Acabar con los denominados "beneficios caídos del cielo" ('windfall profits' en inglés) ha sido una de las principales apuestas del actual Gobierno en materia energética. Estos son las ganancias que obtienen las tecnologías de generación eléctrica que no tienen que pagar derechos de emisión de CO2 ni usan gas y cobran en el mercado el mismo precio que la fuente de producción más cara, es decir, los ciclos combinados.
En España se aplica un mecanismo de minoración de ingresos que afecta a la generación inframarginal (nuclear, hidroeléctrica y otras renovables) y se aplica a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 euros megavatio hora (MWh). Ha sido una de las medidas más polémicas del Ejecutivo y desde las grandes energéticas del país han negado que existan. El 'cap' estará en vigor hasta el 31 de diciembre y bajo el acuerdo para un nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar se abre la puerta a una prórroga de la medida.
"Continuaremos profundizando en la reforma del mercado eléctrico mayorista, encaminada a resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados 'beneficios caídos del cielo'. De esta forma, trasladaremos el beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones", señala el documento publicado este martes.
El Gobierno en funciones está atado de pies y manos y muchas medidas que afectan a la energía se encuentran en 'stand by'. No obstante, de salir investido presidente, Pedro Sánchez contaría con visto bueno de la UE, tras que los 27 acordaran la semana pasada una postura común para la reforma del mercado eléctrico en la que se incluye que los Estados miembro puedan mantener el tope de precios hasta junio de 2024. El texto definitivo todavía tiene que negociarse con el Parlamento Europeo.
Que las eléctricas no vendan la luz a precios desorbitados
"El límite de ingresos inframarginales ha proporcionado en algunos casos una fuente importante de ingresos que los Estados miembros han utilizado para suavizar el impacto de los elevados precios de la electricidad en las facturas de los consumidores. Este Reglamento proporciona herramientas que también brindarán alivio a los consumidores en épocas de altos precios de la electricidad. Mientras los estados miembros implementan esas herramientas, también se les debe permitir aplicar un límite de ingresos inframarginales hasta el 30 de junio de 2024", señala el documento.
El objetivo del Gobierno es así que las compañías no vendan la electricidad producida mediante nuclear, hidroeléctrica y otras renovables a los precios desorbitados del mercado mayorista, disparado desde verano de 2021 por los precios del gas natural y de los derechos de emisión de CO2. Están exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo de antes del 16 de septiembre de 2021 y los nuevos que también mantengan un precio fijo, mientras que si tienen indexado el precio al mercado, se minora la parte proporcional.
Los fondos recaudados se destinan a reducir los cargos del sistema eléctrico repercutidos sobre los consumidores. En el caso de los acuerdos intragrupo (entre una generadora y una comercializadora de una misma eléctrica) se tiene en cuenta el precio final comercializado. De este modo, el mecanismo introdujo una nueva fuente de ingresos adicionales que repercuten de manera directa en los cargos del sistema eléctrico.
En la última liquidación del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se registran unos ingresos de 370,4 millones de euros por este concepto y el Ejecutivo calcula que en 2023 serán de 330,1 millones de euros, es decir, un 12% menos. A principios de este año, tanto la Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER) como el Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER) manifestaron que ya no era necesario mantener ningún tipo de limitación de ingresos a los generadores inframarginales. En Europa se estableció un tope de 180 euros/MWh para la generación eléctrica a partir de renovables, nuclear y lignito.
Por su parte, la industria europea también ha venido presionando para que los Estados miembro retiren cualquier tipo de medida que limite los ingresos que obtienen las eléctricas por la generación inframarginal. Las patronales Eurelectric, Europex, Federación Europea de Comerciantes de Energía (EFET), SolarPower Europe y WindEurope denunciaron que la aplicación de los límites de ingresos inframarginales ha sido "extremadamente heterogénea" en toda Europa, lo que ha provocado "un aumento drástico de los costes y, en algunos casos, la salida del mercado de participantes, limitando así las opciones de los consumidores".
Impuesto a las energéticas y a la banca
Asimismo, PSOE y Sumar también señalan que revisarán los gravámenes "sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar". El impuesto grava los ingresos no regulados en España con un tipo del 1,2 %. En principio, se trataba de un impuesto temporal para dos ejercicios -gravan los resultados de 2022 y 2023, a pagar en 2023 y 2024, respectivamente-, aunque la propia normativa ya prevé la posibilidad de convertirlos en permanentes.
En lo que respecta a las energéticas, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol ya lo han recurrido. La Audiencia Nacional rechazó a principios de año aplicar medidas cautelares contra la orden del Ministerio de Hacienda. La Sala de los Contencioso consideró que rechazar la suspensión no suponía un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación reversible mediante la devolución de lo pagado.
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