El pasado 10 de marzo fue la fecha inicialmente fijada para que diera comienzo el juicio oral por la demanda interpuesta por el italiano Andrea Orcel contra Banco Santander como respuesta a la decisión de la entidad de dar marcha atrás a su contratación como mano derecha de Ana Botín. Pero el proceso se ha topado con diferentes obstáculos y ha tenido que ser suspendido en varias ocasiones. Apenas se ha celebrado una vista de dos horas. Ahora, el magistrado Javier Sánchez Beltrán ha vuelto a poner fecha para el encuentro en el que deberán declarar los testigos. Será el próximo 20 de octubre, según han trasladado fuentes judiciales a La Información.
Una de las opciones para que las testificales del presidente de UBS, Axel Weber, y del jefe de recompensas del banco suizo, Mark Shelton, consten en acta era que lo hicieran por videoconferencia. Esta circunstancia provocó que se solicitara la tramitación de una comisión rogatoria, que queda regulada bajo el convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil. Durante el verano, el magistrado debió decidir qué capítulo aplicar en este auxilio judicial solicitado a Suiza. Finalmente, ha estipulado que se aplicará el segundo: declararán de forma telemática y responderán directamente a Sánchez Beltrán.
La defensa de Banco Santander quería que se aplicara el primero y, la de Orcel, el segundo. La entidad con sede en Boadilla del Monte pretendía que fuera un juez de Suiza el que tomara declaración a Weber y a Shelton desde ese país. De este modo, el Juzgado de Plaza de Castilla tendría que haber solicitado a la autoridad competente suiza la realización del interrogatorio a los directivos. Por su parte, Orcel quería que Sánchez Beltrán mantuviera el control de la causa, sin intervención ninguna de otro 'poder', por lo que su intención era que testificasen por videoconferencia respondiendo a las preguntas que se realicen desde Madrid. La primera opción podía implicar retrasos adicionales y era probable que un juez ajeno a la causa no tuviera la misma facultad que el principal.
Por el momento solamente ha declarado la presidenta de la entidad, Botín, en calidad de representante de la demandada. En la última ocasión, el caso fue aplazado 'sine die', encallando fundamentalmente por la inactividad de los juzgados en el mes de agosto. Entonces fue la cuarta vez que se interrumpía. En alguna ocasión se justificó por una cuarentena por contacto estrecho con una persona positiva en coronavirus y en otras por problemas de agenda. Todo ello ha llevado a que haya corrido medio año desde el momento en que se marcó el inicio de esta 'guerra judicial', sin tener en cuenta la vista previa celebrada en septiembre de 2020 en la que no se solucionó el conflicto de manera extrajudicial.
El pasado 19 de mayo Botín respondió durante unos 120 minutos a las preguntas del juez y al interrogatorio del abogado del demandante. En la primera fila de la sala se encontraba Orcel, que acudió al cara a cara a pesar de que su asistencia no era obligatoria. Ese día debían declarar cuatro testigos, pero el juez aplazó la vista con la intención de aunar la testifical de los directivos suizos, que alegaron no poder viajar a España por causas relacionadas con la pandemia, con la de Roberto di Bernardini (exjefe de recursos humanos de Santander) y Jaime Pérez Renovales (actual secretario general y del consejo del banco). La idea era evitar ventajas entre las partes.
Este episodio jurídico se inició después de que Orcel decidiera iniciar una demanda ante los juzgados, pidiendo inicialmente 112 millones de euros como compensación económica, fundamentalmente por los posibles daños reputacionales y a su carrera que esta decisión le pudiera acarrear en su vida laboral. La cuestión es que la situación profesional de Orcel ha cambiado y su alegato ha ido perdiendo consistencia. Uno de sus principales argumentos era que había dejado su trabajo en UBS y que debía ir al paro, pero en la primera parte de este año se incorporó como consejero delegado del banco italiano Unicredit, uno de los mayores grupos financieros de Europa. Su argumentario principal descalifica la propia demanda. Consciente de ello, ha rebajado las cifras de los conceptos por los que pide una indemnización.
En este tipo de pleitos es habitual reclamar por elementos aún sabiendo que se denegarán, como es en este caso los 10 millones de euros que mantiene por daños morales y que hasta el propio magistrado calificó de "incoherencia". El banquero exige además 17 millones de euros por el bonus de incorporación, otros 10 millones de euros por dos anualidades de retribución fija y entre 19 y 29 millones de euros de buy-out. De este modo, la indemnización que requiere oscilaría en una horquilla de entre 56 millones y 66 millones de euros, según si se tiene en cuenta la parte baja o alta de la retribución diferida. Para Banco Santander, estos importes siguen siendo elevados y no está dispuesto a asumirlos.
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