La justicia europea avala el impuesto del 7% a la generación de electricidad

El Tribunal de Justicia de la UE avala el impuesto del 7% a la generación eléctrica que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy para cubrir el déficit del sistema eléctrico. La sentencia cierra el debate sobre la adecuación del impuesto a la normativa europea y aleja la posibilidad de una avalancha de reclamaciones de empresas y usuarios. La recaudación del impuesto desde su aprobación se eleva a 12.000 millones de euros. El aval del TJUE al impuesto, que fue suspendido durante seis meses en 2018, deja vía libre al Ministerio de Transición Ecológica para abordar una reforma en profundidad de la fiscalidad del recibo eléctrico.

Según la argumentación del tribunal, el impuesto a la generación no choca con la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales. Pese a que el impuesto sí ha tenido un impacto en la factura eléctrica de todos los consumidores, el TJUE considera que el recargo del 7% no constituye un impuesto indirecto que grave directa o indirectamente el consumo de electricidad. Señala que el hecho imponible del impuesto es la  producción neta de energía, y que el impuesto no se percibe directamente de los consumidores de electricidad, sino de las empresas que la producen y la incorporan al sistema.

El recargo del 7% a la generación eléctrica, que las compañías acabaron repercutiendo en el recibo a los usuarios, tuvo el respaldo en España del Tribunal Constitucional y del Supremo. Llegó al Tribunal de Luxemburgo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) plantease una cuestión prejudicial por un recurso presentado por la empresa valenciana Promociones Oliva Park. Esta cuestión prejudicial es a la que ha respondido este miércoles el TJUE.

Transición Ecológica estaba muy pendiente de la decisión. No sólo porque cabía la posibilidad de que abriera la puerta a reclamaciones de productores para recuperar lo pagado en liquidaciones de ejercicios no prescritos - cuatro años- e incluso de los pequeños consumidores, sino porque es la señal de partida para cambiar la carga de impuestos en el recibo de la luz. La electricidad y el gas soportan en España un tipo impositivo del IVA del 21%, al que se suma un impuesto específico -el impuesto especial a la eslectricidad- y el indirecto del 7% a la generación, que nominalmente pagan las empresas pero que acaban soportando los usuarios. Demasiada carga con un sólo propósito: recaudar.

El Gobierno de Pedro Sánchez, con la responsable de Transición Ecológica Teresa Ribera a la cabeza, ya ha mostrado la voluntad de acabar con el impuesto del 7%, tal y como fue concebido, para abaratar la factura de electricidad. En octubre de 2018, ante el incremento del precio del recibo eléctrico , el Gobierno publicó un Real Decreto‑Ley que, entre otras medidas, suspendía por seis meses el impuesto. En el fondo fue una forma de reconocer que el tributo recae en las empresas pero lo soportan sus clientes.

Ribera reactivó el impuesto a la generación en marzo de 2019. Sencillamente, explicó, el Gobierno carecía de "capacidad de maniobra” para eliminarlo en ese momento porque el recargo forma parte de una cesta fiscal energética. Era, en suma, una de las “dos o tres cuestiones críticas” que todavía quedan pendientes. Fuentes al tanto de los planes de Ribera explican que Transición Ecológica trabaja en una "adaptación" de la fiscalidad -incluido el impuesto del 7%- con carácter medioambiental.