La llegada al Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez significó un cambio de planes respecto a las cinco autopistas de peaje y las cuatro autopistas radiales que el Estado se vio obligado a rescatar ante la quiebra de las empresas que tenían adjudicada su concesión. El Gobierno del PP tenía avanzado un plan para volver a licitar las vías en unas condiciones algo más favorables para los potenciales concesionarios con el doble objetivo de mantener su modelo de gestión y, sobre todo, de abaratar el coste de un rescate millonario y extraordinariamente gravoso para las arcas públicas. José Luis Ábalos cambió el paso. Convencido de que la gestión de las autopistas por parte de las empresas concesionarias había resultado deficiente, decidió encomendar su gestión a una empresa pública, Seittsa, con el desafío de financiar con los beneficios obtenidos de esa gestión pública los 300 millones de euros que según sus cálculos había que invertir en las vías para cubrir el déficit de conservación acumulado.
Los cálculos realizados por el entonces denominado Ministerio de Fomento - hoy rebautizado como Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - decían que "la nueva línea de negocio de explotación de las autopistas" generaría unos ingresos anuales de 122 millones de euros contra unos gastos medios de explotación de 57 millones de euros, lo que dejaría entre 2018 y 2022 - el periodo de tiempo durante el que la empresa pública tiene encomendada la gestión de las vías- 65 millones de euros de beneficio anual, que se destinarían a sufragar las actuaciones y reparaciones necesarias para garantizar el perfecto estado de unas vías deterioradas por el paso del tiempo y la supuesta mala gestión de las empresas concesionarias.
El Ministerio acompañó este plan con una rebaja del 30% en los precios de los peajes que hasta entonces cobraban las concesionarias bajo la convicción de que la maniobra dispararía los tráficos y garantizaría la rentabilidad de las vías rescatadas: las radiales 2, 3, 4 y 5 de la Comunidad de Madrid, la Autopista Eje Aeropuerto que conecta el centro de Madrid con la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, la Autopista Ocaña-La Roda, la Circunvalación de Alicante (AP-7), el tramo Cartagena Vera (AP-7) y la Autopista Madrid-Toledo, la AP-41.
Tres años después de la maniobra lo que dicen los datos proporcionados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) es que los resultados obtenidos no han cumplido las expectativas. La facturación máxima alcanzada apenas ha llegado al 60% de las cifras previstas (algo más de 76 millones de euros) y los beneficios netos que se situaron en 36 millones de euros en 2018, cayeron a 22 millones en 2019 y se han convertido en pérdidas de más de seis millones de euros en el año de la pandemia. El beneficio acumulado apenas supera los 50 millones.
La solución del pago por uso
Transcurridos tres años y con unas expectativas inciertas hasta 2022, año en que finalizará la concesión realizada a Seittsa, el plan de José Luis Ábalos apenas ha servido para financiar una quinta parte de las actuaciones que se necesitaban en las vías, según las propias estimaciones del Ministerio. La gestión pública tampoco ha sido capaz de sacar del territorio de los números rojos ni a la Autopista Madrid-Toledo ni a la autopista de pago de acceso al aeropuerto, la M-12, y tampoco ha logrado sujetar los costes de explotación, que preveía mantener en los 57 millones de euros y que el año pasado ya se dispararon por encima de esa cifra hasta los 61 millones de euros.
El fiasco del 'plan Ábalos' subraya la dificultad de sufragar el mantenimiento de la envidiada red de carreteras del Estado y la urgencia de un plan que garantice la conservación de unas infraestructuras que el Gobierno de España acaba de valorar en más de 100.000 millones de euros. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) estima el déficit en inversiones de mantenimiento de la red de carreteras en 8.000 millones de euros, lo que de abordarse desde los Presupuestos implicaría siete décimas más de déficit.
"Lo que demuestra esto - en relación al fiasco del plan Ábalos - es que estamos ante un problema difícil de resolver", asegura una fuente del sector empresarial, pero con experiencia en el pasado en el ámbito del Gobierno. "En su día se construyeron carreteras que no tenían mucho sentido económico, tal vez sí político, y cuya conservación va a ser imposible de financiar con los ingresos de sus peajes porque nunca van a tener el tráfico suficiente. Tampoco las puedes abandonar ahora. Por eso desde una perspectiva de red de carreteras el pago por uso es una alternativa a valorar, porque hace descansar el mantenimiento de la red en los que la utilizan".
La nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no ha tardado mucho en ratificar la apuesta de su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, por el pago por uso, un modelo que el Gobierno se ha comprometido a desarrollar dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pactado con Bruselas. Entre tanto, el Gobierno dejará sin peaje a partir de mañana 400 kilómetros de carreteras hasta ahora de pago en Cataluña dentro del proceso en el que está librando de peajes parte de la red de carreteras del Estado.
Ábalos justificó en su día la asunción de la gestión de las autopistas rescatadas en la necesidad de medir su potencial real antes de sacarlas a la venta, pero el planteamiento del Gobierno también pretendía demostrar que los recursos generados por los tráficos eran más que suficientes para garantizar su adecuado mantenimiento de las vías y un desequilibrio financiero menor al que llevó a las concesionarias a la quiebra. De hecho, el Ministerio no ha ocultado en ningún momento su intención de detraer la factura de estas actuaciones de mantenimiento y conservación supuestamente demoradas en el tiempo de los expedientes de Responsabilidad Patrimonial del Estado instados por las empresas concesionarias por importe de más de 5.000 millones de euros, pero que el Gobierno rebaja al entorno de 2.000 millones, pese a que la Autoridad Fiscal entiende que se irá a 3.400 millones. El resultado no ha sido el esperado.
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