La investigación del presunto fraude millonario en las obras del tramo del AVE entre Crevillente (Alicante) y Murcia realizada durante más de tres años por un juzgado de Instrucción de esta última ciudad ha concluido con la transformación de las diligencias en un procedimiento abreviado, que se dirige contra más de medio centenar de personas.
Entre los mismos figuran ex altos cargos de Adif, de dos comunidades de Regantes de Alicante y ocho empresas constructoras, entre ellas, Acciona, San José, Dragados y Sacyr. El auto, al que ha tenido acceso Efe, señala que los indicios recogidos a lo largo de la instrucción del caso apuntan a que el total del dinero derivado como consecuencia de los trabajos de reposición de las infraestructuras de regadío afectadas por las obras del AVE podría superar los 23 millones de euros.
Señala a los directivos de Adif
La resolución judicial, que apunta a que los hechos recogidos en el auto podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad, estafa, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, indica que los mismos no habrían podido llevarse a cabo sin la colaboración de los ex altos cargos de Adif investigados.
Entre ellos figura el que fuera director de Infraestructuras para Levante José Luis M.P., del que se afirma que realizó movimiento de divisas hacia diversos países por un montante de 1,4 millones de euros, así como los también ex altos cargos Ángel Antonio L. y Santiago C.
Igualmente, el auto de transformación en procedimiento abreviado se dirige contra antiguos responsables de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, en la provincia de Alicante, su expresidente Emiliano Riquelme y el exsecretario José Luis G. También figuran en el mismo el exjuez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela Jesús A. y, aunque también fue investigado su exsecretario Aníbal Bueno, su presunta responsabilidad penal se habría extinguido con su fallecimiento, ocurrido durante la instrucción de la causa.
Entre los procesados también se encuentran el ingeniero del citado Juzgado Privativo de Aguas, José Manuel F.P., y su hermano, Antonio José F.P. Precisamente otro de los investigados, Juan O., cuya empresa fue subcontratada para la reposición de las redes de regadío, señaló a ambos como las personas a las que, presuntamente, entregaba las mordidas.
Las comisiones ilegales fueron posibles gracias a la supuesta emisión de facturas falsas, por no responder a trabajos realmente realizados, o sobredimensionadas. A partir de ahora, el fiscal y las demás partes personadas en las actuaciones disponen de un mes para presentar sus escritos de acusación, en los que deberán concretar los hechos y las penas que solicitan, o de defensa.
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