La gran banca se mantendrá en Sareb de 'socio durmiente' hasta su liquidación

Los grandes bancos accionistas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) previsiblemente se mantendrán retenidos por voluntad propia en su capital. Todo el dinero que pusieron en el momento de su creación se ha esfumado y no quieren que el esfuerzo que realizaron casi por imposición en 2012 haya sido en vano. Pretenden, por lo menos, poder computarse los activos fiscales diferidos (DTAs, por su siglas en inglés) generados por las pérdidas afloradas en el 'banco malo', según fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por La Información. 

Todas las entidades que pusieron más de 20 millones de euros en Sareb, fundamentalmente Banco Santander (con una participación del 22,23%), CaixaBank (12,24%) o Banco Sabadell (6,61%), están interesadas en mantenerse para poder apuntarse los créditos fiscales generados por las pérdidas registradas en este vehículo, un derecho que merma la recaudación estatal, puesto que este instrumento permite rebajarse impuestos futuros. Estos serían activados una vez se liquide la sociedad, prevista para 2027. De este modo, la idea es pulir ligeramente sus participaciones y permitir al Estado que asuma el control de la compañía presidida por Javier García del Río, saliendo del consejo de administración y asumiendo un papel de mero espectador. 

El Gobierno ya ha dado el primer paso para poder superar el 50% en Sareb tras destruir el 'muro legal' que lo impedía a través de un Real Decreto-ley que modifica el régimen jurídico de la sociedad. Este cambio permitirá que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que representa al Estado en Sareb, pueda adquirir y mantener un peso mayoritario y tomar el control de los órganos sociales, sin la necesidad de que Sareb adquiera la condición de mercantil estatal.

Bastará con que el Estado tome un 4,11% a través del FROB. Venderán las  pequeñas entidades el 2% que aglutinan  y los grandes bancos completarán el resto de manera proporcional

La siguiente fase es la de la reestructuración accionarial. Podría suponerse la parte más complicada, si bien las fuentes consultadas consideran que al Gobierno le basta con hacerse con la mayoría en el capital y poner a su propio equipo al mando para sentirse más cómodo a la hora gestionar el 'banco malo' de un modo alineado con criterios económicos pero también asociados a una óptica social. Actualmente el FROB mantiene el 45,9%, de modo que solo requeriría un mínimo del 4,11% para lograr rebasar el límite necesario del 50%.

La suma de las posiciones de los bancos y aseguradoras con menor peso, a los que no les afectan los DTAs, supondría alrededor del 2% (la mitad de lo que necesita el Estado para tomar el poder), por lo que saldrán en su totalidad vendiendo a un precio simbólico. Aquí se encuentran compañías como Cecabank (0,34%), Deutsche Bank (0,3%) o Generali (0,14%). La parte restante y necesaria la deberá aportar la gran banca. En cualquier caso, simplemente tendrán que ponerse de acuerdo para aglutinar y 'vender' de forma proporcional el otro 2% que le faltaría al FROB y mantener así participaciones muy similares a las actuales. Si venden antes de que termine la vida de Sareb, perderían la posibilidad de lograr una salida más o menos neutral desde el punto de vista fiscal. Esta remodelación podría completarse de forma inmediata. 

El fiasco de Sareb...

Para llegar a esta situación hay que remontarse al año 2012, cuando el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, convenció a la banca para crear este vehículo. No todas estaban de acuerdo, sobre todo por su arriesgado diseño, muy diferente al de otros 'bancos malos' que sí han tenido éxito como el NAMA (National Asset Management Agency) de Irlanda. Solamente fue BBVA, comandado entonces por Francisco González, quien se atrevió a plantar cara al titular de la cartera económica. Se convirtió en la única entidad que no entró en el accionariado de Sareb. No obstante, el Gobierno le hizo aportar posteriormente un importe prácticamente similar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). 

Una vez que se consiguió el apoyo del sector financiero, se retiraron más de 200.000 inmuebles tóxicos de las entidades con problemas. Por ellos se pagó unos 50.781 millones de euros mediante bonos avalados por el Tesoro, un precio que más tarde se determinó que estaba sobrevalorado. Las estimaciones las realizaron las firmas internacionales Oliver Wyman y Roland Berger. Sus gestores han tratado de ir conteniendo el precio de los activos durante la última década, pero la cartera estaba demasiado deteriorada y las pérdidas han ido arrasando en cada venta que se ha ido produciendo.

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De hecho, el propio Ejecutivo se vio obligado a cambiar en marzo de 2020 el régimen jurídico que le afecta para 'salvarla' y que pudiera continuar con su labor a pesar de haberse 'comido' todas las aportaciones (capital y deuda subordinada convertible) de las que disponía. Cualquier otra empresa hubiera entrado en causa disolución llegado este punto. La cuestión se complicó todavía más cuando la agencia europea Eurostat decidió que el Gobierno debía poner fin a la argucia legal que había detrás de Sareb. Si todos los bonos se encuentran avalados por el Estado, no tiene sentido que no compute en las arcas públicas. Esto era precisamente lo que se quiso evitar en el momento de su creación.  

Tras casi una década de recorrido, solamente ha devuelto por el momento 15.863 millones de euros, un 31,2% de los 50.781 millones iniciales. El objetivo de Sareb ahora es recuperar la senda de amortizaciones y pegar el máximo empujón posible durante los próximos años, pues su actividad afecta directamente al erario público. Sin embargo, aunque está comprometido con realizar el mayor esfuerzo posible, ha reconocido en su último informe anual la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes a lo largo del periodo para amortizar de forma íntegra la deuda emitida por la compañía.