Y ya se han puesto los números sobre la mesa. El Gobierno lanza la consulta pública de las condiciones para la subasta del espectro radioeléctrico para el despliegue de las redes 5G. En concreto, ha fijado el precio de salida en 1.170 millones de euros de los ocho bloques de frecuencias que sacará a licitación pública. De esta forma, el Ejecutivo espera ingresar casi el doble de esa cantidad, pues en los Presupuestos Generales del Estado colocó esa recaudación prevista en casi 2.100 millones.
En las operadoras de telecomunicaciones, que son las que pujarán por este espectro, habían mostrado su preocupación ante la previsión de ingresos del Ejecutivo en esta puja. Defendían que no debía tener un "afán recaudatorio". La previsión planteada en los PGE ya levantó las sospechas de las compañías, que insistían en que el nivel era excesivamente alto. Y ahora ya hay un precio oficial de salida.
Este jueves ha salido a la luz la primera propuesta del Gobierno. En ella se contempla la subasta de hasta ocho bloques de frecuencias en la banda de 700 Mhz. Y el precio global inicial previsto para todas ellas es de 1.170 millones de euros. Hay una que tendrá un coste de 340 millones; cuatro más de 200 millones y tres de 10, según la consulta pública.
¿Cómo se ha fijado este precio de salida? Para los dos primeros grupos, que son los más caros, se ha fijado, según explica el Gobierno en el documento, teniendo en cuenta los precedentes de los precios de adjudicación obtenidos en las concesiones adjudicadas en las bandas de 800Mhz y de 3,4-3,8Ghz en los últimos años. "El motivo fundamental para ello es el reducido espectro disponible en esta banda de frecuencias, el límite fijado en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador y la realidad actual del mercado de telecomunicaciones", apunta.
Todas estas concesiones tendrá una duración de 20 años, sin posibilidad de prórrogas ni posibilidad de renovación. El abono se hará en un solo pago, como requisito indispensable. Esto permitirá que las operadoras de telecomunicaciones ahorrarse el tipo de interés fijado para el pago anual durante toda la vida de la concesión, "habida cuenta del entorno actual de bajos tipos de interés y del acceso a la financiación de las empresas en el mercado financiero". Además, el Gobierno se asegura también con esta modalidad un filtrado de posibles pujadores, pues sólo podrán acceder los que tengan más 'músculo' financiero.
El precio inicial, según varias fuentes del mercado consultadas por La Información, es sensiblemente más alto de lo esperado por las diferentes operadoras. Aún así, el Gobierno espera duplicar la recaudación respecto a ese listón prefijado, pues en los Presupuestos señaló casi 2.100 millones de euros. Presumiblemente en esta cantidad se incluiría la tasa de reserva de espectro radioeléctrico, que ha de pagarse de manera anual durante todo el periodo de concesión. No se precisa cómo es ese reparto.
La subasta tendrá lugar en el primer trimestre de 2021, pero aún no tiene una fecha concreta. La consulta pública que arranca este miércoles durará hasta mediados de enero. El Ejecutivo insiste en que junto a esta recaudación de la subasta, pondrá sobre la mesa 2.000 millones de euros de dinero público para la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, de los que 300 millones figuran en los PGE de 2021.
Hay otras dos condiciones más dentro de esta subasta. Por un lado la obligación de tener cobertura del 100% para las poblaciones de mas de 50.000 habitantes a partir de 2023. Y, por otro, la exigencia de ceder el acceso mayorista a su red "en aras de fomentar la disponibilidad de la red al conjunto de operadores desde el momento del inicio de los despliegues, de forma que los operadores que no resulten adjudicatarios de estas concesiones podrán prestar servicios 5G". Esta última obligación tendrá una duración de cuatro años desde la concesión, "con el objetivo de no lastrar las apuestas estratégicas y las prácticas comerciales de los adjudicatarios".
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