Grupo Villar Mir ha dado un paso más para allanar el camino de la inyección de hasta 40 millones de euros que el grupo solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industrisles (Sepi) para Ferroatlántica, el negocio español del líder mundial de producción de silicio Ferroglobe. El holding estatal obligó a la compañía a desgranar su petición inicial de 240 millones, a fin de garantizar que la ayuda pública fuese a parar únicamente a los negocios del grupo en España. Dos meses después de reformular su solicitud, los Villar Mir han llevado a cabo una reorganización en Ferroatlántica, cuyo trámite se encuentra en un estado mucho más avanzado que los del resto de filiales.
Ferroatlántica ha reabsorbido dos de sus filiales correspondientes a dos de las fábricas que el grupo gestiona en España. Se trata de FerroAtlántica de Boo y FerroAtlántica de Sabón, dos activos que quedaron constituidos como sociedades independientes en el año 2018. Entonces se acordó la transmisión en bloque a cada una de las firmas de ambas unidades económicas, esto es, la planta de silicio metal de Sabón (Arteixo, A Coruña) y la fábrica de ferroaleaciones de Boo (Camargo, Cantabria).
La doble escisión de 2018 respondió a la necesidad del grupo de promover y facilitar la gestión separada e independiente de cada una de las ramas de negocio. Ahora la compañía ha llevado a cabo la operación contraria, simplificando la estructura societaria de Ferroatlántica, despejando cualquier duda sobre a qué actividades irá destinada la ayuda estatal procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de 10.000 millones gestionado por la Sepi.
El movimiento debe entenderse en el contexto de extrema cautela que vive el organismo público, integrado en el perímetro del Ministerio de Hacienda. A raíz de la polémica derivada del rescate a la aerolínea Plus Ultra, la Sepi ha redoblado las precauciones a la hora de tramitar los expedientes de aquellas empresas que han llamado a su puerta aspirando a participar del fondo de rescate. Entre otras medidas, el holding público exige ahora a los asesores legales y financieros que analizan los expedientes que dejen constancia por escrito de su apoyo a la concesión de cada una de las ayudas aprobadas.
Lo cierto es que la Sepi volvió a moverse hace unas semanas después de varios meses de letargo. La empresa pública ha cerrado varios contratos con nuevos asesores para desatascar algunas solicitudes. Entre ellos, el de la hotelera Abba, la empresa de autobuses Juliá o la propia Ferroatlántica. En relación a esta última, el hólding público ha contratado recientememente los servicios jurídicos del despacho Ramón y Cajal Abogados y ha fichado a PKF Attest en calidad de asesor financiero, para dar el visto bueno al rescate, tal y como avanzó La Información.
La reorganización de Ferroatlántica supone una garantía extra para la Sepi, pues confirma que el rescate repercutirá en el tejido empresarial nacional
Los Villar Mir no se han quedado sentados ante las novedades llegadas desde el holding estatal respecto a Ferroatlántica. La filial presidida por Javier López Madrid se encuentra bajo el paraguas de su matriz, Ferroglobe, una compañía que cotiza en Estados Unidos y tiene su sede en Londres. El texto legal que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2020 para dar forma al fondo de rescate de la Sepi recoge, entre otros, el requisito de que cualquier empresa beneficiaria de esta ayuda debe ser una sociedad no financiera cuyo domicilio social se encuentren en España. Sus principales unidades productivas también deberán estar ubicadas en territorio nacional.
La reorganización que ha llevado a cabo el grupo presidido por Juan Villar Mir Fuentes supone una garantía extra para la Sepi, pues confirma que, de aprobarse, el rescate repercutirá en el tejido empresarial nacional, al quedar acotado al negocio español de Ferroglobe, donde Grupo Villar Mir posee un 53% del capital. Tanto la filial española como su matriz sufrieron el golpe de la crisis sanitaria y cerraron el pasado ejercicio en números rojos. Ferroglobe se anotó pérdidas por un importe superior a 200 millones de euros al cierre de 2020. Sus ventas cayeron un 14,3% en un año.
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