La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima este mes la sanción millonaria que va a imponer a las 22 consultoras implicadas en el llamado ‘cártel de Bilbao’, en alusión a la supuesta práctica concertada de prestación de servicios y precios para llevarse contratos de la administración en el País Vasco y en otras comunidades del norte y centro de España, entre 2009 y 2018. Fuentes empresariales cercanas a ese proceso aseguran que el nerviosismo se ha extendido en el sector de las auditorias y consultoras al saber que el plazo inicial previsto de 18 meses para cerrar el proceso ya terminó a finales del año pasado y la decisión final de la CNMV es inminente.
Los retrasos originados por el parón de la pandemia y el relevo en la presidencia del organismo, que ahora controla Cani Fernández, habían ralentizado el proceso, iniciado por el anterior responsable, José María Marín Quemada, en febrero del año 2019, tras una denuncia previa de la Autoridad Vasca de Competencia (AVT). La investigación, que se inicio entonces sobre 25 entidades expedientadas entre las que estaban algunas de las consultoras más grandes del país, como PwC, Deloitte o Idom, se amplió seis meses más tarde a otras 11 entidades y en otras zonas de España, con la inclusión de formas como KPMG, Everis o Indra, entre otras.
Tras la amplia investigación llevada a cabo y los registros practicados en las sedes regionales de algunas de las consultoras implicadas, en agosto del año pasado y en plena desescalada, un informe de la CNMC adelantado por el diario ‘El País’ revelaba que la CNMC iba a proponer una multa de más de 47 millones de euros a un total de 22 consultoras, con la previsión de que firmas como las tres ‘big four’ implicadas tendrían que afrontar pagos superiores a los 10 millones de euros cada una. El resto serían sanciones por debajo de esas cantidades a todas las demás sociedades sobre las que se hubiera corroborado que colaboraron en la concertación de ofertas para repartirse los contratos, sin que se descarte incluso la imposición de multas a algunos directivos concretos.
Ofertas de cobertura y mercadeo de favores
Según el análisis de los correos que se enviaban entre directivos de diferentes firmas y los datos obtenidos de la licitación de contratos, lo que se empezó en el País Vasco y se extendió “en gran parte del territorio nacional” fue la generalización de las llamadas “ofertas de cobertura” para concursos en los que el servicio estaba adjudicado de antemano prácticamente a dedo. Los procesos administrativos sobre contratación pública por encima de una determinada cantidad (12.000 euros en aquel momento) obligan a tener varias ofertas distintas sobre las que elegir, previa puntuación y análisis con un sistema de baremos preestablecido, para completar un expediente y dar el servicio a la propuesta que más se adecúe a las necesidades planteadas.
En la práctica, la investigación de la CNMC descubrió un ‘mercadeo’ entre consultoras para cubrir sus adjudicaciones con dos propuestas alternativas de supuestos competidores preparadas para no ganar en cada proceso. Se detectaron incluso casos en los que el trabajo a realizar ya estaba en marcha por parte de la consultora adjudicataria, que pedía “el favor” a sus colegas de otras compañías para justificar el expediente, aunque fuera a posteriori, con el compromiso de devolver un favor similar en otros casos. Ese tipo de prácticas, además de ser contrarias a la competencia, permitían mantener adjudicaciones de contratos en el tiempo sin tener que preocuparse por los competidores y, de forma adicional, manejar los precios al alza o a la baja según la conveniencia o el momento, explican fuentes técnicas y jurídicas conocedoras de este tipo de investigaciones.
La sanción final que les va a ser impuesta este mismo mes a todas las consultoras implicadas, tras la propuesta de la CNMC del pasado agosto, dependerá también en gran medida de la colaboración y las alegaciones que se hayan recibido en este último lapso de tiempo sobre todos los casos investigados en los dos últimos años. En todas sus comunicaciones, Competencia explica a los afectados las ventajas que tienen si se acogen a su programa de “clemencia”, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo.
La otra parte importante de ese colaboración con las autoridades de Competencia a la hora de deshacer el entramado del cártel y cumplir las posibles sanciones es evitar que, junto con la multa, se establezca una prohibición para contratar con la Administración, algo que afectaría a una parte muy importante del trabajo de algunas de estas consultoras, tanto de las más grandes del mercado que además están en el negocio de la auditoría, como de las medianas y pequeñas, de carácter técnico y con grandes proyectos de participación estatal.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios