El 'Fondo Ribera' cuestiona ayudas de 1.200 millones anuales para la industria

¿Qué tienen en común los azulejos, los productos químicos, el cartón y el acero? Dos cosas al menos: que utilizan instalaciones de cogeneración. intensivas en consumo de gas y que se oponen frontalmente al nuevo Fondo de Sosteniblidad del Sistema Eléctrico (FNSEE) que compromete  1.200 millones en ayudas que reciben las instalaciones industriales de cogeneración cada año. El anteproyecto de ley que recoge la creación del fondo va a provocar un interesante choque de argumentarios en el Consejo de Estado, que debe analizar e informar sobre el nuevo instrumento.

El fondo de la polémica tiene como objetivo financiar el coste de las energías renovables, la cogeneración y el reciclado que hasta ahora pagaban en solitario los usuarios eléctricos. Son 7.000 millones que salen de la factura eléctrica para ser financiados por todos los consumidores, incluidos los consumidores de gas y otras energías fósiles. Para buena parte de la industria, que consume grandes cantidades de gas, es una mala noticia. "Otro clavo más en el ataúd", según expresión del director general de la patronal siderúrgica Unesid, Andrés Barceló.

Las espadas están en alto y se van a cruzar en el Consejo de Estado. La patronal gasista, Sedigas, tiene ya perfilada la argumentación en la que . advierte que el nuevo fondo incrementará los costes energéticos de la industria hasta un 25% y la factura de calefacción de los hogares en un 10%. La siderurgia (Unesid), el sector azulejero (Ascer), Aspapel, la federación de la industria química (Feique) o la de alimentación y bebidas (Feique) han manifestado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica. Todos defienden la misma idea: hay que evitar que al consumo de gas, vital en sus procesos productivos, se le repercuta parte del coste de las renovables y hay que evitar también que la cogeneración contribuya al fondo.

Debate y medida

La trascedencia del debate se puede medir. Entre los años 2014 y 2019, según los datos que maneja el sector eléctrico, los titulares de instalaciones de cogeneración -producen simultáneamente electricidad y calor para sus procesos- recibieron casi 7.000 millones de prima regulada, según datos de la CNMC. Ese dinero se destina teróricamente a promover la eficiencia en los procesos de generación de calor y de electricidad. En el sector eléctrico, que siempre ha defendido aligerar el recibo eléctrico de cargas, se sostiene, sin embargo, que solo una pequeña parte del total de ayudas a la cogeneración financia las instalaciones. En la práctica, los consumidores eléctricos estarían financiando el coste del gas. De ahí a considerar las primas a la cogeneración una ayuda encubierta a ciertos sectores productivos apenas hay un paso.

La polémica no acaba ahí. Los argumentos eléctricos, en muchos casos,  cuestionan el papel atribuido a la cogeneración en la transición energética. Destacan que esas instalaciones emiten anualmente más de 10 millones de toneladas de CO2, que en 2020 representaron más de un tercio de las emisiones totales del sector eléctrico peninsular. Desde su punto de vista es  una paradoja porque los clientes eléctricos no sólo han financiado en solitario las fuentes renovables como la eólica o la fotovoltaica, sino que también han financiado las emisiones de gases de efecto invernadero de otros sectores.

El debate es de calado. Intenso. Tanto que el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco tuvo que transmitir "un elemento de calma" para el sector industrial en un reciente acto con las asociaciones de la industria. Según dijo, no está todo cerrado ya que el anteproyecto de ley para el polémico fondo "está abierto al debate", en su tramitación. Pese a los intentos tranquilizadores de Blanco, el Gobierno no tiene un excesivo margen de maniobra. No puede contentar a todas las partes.

Recargos

El mecanismo de financiación del sistema eléctrico creado a partir de la Ley 15-2012, con los recargos al carbón, las nucleares, la generación (7%) y el canon del agua ya no funciona. La recaudación-en torno a 3.000 millones por año-no es suficiente. En 2019 hubo más de 500 millones de déficit tarifario que tuvo que ser cubierto con excedentes de años anteriores. El sistema cojea. Según el ministerio, si no se modificara el sistema de financiación a las renovables, con la Ley en vigor habría que ajustar al alza la parte regulada del recibo de la luz de manera automática. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura.

Para la industria y para la asociación del gas Sedigas, no todo está perdido. El dictamen que elabore el Consejo de Estado sobre el fondo eléctrico, aunque no sea vinculante para el Gobierno, puede suavizar el impacto en las empresas. Como ha demostrado la polémica sobre el decreto ley que afecta al gasto de los fondos europeos, las observaciones del Consejo tienen peso en el debate público. El organismo explica que sus dictámenes "son la expresión solemne y formal del parecer jurídico cualificado del supremo órgano consultivo".