La disputa por hacerse con el contrato de la póliza de seguro para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña no puede estar más reñida. Mapfre y Allianz son las únicas ofertantes y están empatadas.
El valor estimado del contrato, que licita la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), es de 621.625 euros y ambas han ofertado la misma cantidad, 597.336,74 euros, lo que supone un 4% por debajo y lograr una misma puntuación de 100, según se desprende del expediente de la licitación alojado en la plataforma de contratación pública consultado por La Información.
En concreto, las dos aseguradoras han ofrecido 464.878,63 euros por el seguro de responsabilidad civil nuclear, mientras que el importe correspondiente al almacenamiento temporal individualizado (ATI) de combustible gastado es de 67.126,22 euros. Por su parte, la partida destinada al seguro de responsabilidad civil extracontractual es de 65.331,89 euros.
Cómo se produce el desempate
Los pliegos del contrato recogen los términos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y en caso de empate entre dos o más proposiciones tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales:
- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos o el mayor número de personas trabajadores en inclusión.
- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las compañías.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas.
- Por sorteo en caso de que los criterios anteriores no den lugar al desempate.
Desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2024
El objeto del contrato es suscribir la póliza de seguro que cubra desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2024 -se renueva anualmente-, ambos inclusive. Los pliegos detallan que también entrarán dentro de la póliza las instalaciones radiactivas que no requieran autorización administrativa específica y que se encuentren situadas en el mismo emplazamiento que el propio reactor. Además, se consideran incluidas las instalaciones para el ATI de combustible gastado.
A los efectos de la responsabilidad civil extracontractual, se considerarán también como integrantes de la instalación nuclear objeto del seguro, aquellas instalaciones, tanto propias como arrendadas existentes o de nueva construcción, que sean necesarias para que el tomador del seguro desarrolle las labores de la actividad asegurada. La póliza debe cubrir así tanto el desmantelamiento de la central como todos los trabajos precisos para llevar a cabo la clausura de la misma.
Dentro de la lista de actividades relacionadas con el cierre destacan la recepción de contenedores y módulos de blindaje, la carga de combustible gastado en contenedores, modificaciones eléctricas y gestión de residuos radiactivos, entre otras. Antes de la formalización del contrato, Enresa tiene la obligación de facilitar una lista de los contratistas y subcontratistas que van a realizar actividades en la central, ya que pasan a ser considerados como asegurados en el apartado de responsabilidad civil extracontractual durante la vigencia de la póliza.
Además, Enresa ha de comunicar antes de la emisión de la póliza la cantidad de elementos combustibles gastados almacenados en las instalaciones para el Almacenamiento Temporal en Seco de Combustible Gastado. Actualmente, la cantidad de combustible almacenada en el ATI de Garoña se encuentra en el primer tramo, es decir, por debajo de los 50.000 kg. No obstante, teniendo en cuenta el plan de carga que se maneja está previsto que durante la vigencia del contrato se pase al segundo.
Máximo 350 millones de responsabilidad civil por daños
La responsabilidad civil por daños nucleares de la central de Santa María de Garoña es de un máximo de 350 millones de euros, según la resolución por la que se establece dicha cuantía emitida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica. Por su parte, las responsabilidades asumidas por el asegurador para las garantías de la responsabilidad civil extracontractual no sobrepasarán, en ningún caso, los seis millones de euros, mientras que el sublímite de indemnización por víctima en lo que se refiere a daños personales será de 400.000 euros.
Por su parte, en cada siniestro garantizado que corresponda a daños materiales, Enresa tomará a su cargo, en concepto de franquicia, la cantidad de 15.000 euros, que se deducirá del importe total de la indemnización. El Ministerio para la Transición Ecológica autorizó el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en julio y el proceso se prolongará hasta 2033, con un presupuesto de 475 millones de euros -sin contar con la gestión del combustible gastado-. En concreto, el proyecto -informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear- consta de dos fases, en las que se prevé que trabajen hasta 350 personas.
La central se inauguró en 1971
Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW y se inauguró en 1971. La central se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor (empresa formada por Iberdrola y Endesa) comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola. En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero este no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo del año siguiente. Finalmente, en agosto de 2017, la solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar el proyecto de desmantelación.
El Gobierno tiene pendiente aprobar el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que prevé la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en las centrales nucleares para la gestión del combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo a un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) que entraría en funcionamiento en 2073.
En la actualidad, parte del combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad se almacenan inicialmente en piscinas y cuando se llena se trasladan en contenedores en seco a los ATI, situados en el propio emplazamiento de las centrales nucleares y el PGRR plantea la creación o adaptación de estas instalaciones en ATD, siempre con un proceso previo de licenciamiento que el titular deberá solicitar en su momento ante la correspondiente autoridad competente, que tendrá que ser informado preceptivamente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de acuerdo con la reglamentación vigente.
El CSN emitió el informe preceptivo favorable correspondiente al nuevo plan a finales de 2022, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hay que recordar que los informes no son vinculantes y que el plan todavía tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros. Se esperaba que recibiera luz verde este verano, pero el adelanto electoral lo cambió todo. Una vez aprobado el plan, Enresa, como responsable de la gestión de los residuos radiactivos, deberá implementar las estrategias que se definan en el mismo, para desmontar las instalaciones y la posterior gestión de los residuos. Este nuevo ordenamiento jurídico sobre residuos nucleares sustituirá al de 2006, caducado desde 2010, y que el Ejecutivo está obligado a actualizar para no ser penalizado por la Comisión Europea.
También está pendiente la ampliación del centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba, aunque no se espera la autorización del departamento que dirige Teresa Ribera hasta 2024. Según Enresa, la nueva Plataforma Sureste, para la que se solicita la autorización, contará con 27 celdas. En una primera fase, que se estima que esté operativa en 2028, se construirán 12 celdas, mientras que las 15 restantes se irán levantando conforme las necesidades del propio centro. La ampliación permitirá al centro de continuar adecuando sus capacidades a su misión de gestión de los residuos procedentes del desmantelamiento de todas las centrales nucleares, además de los originados en hospitales, laboratorios e industrias, según ha señalado la empresa pública.
