Las nucleares no tiran la toalla y todavía tienen la esperanza (aunque sea mínima) de que cambie la voluntad política y se reconsidere el calendario de cierre pactado entre 2027 y 2035. El sector se agarra a la seguridad de suministro para que el futuro Gobierno se abra a negociar alargar la vida de los siete reactores nucleares que hay actualmente operativos en España y que generan alrededor del 20% de la electricidad que se consume en el país.
Bajo un escenario de incertidumbre política, Foro de la Industria Nuclear Española, que integra a empresas (entre las que se encuentran compañías eléctricas) y organizaciones, ha organizado sendas jornadas en Madrid y Barcelona para poner en valor las principales magnitudes de la energía nuclear en el país. El presidente de la Asociación, Ignacio Araluce, reclamó este miércoles en la Ciudad Condal una rebaja fiscal que haga a las centrales más competitivas mientras conviven con las energías renovables.
Generar un megavatio hora (MWh) con energía nuclear cuesta unos 60 euros y se tiene que vender a menos de 67 euros/MWh por ley (si se vende por encima hay que devolver la diferencia), bajo el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Según Araluce, el coste bajaría hasta los 40 euros si se reduce la carga impositiva. "Si los propietarios tienen negocio seguirán funcionando (las centrales)", afirmó el directivo.
La nuclear paga en Cataluña unos 18 euros megavatio hora
Bien saben en Cataluña de fiscalidad nuclear. La región aplica un impuesto a los ingresos de las centrales desde mayo de 2020 bajo Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Antes lo intentó con el Impuesto sobre la producción de nuclear (2016) y el Impuesto sobre los residuos radiactivos (2019), pero ambos los tumbó el Tribunal Constitucional. Araluce cifró en 18 euros/MWh los impuestos que paga la generación nuclear en la comunidad.
Foro Nuclear defiende que, si se le reduce la carga tributaria, el parque atómico podría contribuir con un precio más competitivo a la cobertura de los contratos a la tarifa regulada (PVPC), que son los que se ven afectados por la volatilidad el mercado mayorista. Desde el sector también apelan a la inclusión de la nuclear por parte de la Unión Europea (UE) dentro de la taxonomía 'verde'. Las centrales que se construyan hasta al menos 2045 reciben así la categoría de inversión sostenible.
Además, la nuclear parece contar con el respaldo de la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha reconocido el peso de la energía nuclear para la combinación energética de varios Estados miembro de cara a domar la curva del precio de la energía. También asegura que la nuclear "seguirá necesitando inversiones para desempeñar un papel importante en la transición energética, sin ninguna duda".
En España, el actual Ejecutivo (ahora en funciones), con Teresa Ribera como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ni siquiera ha dado lugar a debate y es tajante con el cierre de los reactores. En la actualización del borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) queda más que sellado el cierre nuclear, mientras se disparan los objetivos de la eólica y la solar. No obstante, el documento todavía puede sufrir cambios y el texto definitivo debe remitirse a Bruselas en junio del año que viene.
Por el contrario, el Partido Popular, con escasas opciones de formar Gobierno si no se repiten las elecciones, sí que recoge en sus propuestas económicas prologar la vida de las centrales. La formación de Alberto Núñez Feijóo defiende que no es posible 'desenchufar' las centrales hasta que las renovables no sean capaces de cubrir el porcentaje de consumo que dejarían.
Las cuatro grandes empresas eléctricas que gestionan centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP España) firmaron su compromiso para el apagón nuclear en marzo de 2019 y dejarán de funcionar de manera escalonada entre 2027 y 2035. Los reactores son Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). También hay una fábrica de combustible nuclear en Juzbado (Salamanca) y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos en El Cabril (Córdoba).
A la central de Trillo se le acaba el permiso de actividad en 2024
A la central de Trillo se le acaba el permiso de actividad en noviembre de 2024 y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo ya ha solicitado a Transición Ecológica la renovación de la autorización de explotación hasta noviembre de 2034. Por su parte, está previsto que las tareas de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz comiencen en 2031, tres años después del cese de su actividad productiva. La Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) es la encargada de realizarlas y para ello los propietarios de los reactores pagan alrededor de unos 500 millones de euros al año, según Foro Nuclear.
Entre todos los reactores, suman una potencia bruta instalada de 7.398 megavatios (MW). Generan cada año entre 55.000 y 60.000 gigavatios hora (GWh). En el resto de Europa, Alemania cerró en abril sus tres últimos reactores. La empresa RWE calificó el hito como "el fin de una era", mientras que, por el contrario, Francia lo apuesta todo a los átomos y está poniendo en jaque la reforma del mercado eléctrico de la UE.
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