El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, anunció ayer que el Ministerio de Fomento al que pertenece está trabajando en un proyecto de ley que tiene como fin resolver una histórica demanda del sector promotor: agilizar la concesión de licencias. Una solución que las empresas de este mercado celebran pero con cautela, ya que prefieren "esperar a descorchar el champán una vez que se haga realidad", señalan en el sector.
El ofrecimiento tuvo lugar en una ponencia sobre la situación del mercado de la vivienda dirigida a la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) en la que los representantes del sector pusieron sobre la mesa los problemas con los que se encuentran día a día. Uno de ellos es precisamente este, la tardanza en la concesión de licencias. De acuerdo con las palabras del presidente del organismo, José Antonio Gómez-Pintado, "los plazos de licencias a veces se equiparan o incluso superan a los de ejecución", una cuestión que limita la actuación del sector privado de acuerdo a los ciclos.
De este modo y como consecuencia de la cesión de competencias a las comunidades autónomas, los plazos pueden ser muy diferentes entre uno y otro territorio. "En Valencia los plazos pueden llegar a alcanzar los 18 meses. En cambio, en Alicante, Madrid o Zaragoza pueden prolongarse durante un año y en otros puntos de nuestro país como Baleares, Murcia y Sevilla, unos diez meses", señala Gómez-Pintado.
"Como es lógico más plazo significa menos oferta y la consecuencia de este hecho es el aumento de los precios", continúa. Por ello, el directivo también ha apuntado a la necesidad de una modernización de la administración pública, tal y como se ha hecho en algunas localidades como Rivas Vaciamadrid. "Este caso pone de manifiesto cómo digitalizar el 100% de sus trámites, permite alcanzar nuevos plazos únicos en todo el territorio nacional. La tecnología permite incluso conseguir las licencias en tiempo real", señala.
Pero Gómez-Pintado no es el único que opina que esta medida mejoraría la oferta y ayudaría a bajar los precios. Félix Abánades, presidente de Quabit, piensa que "es muy necesario y urgente, ya que las demoras en la concesión de licencias provocan que se alargue el tiempo de promoción y tienen un coste adicional financiero importante para las compañías promotoras".
Como confirma Abánades, los peor parados siempre son los compradores finales de la casas. "Este problema está repercutiendo en el precio final de la vivienda y en la fecha de entrega, y cerrando la puerta de entrada a una casa en propiedad a muchos jóvenes, dejándoles fuera del mercado y de la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida propio. Solucionar este asunto ayudaría además indirectamente a bajar el precio del alquiler", concluye.
Dentro de los dilemas de licencias, la falta de suelo calificado vuelve a salir a relucir. "La administración pública necesita agilidad sobre qué se quiere en el largo plazo", señalaba Gabriel Sánchez, de Neinor Homes. "El consumidor final siempre es el que paga", confirmaba Tomás González, encargado de Real Estate de Deloitte. "Lo que pasa es que cuando hay demanda no hay suelo y viceversa, es necesario acompasar los tiempos entre sector privado y administración", afirma Sánchez.
En este sentido, Saura ha señalado que dentro de este proyecto, "también estamos trabajando con vosotros -los promotores- y me gustaría poder intensificar eso en los próximos días", confirma. De esta forma, Fomento vuelve a mostrar la importancia de la colaboración público-privada para poder sacar adelante un proyecto, como ya lo hiciera en el caso de las concesiones de carreteras.
Los plazos, el eterno problema
El rompecabezas de los plazos a la hora de solicitar licencias a las diferentes administraciones es para todos los agentes del sector un inconveniente básico que afecta a su trabajo diario. "Se trata de un problema de raíz que afecta a la oferta, porque efectivamente lo que tenemos es un problema de oferta", confirmaba el secretario de Estado.
Para poder sacarlo adelante, según explicaba Saura, se lleva a cabo una colaboración entre la administración pública y dos entes de profesionales como son el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y la Agrupación de Arquitectos, a los que habría que unir la Asociación de Técnicos Municipales, tal y como ha confirmado con posterioridad Helena Beuza, secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento.
Según ha podido saber La Información, algunos de los campos en los que actuará pasan por dar ciertas competencias a colegios profesionales para que puedan aligerar trabajo y ayudar a una más rápida concesión de las licencias. Del mismo modo, tal y como argumentan desde Fomento, darán impulso a la digitalización que ayude a conseguir objetivos.
Abánades pide dar un paso más y dice que "también habría que encontrar una solución a la excesiva burocratización de los procesos y a las múltiples normativas municipales que, junto a la falta de digitalización y en muchos casos de personal, están afectando de forma directa en la gestión de los permisos", concluye.
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