La Fiscalía Anticorrupción está sumamente interesada en una serie de aspectos del Caso Popular -como son la refinanciación de una serie de activos y la relación del banco con Thesan Capital- que son previos a la ampliación de capital del año 2016 y que podrían resultar clave para el devenir del proceso que instruye actualmente el magistrado José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Estos hechos también pueden engrosar de forma significativa la 'factura legal' del Banco Santander en la compra del Popular al precio simbólico de un euro en junio de 2017.
Según apuntan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio a Emilio Saracho, el fiscal Antonio Romeral le preguntó por las refinanciaciones 'blandas' -reducción del tipo de interés, periodos de carencia de capital o de intereses, etc.- que facilitó Popular a algunas promotoras en quiebra con el objetivo de mantenerlas a flote durante la crisis, sin apuntar el crédito como fallido. Además, se interesó por la red de empresas pantalla en Luxemburgo que el banco comenzó a articular de la mano de Thesan a finales de 2011 con el objetivo para salvar a otras tantas empresas morosas, entre las que se encuentran Marina D'Or o la escudería española de Formula 1, Hispania Racing Team (HRT).
Las refinanciaciones escondían un agujero de 1.500 millones, mientras que el entramado con Thesan Capital sirvió para ocultar pérdidas de algo más de 500 millones. Ambos hechos, una vez fueron descubiertos por el BCE, contribuyeron a elevar los números rojos del ejercicio 2016 hasta los 3.485 millones de euros, desde los 2.000 millones previstos en la ampliación de capital de ese año. Por tanto, podrían resultar clave a la hora de determinar si las cuentas que se llevaron a esta operación -el objeto central de la causa en la Audiencia Nacional- reflejaban la imagen fiel del banco, o no.
Pese a que Romeral rechazó taxativamente que los peritos del Banco de España ampliaran su investigación sobre la caída del Popular hasta la ampliación de capital del año 2012, el fiscal preguntó a Saracho por estas prácticas incluso a sabiendas de que el banquero madrileño aterrizó en el banco mucho después, lo que denota su interés en un asunto que podría afectar, no solo a las cuentas que se presentaron en la ampliación de capital del año 2016, sino también a las de ejercicios anteriores. Esto expone a Banco Santander, que mantiene la responsabilidad civil, a tener que pagar una factura mayor de lo previsto por los litigios del Popular.
Santander ya abrió la puerta a compensaciones adicionales
Y es que el grupo que preside Ana Botín provisionó 680 millones por potenciales compensaciones a accionistas del Popular, de los que 535 millones se aplicaron al bono de fidelización. No obstante, según documentos que obran en la causa de la Audiencia Nacional, el riesgo legal que calculó la entidad cántabra a las ampliaciones de capital (2012 y 2016) es de 2.150 millones de euros. En su último folleto continuado, Santander ya abrió la puerta a tener que realizar compensaciones adicionales por el Popular.
A esto se añaden unos correos internos del Popular publicados por 'El Confidencial' que revelan que el banco retrasó ajustes por 1.175 millones coincidiendo con la ampliación de capital de 2012, cuyo plan estratégico contemplaba la posibilidad de liberar provisiones durante el periodo 2013-2014 que contribuirían a mejorar los resultados. Fuentes financieras, aseguran que la noticia suscitó un elevado interés en los mentideros de la banca por la repercusión que podría tener para el Santander a la hora de enfrentarse a accionistas del Popular que reclamen la devolución de acciones adquiridas antes del ejercicio 2016.
Sea como fuere, lo que está claro que el riesgo legal jugó un papel decisivo a la hora de adquirir el Banco Popular. Y es que Emilio Saracho desveló en su interrogatorio que lanzó una oferta de última hora al Santander para que el grupo cántabro pagase un precio de derribo por el Popular a cambio de conceder a los accionistas del banco unos derechos de cobro (warrants) que les resarciesen si la factura legal por la ampliación de capital del año 2016 resultaba menor a lo que estimó la entidad cántabra.
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