Iberdrola espera ganar casi 4.800 millones y se inhibe de las críticas a Sánchez y Díaz

Iberdrola ha registrado un beneficio neto de 3.637 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento del 17,2% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente, y un 22,4% excluyendo el extraordinario derivado de la venta de parte del negocio en México.  La eléctrica premiará así al accionista con un mayor dividendo a cuenta de 2023. Crecerá un 11% en comparación con el año pasado, hasta los 0,20 euros por acción y que se pagará en enero. A este se le añadirá el dividendo complementario, una vez aprobado en la junta general de accionistas.

"La ejecución de la estrategia presentada el pasado mes de noviembre nos está permitiendo crecer, preservar la solidez financiera y aumentar el dividendo", ha señalado el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán. Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 10.783 millones de euros, un 13% más interanual. Este se vio impulsado "por un modelo de crecimiento diversificado, una sólida ejecución de proyectos y una mayor solidez financiera", según explica la compañía en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, la cifra de ventas del grupo se situó en los 26.263 millones de euros, un 1,9% inferior al año anterior, mientras las inversiones brutas se situaron en los 10.842 millones de euros en los últimos 12 meses. La compañía incrementó un 9% los activos de redes, hasta alcanzar los 41.300 millones de euros,  e instaló 3.100 megavatios (MW) de potencia renovable. "La ejecución de la estrategia presentada el pasado mes de noviembre nos está permitiendo crecer, preservar la solidez financiera y aumentar el dividendo", ha destacado Sánchez Galán.

Crecimiento a doble dígito en 2023 tras el récord del año pasado

Iberdrola ha mejorado sus previsiones de beneficio neto para 2023 hasta el doble dígito (excluyendo cualquier plusvalía adicional por rotaciones de activos), impulsado por una mayor producción y la nueva capacidad renovable, la normalización de la actividad comercial, el aumento de las tarifas en el negocio de redes y "a pesar del complejo contexto macroeconómico". En la presentación de resultados del primer semestre fijó un objetivo de 4.770 millones de euros, tras el récord de 2022. Los activos alcanzarán los 150.000 millones de euros a final de año. En la actualidad, la compañía ha alcanzado los 7.500 millones de euros previstos en el plan de rotación de activos y alianzas para 2025.

La compañía reforzó su balance con casi 6.000 millones de euros de financiación entre enero y septiembre, con "condiciones favorables". Así, el flujo de caja operativo se incrementó un 11%, hasta los 11.103 millones de euros, lo que sitúa el FFO/deuda neta en el 23,2%. Además, posee con una liquidez de 20.204 millones de euros. Según la compañía, puede cubrir 21 meses de necesidades financieras sin recurrir al mercado. Iberdrola ha anunciado que celebrará su próximo 'Capital Markets Day' en marzo.

De su lado, la partida de tributos se situó en 2.076 millones de euros hasta septiembre, incluyendo el impacto anual del gravamen energético (-213 millones de euros) y otros efectos de menor cuantía como el mayor canon hidroeléctrico, debido al aumento de la producción con dicha tecnología y el mayor gasto en bono Social, tras su aprobación a finales de marzo de 2022.

Impuesto energético 

Iberdrola se ha mostrado cauto ante la posibilidad de que el impuesto a las empresas energéticas y a la banca se convierta en permanente. "Vamos a esperar a que se forme el Gobierno. Hay que conocer su programa, ahora está en conversaciones con socios potenciales de futuro y ya haremos comentarios cuando se establezca (el Ejecutivo)", ha dicho Sánchez Galán en la conferencia con analistas. Por el contrario, Repsol ha sido mucho más contundente y ha sorprendido a primera hora de la mañana con un duro mensaje, advirtiendo de que la prórroga de la 'tasa extra' condiciona sus proyectos en España.

"La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país. En cambio, favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España. En consecuencia, la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", ha asegurado en un comunicado.