El Gobierno se prepara para abonar el terreno empresarial de cara a la recuperación de la economía tras la crisis del coronavirus. Con el objetivo de aprovechar la tendencia positiva del mercado, la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa avanza en su paquete de iniciativas legislativas para las compañías española. La última de ellas ha sido la nueva Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, que está dando sus primeros pasos y será realidad en 2022. El objetivo principal de esta nueva normativa será conseguir que las pequeñas y medianas empresas (pymes) crezcan en tamaño y ganen músculo, por lo que se han incorporado medidas que faciliten la entrada de inversores en el capital.
De acuerdo a fuentes gubernamentales, una de las iniciativas que se contemplan en este anteproyecto de ley es la introducción de nuevos límites para inversores minoristas. En concreto, se estipula que el mínimo para acometer una inyección de capital por parte de un particular sea de 1.000 euros. Por contra, el máximo puede ascender hasta el 5% del patrimonio de dicho inversor, exceptuando para el cálculo de este porcentaje sus inversiones inmobiliarias y en planes de pensiones.
Las mismas voces consultadas indican que los minoristas podrán invertir incluso por encima de esa cantidad. No obstante, pese a que desde la administración no se impedirá dicha decisión, sí se indicarán a través de un folleto todos los riesgos relacionados con una apuesta tan elevada. Todas estas medidas se enmarcan en la mejora de los servicios de financiación alternativa y colectiva como el que prestan las plataformas de crowdfunding o figuras como los Business Angels, que han proliferado en España en los últimos años.
La meta final de la nueva normativa es que España deje de ser un país de microempresas, una característica que lasta la productividad y no fortalece el tejido empresarial. Hay que recordar que esta nueva normativa se impulsa en paralelo al Anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, conocida como Ley de Startups, que ya se ha sometido a audiencia pública, y a la reforma de la ley concursal, que lo hará próximamente.
Facilidades de creación de empresas y control de la morosidad
Además de que las empresas ganen tamaño, la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial busca reducir las trabas a la creación de nuevos proyectos. Es por eso que una de las medidas más llamativas en este sentido es la mayor permisividad para constituir una sociedad. Con la nueva normativa, una empresa podrá ser constituida con tan solo un euro de capital, en contra del umbral mínimo de 3.000 euros que se exige hasta el momento. A ello se sumará la rapidez del proceso y la introducción de las vías telemáticas para llevarlo a cabo en un plazo cercano a los 10 días.
Otra de las patas de la nueva normativa es el control de la morosidad. Este aspecto se blindará con instrumentos como la factura electrónica entre empresas y autónomos, así como con la puesta en marcha de incentivos para cumplir con los plazos de pago efectivos entre empresas. Las fuentes gubernamentales recuerdan que este plazo legal, actualmente fijado en 60 días, afecta especialmente a las empresas de menor tamaño, que, por su idiosincrasia, acostumbran a verse obligadas a aceptar plazos de pago superiores a la media.
Para vigilar que estas indicaciones se llevan a cabo, el Gobierno quiere introducir la figura de un vigilante. Constituirá para ello un organismo denominado Observatorio de la Morosidad, que ejercerá de árbitro. Entre sus facultades estarán las sanciones a empresas que incumplan con los plazos de pago, que no podrán presentarse a licitaciones por contratos públicos ni tampoco acceder a subvenciones.
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