El Gobierno se ha propuesto calmar los ánimos y reducir la conflictividad con el sector energético en la actual legislatura tras varios encontronazos por el recorte a los beneficios 'caídos del cielo’ (‘windfall profits' en inglés), que las empresas niegan, y la aprobación del gravamen extraordinario que, en origen, iba a estar sólo vigente éste y el próximo ejercicio. Sin embargo, el pacto de Gobierno con Sumar obliga al socio mayoritario de la coalición a mover ficha y convertirlo en permanente. El objetivo ahora es buscar una fórmula que preserve esta 'obligación' y evite un 'castigo' a las empresas que estén acometiendo inversiones en renovables, en pleno proceso de transformación hacia un modelo de negocio que deje de depender de los combustibles fósiles.
A poco más de un mes de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la primera en abrir la puerta a un posible rediseño del gravamen una vez que Repsol condicionó abiertamente sus inversiones en España a la desaparición de la tasa extra, mientras Endesa advirtió de que podría destinar más dinero a un país con un marco fiscal estable.
El jefe del Ejecutivo constató el movimiento pocos días después y a esta tesis se sumó también la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la última reunión del Consejo de Ministros. La negociación no será fácil, ya que desde Sumar defienden que el gravamen no deberá revisarse hasta el último trimestre de 2024, según afirmó en redes sociales el portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario, Carlos Martín.
Fuentes del sector consultadas por La Información aseguran que el Ejecutivo está trabajando para que las inversiones en energías renovables sean deducibles de la base sobre la que liquida el tributo. "Es una manera de cancelar o mitigar el impuesto por la puerta de atrás con la ventaja de que quien no invierta lo tendrá que pagar", explican.
En este sentido, subrayan que es una manera de atraer inversiones y evitar titulares con amenazas por parte de las compañías afectadas. No obstante, también advierten de que se generaría un ‘mix’ de generación futuro "más oligopolístico". "Este no es el objetivo y se está trabajando en la manera de conseguir una deducción de la que todas las eléctricas estén a favor y a la vez no se discrimine a las compañías que no pagan el impuesto y no se verían beneficiadas por la reducción fiscal", matizan.
El PNV lo incluyó en su enmienda al impuesto
El PNV ya propuso algo parecido en su enmienda al impuesto y que fue rechazado por el PSOE en su momento. La formación vasca planteó que el importe de la prestación se minorara en el 20% de las inversiones en proyectos que contribuyan a la transición energética, con un máximo del 30% de la prestación, así como que en caso de incumplimiento del plan de inversión, se devolviera el importe de la minoración que proporcionalmente corresponda a la parte no invertida, junto con los correspondientes intereses de demora. Las inversiones debían materializarse durante durante el periodo 2022-2026.
Las fuentes consultadas por este medio interpretan que el Ejecutivo no quiere otros cuatro años de "guerra" con el sector energético y esperan que finalmente un acuerdo en el que cedan ambas partes. Las eléctricas también están reclamando una mayor retribución a las redes y que se elimine definitivamente el impuesto a la generación del 7%. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y de Hacienda han preferido no hacer comentarios.
El Estado ha ingresado 1.644,4 millones con el gravamen en 2023
El impuesto afecta a compañías del sector con más de 1.000 millones de facturación en 2019 y grava los ingresos no regulados en España con un tipo del 1,2%. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, el segundo pago de este gravamen -abonado en septiembre- contribuyó con 827 millones a las arcas públicas. Antes, en febrero, el Estado ya ingresó 817,4 millones del sector a cuenta de esta figura.
Repsol ha sido la más dura en sus críticas a la tasa extra. "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", ha avisado la empresa. También ha amenazado con trasladar 1.500 millones de inversión en hidrógeno verde a países como Portugal o Francia.
Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que el impuesto "reduce la capacidad de invertir en comparación con otros jugadores europeos". En su opinión, es discriminatorio e injustificado" y "no sigue la legislación y la regulación europea". Cepsa también salió al paso de las críticas del impuesto tras registrar unas pérdidas de 116 millones a septiembre. "Los resultados globales de los nueve primeros meses del año siguen reflejando la repercusión del impuesto extraordinario, que consideramos mal diseñado", consideró la empresa.
De su lado, Iberdrola, que en esta ocasión se ha inhibido de las críticas, lo calificó en su día de "anticonstitucional". "Consideramos que este impuesto incumple la Constitución Europea y el Derecho europeo", dijo el director de los servicios jurídicos de la compañía, Gerardo Codes, durante la conferencia con analistas para dar cuenta de los resultados de 2022.
El sector recurre... y reserva 1.500 millones para abonarlo
Finalmente, Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy lo han recurrido, aunque fue la compañía dirigida por Josu Jon Imaz quien marcó la pauta. El 8 de febrero, un día después de aprobarse la orden, la petrolera presentó un recurso instando la suspensión temporal de la norma. La Audiencia Nacional rechazó la suspensión cautelar, al considerar que no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos (llevando a efecto las compensaciones necesarias).
Para este año, entre todas han reservado más de 1.500 millones para hacer frente al impuesto extraordinario. La más afectada ha sido Repsol, que por su tamaño en España registró contablemente como gasto el pasado 1 de enero 444 millones, de los que ahora tendrá que pagar la mitad. Le sigue Cepsa, con 323 millones, y Naturgy, que ha calculado unos 300 millones -150 millones por año-, mientras que Iberdrola, con 216 millones, y Endesa, con 208 millones, han sido las menos perjudicadas.
En su acuerdo para un nuevo Gobierno de coalición, PSOE y Sumar se comprometieron a revisar los gravámenes "sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".
