La Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) busca aseguradora para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el término municipal de Valle de Tobalina (Burgos). El objeto del contrato, que tiene un valor estimado de 621.625 euros, es suscribir la póliza de seguro que cubra desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2024 -se renueva anualmente-, ambos inclusive.
Los pliegos del contrato, consultados por La Información, detallan que también entrarán dentro de la póliza las instalaciones radiactivas que no requieran autorización administrativa específica y que se encuentren situadas en el mismo emplazamiento que el propio reactor. Además, se consideran incluidas las instalaciones para el almacenamiento temporal individualizado (ATI) de combustible gastado.
"A los efectos de la responsabilidad civil extracontractual, se considerarán también como integrantes de la instalación nuclear objeto del seguro, aquellas instalaciones, tanto propias como arrendadas existentes o de nueva construcción, que sean necesarias para que el tomador del seguro desarrolle las labores de la actividad asegurada", matiza Enresa en el documento.
Actividades relacionadas con el cierre
La póliza deberá así cubrir el desmantelamiento de la central y todos los trabajos precisos para llevar a cabo la clausura de la misma. Dentro de la lista de actividades relacionadas con el cierre destacan la recepción de contenedores y módulos de blindaje, la carga de combustible gastado en contenedores, modificaciones eléctricas y gestión de residuos radiactivos, entre otras. Antes de la formalización del contrato, Enresa facilitará una relación de contratistas y subcontratistas que van a realizar actividades en la central y que pasan a ser considerados como asegurados en el apartado de responsabilidad civil extracontractual durante la vigencia de la póliza.
Asimismo, la empresa debe comunicar antes de la emisión de la póliza la cantidad de elementos combustibles gastados almacenados en las instalaciones para el Almacenamiento Temporal en Seco de Combustible Gastado. Actualmente, la cantidad de combustible almacenada en el ATI de Garoña se encuentra en el primer tramo, es decir, por debajo de los 50.000 kg. No obstante, teniendo en cuenta el plan de carga que se maneja está previsto que durante la vigencia del contrato se pase al segundo.
La responsabilidad civil por daños nucleares de la central de Santa María de Garoña es de un máximo de 350 millones de euros, según la resolución por la que se establece dicha cuantía emitida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica. Por su parte, las responsabilidades asumidas por el asegurador para las garantías de la responsabilidad civil extracontractual no sobrepasarán, en ningún caso, los seis millones de euros, mientras que el sublímite de indemnización por víctima en lo que se refiere a daños personales será de 400.000 euros.
En cada siniestro garantizado que corresponda a daños materiales, Enresa tomará a su cargo, en concepto de franquicia, la cantidad de 15.000 euros, que se deducirá del importe total de la indemnización. El Ministerio para la Transición Ecológica autorizó el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en julio y el proceso se prolongará hasta 2033, con un presupuesto de 475 millones de euros -sin contar con la gestión del combustible gastado-. En concreto, el proyecto -informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear- consta de dos fases, en las que se prevé que trabajen hasta 350 personas.
Inaugurada en 1971 y desconectada de la red en 2012
Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW y se inauguró en 1971. La central se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor (empresa formada por Iberdrola y Endesa) comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola. En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero este no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo del año siguiente. Finalmente, en agosto de 2017, la solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar el proyecto de desmantelación. En la primera fase, que va de 2023 a 2026, se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta ATI. De su lado, en la segunda, de 2027 a 2033 y ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.
Planes de transición justa
En el entorno de Garoña, mientras tanto, se llevarán a cabo los planes de transición justa acordados por el Gobierno y las energéticas. Además de subvenciones al emprendimiento, el plan incluye la instalación de cuatro plantas solares fotovoltaicas por parte de la energética Solaria en la comarca de la Bureba, con una capacidad total de 595 megavatios (MW), que equivale a la generación de electricidad para 300.000 hogares.
La cartera que dirige Teresa Ribera mantiene sus planes de cesar la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Enresa y los distintos propietarios de este tipo de instalaciones también refrendaron en 2019 un protocolo de cese ordenado de todas las centrales nucleares españolas, que deberán desmantelarse a los tres años de su apagado.
