la energía que produzcan los nuevos parques, grandes y pequeños, que se instalen en los próximos años. Red Eléctrica de España (REE) prevé invertir 2.800 millones hasta 2026 en su faceta de transportista único y operador del sistema eléctrico (TSO). Todo para digerir la explosión renovable que supone la incorporación prevista de 6.000 MW anuales durante la próxima década.
Aluvión de quejas
A la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tampoco le va a faltar trabajo. La fiebre de las renovables, que ha disparado los planes de inversión y la compraventa de activos, ha provocado también un aluvión de quejas por las dificultades para administrar los derechos de enganche a la red. En estos momentos, según fuentes del regulador, hay 158 expedientes en tramitación de los 168 acumulados desde enero. La media de tramitación se sitúa en un año cuando el plazo previsto es de tres meses. Un señor atasco.
La presión tiene su lógica por los muchos intereses e inversiones en juego. La asociación Anpier estima que el negocio del suministro de energía solar fotovoltaica para la red general de electricidad ascenderá a 34.440 millones de euros a lo largo de la vida útil de los 20.000 MW que se prevé se instalen en España en la próxima década. Una cantidad muy jugosa que explica la agitación en el sector y también el temor a que las batallas políticas retrasen las operaciones en marcha.
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