Iberdrola y Endesa han confiado a Uría Menéndez su defensa legal contra la sucesión de reformas aprobadas por el Gobierno, pese a que ambas han mantenido el pulso al Ejecutivo con una actitud muy distinta. Desde que el Ejecutivo aprobó el real decreto de minoración de ingresos de las eléctricas, el 14 de septiembre, las dos mayores energéticas del país han trabajado de la mano del mismo despacho de abogados para sellar su blindaje jurídico ante un eventual frente judicial contra el Gobierno de coalición, según fuentes jurídicas consultadas por La Información.
Iberdrola se ha posicionado como mascarón de proa de la rebelión de las eléctricas contra la política energética de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán llegó, incluso, a amenazar con cortar su crecimiento en renovables en España y redirigir su esfuerzo inversor a otros mercados extranjeros. Por su parte, Endesa mostró una actitud más dialogante, algo que otorgó al grupo que dirige José Bogas un lugar preferente en la línea de comunicación con la vicepresidenta tercera. Pero a la hora de preparar su escudo jurídico, ambas han llamado a la misma puerta.
En un principio el Gobierno cifró el impacto del ajuste regulatorio en 2.600 millones a lo largo de los seis meses de vigencia de la medida, si bien las empresas fijaron el golpe en un entorno mucho mayor, del orden de 5.500 millones. Tras los recientes vaivenes regulatorios del ministerio energético, el hachazo inicialmente previsto ha quedado prácticamente sin efecto. Endesa ya ha anunciado que el impacto en sus cuentas será nulo. Por su parte, Iberdrola prevé que la devolución de ingresos incluida en la reforma solo afecte a sus ganancias del mes de noviembre.
Con todo, ni la compañía que preside Galán ni el grupo que capitanea Bogas han querido supeditar su suerte a los designios de Moncloa. La previsión de un hachazo multimillonario a sus cuentas y el horizonte de un frente judicial contra el Gobierno que podría alargarse durante años llevó a los dos colosos del negocio eléctrico a recurrir al bufete que encabeza Luis de Carlos como socio presidente. Consultadas por este diario, tanto Iberdrola y Endesa como Uría han preferido no comentar esta información.
Tras el último paso atrás del Gobierno -que aprobó un segundo real decreto eximiendo del recorte los contratos a plazo de las eléctricas (que, según estas compañías, incluyen cerca del 80% del total de la energía comercializada)-, la iniciativa de Teresa Ribera para rebajar la factura de la luz se ha limitado a una reforma descafeinada del sistema eléctrico. A mediados de septiembre, cuando el Ejecutivo sacó a la luz su reforma eléctrica, la alarma se disparó dentro de los gigantes del sector fue considerable.
El eventual golpe a los beneficios de las compañías eléctricas implicaría un recorte de la retribución variable de sus primeros ejecutivos
El recorte prometido no solo hubiera asestado un golpe a los beneficios de grandes compañías como Iberdrola, Endesa o EDP. También se hubiera traducido en un mordisco a los bonus de sus máximos directivos. Esta retribución, que en el caso de Ignacio Galán y José Bogas supone una paga extra anual de varios millones de euros, está ligada a una serie de hitos para los que el 'plan de choque' eléctrico del Ejecutivo hubiera supuesto un importante escollo.
La política de remuneraciones de ambas compañías vincula la retribución variable de sus primeros espadas a parámetros económicos, como el cumplimiento de un determinado objetivo de resultados anuales o el retorno al accionista. Este último está ligado a la evolución de la cotización, trayectoria que vivió momentos críticos inmediatamente después del anuncio del primer real decreto, a mediados de septiembre, un ajuste normativo que derivó en fuertes caídas en bolsa tanto para Endesa como para Iberdrola. El escenario bajista se prolongó durante varios días.
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