Berkeley no se da por vencida e insiste en que se retome el proyecto de su mina de uranio. La compañía ha calificado de "incongruente" que la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE), liderada por España, haya propuesto incluir la fisión nuclear en la lista de tecnologías limpias de la Net Zero Industry Act, mientras que en nuestro país está bloqueado el proyecto que plantea en Retortillo (Salamanca).
"El Gobierno defiende en la última propuesta de la Presidencia Española del Consejo respecto al Net Zero Industry Act el carácter estratégico del ciclo de vida del combustible nuclear, que incluye la minería de uranio, asegurando que debe ser complementario a la Ley de Materias Críticas, mientras que a la vez paraliza la mina de Retortillo. En el caso de autorizar el proyecto, Berkeley Minera España tiene el potencial de construir sus instalaciones en Retortillo en menos de 24 meses y, en este corto periodo, la mina supliría totalmente la importación de uranio procedente de países con gran inseguridad jurídica, como es Rusia", ha subrayado la compañía en un comunicado.
La empresa ha reiterado su disposición a colaborar con el Ejecutivo con el fin de resolver el actual "bloqueo" del proyecto Retortillo y mantiene la esperanza de que la "controversia" pueda resolverse de forma amistosa mediante rápidas negociaciones. "La compañía está comprometida con el medioambiente y su objetivo es contribuir a la reducción de la dependencia energética y al desarrollo económico y social de Castilla y León y España, de una manera eficaz y sostenible", ha destacado.
La fisión nuclear, entre las tecnologías estratégicas
La Presidencia Española de la UE ha presentado una propuesta de documento sobre la Net Zero Industry Act en la que compara la fisión nuclear con la fotovoltaica y la eólica, entre otras renovables, por lo que podría beneficiarse de ayudas. El proyecto de la mina de uranio en Retortillo se encuentra paralizado por decisión del Gobierno, que se ha posicionado en contra de la minería en España alegando razones de impacto ambiental.
En febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desestimó el recurso administrativo presentado por Berkeley contra la negativa del mismo departamento a otorgar la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el proyecto de Salamanca. El gabinete liderado por Teresa Ribera ya había rechazado el proyecto 'NSC II' en noviembre de 2021, después de recibir un informe desfavorable emitido por la Junta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en julio del mismo año.
A finales del año pasado, la compañía ya planteó la posibilidad de entablar un arbitraje contra el Gobierno de España debido al bloqueo en el que se encontraba el proyecto. Por su parte, en abril del curso actual, dio un paso más en su batalla jurídica contra el Ejecutivo e interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. La desestimación del recurso por parte del Ministerio agotaba la vía administrativa, por lo que Berkeley abrió un nuevo frente en lo judicial para seguir defendiendo su posición. Según informó en un comunicado enviado a la CNMV, el Ejecutivo "habría rechazado la solicitud de una nueva instalación radiactiva sin seguir el procedimiento legalmente establecido, incluso teniendo en cuenta los distintos informes de mejora que complementaron la primera petición de Berkeley, lo que implica que el rechazo no es legal".
En lo que respecta al desarrollo local, la planta de Retortillo podría crear un total de 500 empleos directos en la fase de construcción y desarrollo del proyecto, e incrementarse hasta los 1.000 puestos directos e indirectos según vaya avanzando. Según cifras de la empresa, la inversión total se situaría cerca de los 400 millones de euros, lo que supondría una recaudación de 23 millones de euros para la Hacienda Pública y unos ingresos a los ayuntamientos de la zona de en torno a 1,5 millones de euros.
Apagón nuclear en España
En España, Ribera ni siquiera ha dado lugar a debate y es tajante con el cierre de las centrales nucleares. En la actualización del borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) queda más que sellado el cierre nuclear, mientras se disparan los objetivos de la eólica y la solar. No obstante, el documento todavía puede sufrir cambios y el texto definitivo debe remitirse a Bruselas en junio del año que viene. A la central de Trillo se le acaba el permiso de actividad en noviembre de 2024 y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo ya ha solicitado a Transición Ecológica la renovación de la autorización de explotación hasta noviembre de 2034.
De su lado, está previsto que las tareas de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz comiencen en 2031, tres años después del cese de su actividad productiva. La Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) es la encargada de realizarlas y para ello los propietarios de los reactores pagan alrededor de unos 500 millones de euros al año, según Foro Nuclear. Entre todos los reactores, suman una potencia bruta instalada de 7.398 megavatios (MW). Generan cada año entre 55.000 y 60.000 gigavatios hora (GWh). En el resto de Europa, Alemania cerró en abril sus tres últimos reactores. La empresa RWE calificó el hito como "el fin de una era", mientras que, por el contrario, Francia lo apuesta todo a los átomos y está poniendo en jaque la reforma del mercado eléctrico de la UE.
