La Generalitat de Cataluña lleva dos años cumpliendo su objetivo de déficit lo que alienta uno de sus objetivos prioritarios de gestión económica: el retorno a los mercados de deuda en 2020, para poder empezar a desvincularse de la 'financiación asistida' del Estado y para poder testar también de primera mano el 'feeling' de los inversores hacia sus títulos de deuda, castigados por la inestabilidad política, económica y social de los últimos años.
Su impecable desempeño presupuestario en los últimos dos años y la autorización recibida de Hacienda para salir del radio de actuación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -consecuencia directa de lo anterior según los principios de la Ley de Estabilidad-, han situado a Cataluña en la parrilla de salida para asomarse a los mercados en el año 2020, después de que otras autonomías como Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Baleares ya se hayan puesto a prueba con éxito ante los inversores.
Sin embargo, el último informe de seguimiento del Ministerio de Hacienda sobre el Plan Económico-Financiero de Cataluña ha venido a arrojar una sombra de duda sobre este objetivo. Hacienda acredita que, en efecto, Cataluña ha cumplido en 2018 con el objetivo de déficit del 0,4% establecido para el conjunto de la comunidades autónomas y que, del mismo modo, ha avanzado las medidas que adoptará para lograr el objetivo del 0,1% de déficit en 2019, pero aprecia relevantes riesgos de incumplimiento. Uno de los que subraya de manera más explícita es "el efecto de la sentencia sobre la anulación de la concesión de Aigües Ter Llobregat -cuya gestión por 50 años se adjudicó en su día a un consorcio formado por Acciona y Pioneer- ya que su impacto no recayó sobre el ejercicio 2018 sin que exista certeza sobre su futura incidencia".
El consorcio que gestionó la infraestructura desde su adjudicación en 2012 hasta el pasado 1 de marzo, formado por Acciona y Pioneer, reclama a la Generalitat 1.074 millones de euros, 305 millones por la liquidación anticipada del contrato y 769 millones por daños y perjuicios, y ha rechazado de plano la compensación de 53,86 millones de euros ofrecida por la Administración catalana por la liquidación anticipada del contrato, lo que deja al Govern en una situación inquietante.
La Generalitat depende ahora del justiprecio que determinen los Tribunales. El Gobierno de España, por su parte, en las proyecciones presupuestarias que ha ido remitiendo a Bruselas en los últimos meses ha estimado en el entorno de los 1.000 millones de euros el coste para las arcas públicas de este proceso. De situarse en esos términos, la indemnización judicial por la recuperación de la gestión del ATLL por parte de la Generalitat, la factura inyectaría entre cuatro y cinco décimas extra de déficit a las cuentas catalanas y las alejaría de manera definitiva del objetivo del 0,1% marcado para 2019.
El cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria es un requisito esencial para conseguir la autorización del Ministerio de Hacienda para poder emitir deuda. Según el informe de Hacienda, el proceso de Aigües Ter Llobregat es la principal amenaza sobre el cumplimiento de la Generalitat...pero no la única.
En 2018, la optimista previsión de ingresos de la Generalitat, sustentada en el supuesto poder recaudatorio de sus impuestos propios, se quedó corta (77% de lo previsto) y fue corregida por las mayores transferencias procedentes de los ingresos del sistema de financiación. El equipo de Quim Torra calculó, por ejemplo, que el Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos aportaría 17,2 millones de euros y finalmente apenas aportó 2,5 millones; y lanzó también un Plan de Eficiencia del Gasto que preveía un ahorro de 70 millones que luego apenas logró 'salvar' dos millones de euros.
Hacienda advierte al Govern que en un contexto en el que la Generalitat debe reducir su déficit del 0,4% al 0,1% en un único ejercicio los riesgos de incumplimiento se van a incrementar.
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