Abertis da este 31 de agosto el portazo definitivo a la que fuera su joya de la corona en España. La empresa en manos de ACS y la italiana Atlantia hace las maletas en la AP-7 (Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol) y la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell), que revierten a la Administración pública este mismo martes. La salida de la concesionaria no ha pillado por sorpresa. De hecho, el Gobierno a través del Ministerio de Transportes sacó a licitación el pasado abril siete contratos por más de 150 millones para sustituir a Abertis en la gestión y el mantenimiento de estos corredores, sin peaje desde septiembre. Cuatro meses después, el proceso sigue en fase de evaluación y el relevo de Abertis, en el aire.
El departamento que dirige Raquel Sánchez mantiene en el aire el futuro de los 556 kilómetros de autopistas de peaje que, a partir de hoy, retornan a las manos del Estado. La convocatoria acaparó el interés de una larga lista de aspirantes, incluida la propia Abertis y otros gigantes del sector, a las que el ministerio dio de plazo hasta el 28 de mayo para presentar sus candidaturas. El Gobierno ha ponderado cada una de ellas, pero no ha tomado una decisión concluyente para cerrar los contratos antes del adiós definitivo de Abertis.
El ministerio abrió el proceso competitivo antes de que Raquel Sánchez sustituyese a José Luis Ábalos al frente del departamento. El relevo al frente del departamento ha sido uno de los factores que han dilatado el proceso de selección, según fuentes del sector consultadas por La Información, pero no el más importante. El principal motivo de retraso ha sido la guerra de precios a la baja que han protagonizado los consorcios candidatos a llevarse el gato al agua en el concurso, cuestión ha obligado a los técnicos de la cartera a filtrar con detenimiento cada propuesta y descartar decenas de ofertas al calificarlas de "temerarias".
El Gobierno ya ha tomado precauciones para evitar desfalcos en el proceso de liberalización de las autopistas de peaje. Precisamente en previsión a esta ola de contratos vinculados a la explotación y la conservación de carreteras, Transportes ha iniciado la búsqueda de un consultor externo que supervise la prestación de este servicios por parte de las empresas que resulten adjudicatarias a fin de detectar eventuales sobrecostes que podrían acarrear un impacto millonario en las arcas públicas, como adelantó este medio.
Si no hay sorpresas de última hora, los ganadores del citado proceso competitivo serán los consorcios señalados como favoritos en la última reunión de la mesa de contratación, que tuvo lugar el pasado 13 de agosto. Así, los tres lotes correspondientes a los tramos de Barcelona quedarían en manos de los consorcios que encabezan Elsan (31 millones de euros), Ferroser (22 millones) y Comsa (8 millones).
El gran ganador de la puja será la unión de empresas liderada por API Movilidad, favorita para el contrato de 34 millones correspondiente a la provincia de Girona. La selección de Transportes prevé conceder la gestión y el mantenimiento del tramo de Tarragona al consorcio que encabeza Aceinsa (26 millones de euros), mientras que la explotación del corredor de Zaragoza se lo llevará Innovía (19) y el de Lleida, Arnó (15). Transportes prevé un aumento considerable en el tráfico por estas vías a raíz de la liberalización. Por el momento, Abertis se despide de su 'gallina de los huevos de oro' sin un sustituto firme que asuma su gestión.
La reversión de ambas autopistas al Estado también impactará en la recaudación de más de un centenar de municipios catalanes. En concreto y según los cálculos de la Generalitat, algunos ayuntamientos de la región podrían ver recortado su presupuesto anual en hasta un 20% por el roto que la reversión de las autopistas de peaje abrirá en los ingresos por algunos impuestos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), el impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
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