La pelea por el plan del Gobierno para financiar las renovables y abaratar, de paso, el recibo de la luz ha comenzado. El anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica extiende a todas las empresas que venden energía -y no sólo a las eléctricas como sucedía hasta ahora- la obligación de financiar los 7.000 millones destinados cada año a las renovables, la cogeneración y el reciclaje de residuos (RECORE). Para las empresas que estaban exentas, petroleras y gasistas, el plan se parece mucho a una declaración de guerra. Ya tienen munición. La patronal gasista Sedigás ha hecho números y advierte de que el nuevo Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico incrementará los costes energéticos de la industria hasta un 25% y la factura de calefacción de los hogares en un 10%. La ruina.
El presidente de Sedigás, Joan Batalla, lo tiene muy claro: "estamos muy preocupados" dice "por el impacto y la falta de progresividad de las medidas planteadas en el anteproyecto, en un momento, además, en el que es evidente la necesidad de animar la recuperación". La asociación, en la que se integran empresas transportistas, distribuidoras y comercializadoras de gas, calcula que la propuesta del nuevo fondos supondrá que los consumidores de todos los sectores energéticos tendrán que aportar en torno a 6 euros MWh de media para cubrir los nuevos costes que repercutirán las empresas a todos los clientes.
Lo peor, según los cálculos de las gasistas, serán los efectos sobre la industria porque "lastrarán fuertemente la competitividad del sector, sometido a competencia internacional". En concreto, el estudio de Sedigás estima que donde "el segmento industrial de más de 15 GWh preveía una mejora -gracias a las medidas de rebaja de los costes regulados- de 2 euros MWh" obtendrá finalmente una penalización por la obligación de aportar 6 euros MWh al nuevo fondo. Un esfuerzo "desproporcionado para el sector gasista y especialmente para el sector industrial".
Cálculos detallados
Los cálculos de los incrementos de costes son detallados. Para la empresas con peajes industriales medianos, de entre 300.000 kWh/año y 15 millones de kWh/año (peajes RL.5 a RL.7) el aumento de costes se situará entre el 28% y el 64,3%. En los peajes para consumos más altos (RL.8 y RL.11), de hasta 500 millones de kWh/año, el incremento en el coste del suministro llegaría al 30%. Sedigás no es la única asociación que está analizando el impacto de la creación del nuevo fondo. Los grandes consumidores de energía, descontentos por la progresiva reducción de las ayudas a su actividad, analizan también el nuevo escenario.
Las empresas gasistas consideran que los planes del Gobierno para financiar las renovables son una carga para sufragar los errores del pasado en la política energética del sector eléctrico, que "no supo adoptar el ritmo de inversión con la curva de aprendizaje de las diferentes tecnologías renovables, con el único objetivo de bajar el coste de la factura eléctrica de manera significativa". Es un puntapié al plan para sacar del recibo los 7.000 millones de cargos, de forma progresiva hasta 2025, lo que rebajará la factura doméstica en un 13%.
Con la referencia al ritmo inversor y la curva de aprendizaje en el sector eléctrico, Sedigás asume y comparte el análisis de uno de sus asociados como comercializador de gas, Repsol. El consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, cargó con dureza contra el plan de la vicepresidenta Teresa Ribera para financiar las renovables. Aseguró que dicho plan tiene por objetivo "pagar a los fondos (de inversión), en algunos casos especulativos" y "las fiestas de las eléctricas".
Cargos y recaudación
Frente a las críticas de las compañías afectadas por la creación del fondo, el Gobierno sostiene el mecanismo de financiación creado a partir de la Ley 15-2012, con los recargos al carbón, las nucleares, la generación (7%) y el canon del agua ya no funciona. La recaudación-en torno a 3.000 millones por año-no es suficiente. En 2019 ha habido más de 500 millones de déficit tarifario que ha tenido que ser cubierto con excedentes de años anteriores. El sistema cojea.
Según el ministerio, si no se modificara el sistema de financiación a las renovables, con la Ley en vigor habría que ajustar al alza la parte regulada del recibo de la luz de manera automática. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura. Además, la aparición de desequilibrios económicos en el sistema eléctrico genera incertidumbre y menor confianza de cara a la inversión en nuevos proyectos de energías renovables o eficiencia energética.
El debate sobre cómo "limpiar" de cargas el recibo eléctrico y distribuir los costes del despliegue renovable entre todos los consumidores no es nuevo. Sí lo es la decisión de aligerar el recibo en 7.000 millones en cinco años -lo que cuesta financiar las renovables- para repartir la carga también con los consumidores de carburantes y de gas. El anteproyecto de ley ha sido bien acogido por las compañías eléctricas y en el sector renovable, pero amenaza con abrir una nueva guerra con las petroleras que ya cuestionaron los planes del Gobierno para penalizar el diésel.
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