Martes, 26.03.2019 - 02:11 h
Guerra a los cárteles

La CNMC reabre el caso del 'cártel de la basura' contra ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr

Competencia 'deconstruye' el caso y sancionará de forma individual a las 51 empresas implicadas tras el revés en los Tribunales a la causa colectiva

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, durante una intervención en el Congreso.
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, durante una intervención en el Congreso. / EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reabierto la causa contra las 51 empresas dedicadas a la gestión de residuos y al saneamiento urbano a las que acusó en 2015 de prácticas restrictivas de la competencia, y a las que impuso una sanción cercana a los 100 millones de euros, escasas semanas después del golpe al proceso que supuso el rechazo por parte de la Audiencia Nacional - en varias sentencias dictadas entre diciembre de 2017 y febrero de 2018- de la argumentación central de Competencia de que se trató de un delito único y continuado contra la Ley de Defensa de Competencia.

Competencia ha decidido reconstruir la causa siguiendo el criterio sentado por los Tribunales y trabaja ahora en la apertura de tantos expedientes sancionadores como contratos irregulares se detectaron para eludir las objeciones de naturaleza formal planteadas por la Audiencia Nacional y continuar la causa contra un cártel que, según el relato de Competencia, se repartió las concesiones de estos servicios en los grandes municipios mediante prácticas concertadas contrarias a la libre competencia. 

La resolución dictada por Competencia en enero de 2015 consideraba acreditado que el medio centenar de empresas implicadas en el cártel había sostenido su política comercial en un respeto tácito a los contratos ya gestionados por los distintos participantes, tanto públicos como privados,  y en el reparto más o menos equitativo de los nuevos clientes mediante el intercambio irregular de información comercialmente sensible (cartera de clientes, ofertas realizadas a éstos...) y el reparto de licitaciones públicas mediante la presentación de ofertas conjuntas bajo la forma de UTE, uniones temporales de empresas.

Competencia, que ya ha comunicado la reapertura de los expedientes a las empresas afectadas, dispone ahora de 18 meses para instruir de nuevo el caso bajo los nuevos parámetros marcados por la Audiencia Nacional.

El 75% de las multas impuestas por Competencia se concentraban en los grandes gigantes del sector, entre los que se contaban las divisiones de servicios de las principales constructoras del país FCC, Ferrovial, ACS y Sacyr (a través de Valoriza), además del Grupo Saica. El expediente hacía referencia a la existencia de pactos en distintos ámbitos del sector de la gestión de residuos y saneamiento urbano, como la gestión de residuos industriales, la recuperación de papel y cartón, la recogida de residuos sólidos, la limpieza viaria y el saneamiento de aguas.

El criterio de la Audiencia Nacional

Desde finales del pasado año empezaron a conocerse sentencias de la Audiencia Nacional que estimaban los recursos presentados por las empresas acusadas por Competencia y anulaban la resolución del organismo con la siguiente motivación: "No se discute si la conducta de la recurrente en el referido sector y en el ámbito geográfico que se menciona pueda ser reprochable desde el punto de vista de las normas de competencia, sino si dicha conducta tiene encaje o no en una infracción única y continuada". Y la opinión de la Audiencia es que no tenía encaje en esa tipología de infracción.

Al mismo tiempo que las constructoras se apresuraban a comunicar a medios de comunicación e inversores esta circunstancia, Competencia se ponía manos a la obra para reconstruir el caso y mantenerlo 'vivo'. El organismo se ha aprovechado de que la instrucción inicial del expediente detuvo el plazo de prescripción de las infracciones, lo que le ha permitido volver a abrir la investigación casi en las mismas condiciones pero desde otra óptica más apropiada a la luz de las sentencias ya dictadas sobre la actuación de Competencia.

La CNMC acaba de poner en marcha un decálogo de actuación para orientar las resoluciones de Competencia y reforzar su solvencia jurídica al objeto de evitar las discrepancias con los tribunales que han resultado más comunes de lo esperado y que han desencadenado no pocas críticas al organismo supervisor de los mercados y la competencia. 

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