El Gobierno no quiere sobresaltos en la liberalización de las carreteras de peaje. En previsión a la ola de contratos que se firmarán de forma inminente vinculados a la explotación y la conservación de carreteras, el Ministerio de Transportes ha salido a la 'caza' de un consultor externo que haga las veces de supervisor para evitar posibles sobrecostes multimillonarios que puedan poner en la picota a la cartera y, por ende, al Ejecutivo. El contrato salió a concurso el 30 de julio, apenas dos semanas después de que Raquel Sánchez relevase a José Luis Ábalos al frente del departamento.
La consultora tendrá que elaborar informes mensuales para comprobar que se cumplen los contratos, dejando constancia de cualquier desviación. En caso de que una compañía solicite una prórroga o reajuste presupuestario, la consultora deberá validar la petición. La adjudicataria también se encargará del "seguimiento histórico de los contratos de conservación y explotación de carreteras en cuanto a presupuesto y tramificación de los sectores, de tal manera que pueda comprobarse la evolución de las ratios (€/km) en cada uno de los tramos".
La nueva ministra del ramo será la encargada de llevar a buen puerto el proceso de reversión de las autopistas de peaje al Estado, una empresa que heredó con la cartera al tratarse de uno de los proyectos 'estrella' de su antecesor, José Luis Ábalos. El plazo para la recepción de ofertas vence en solo unas semanas, el 9 de septiembre. El urgencia del Ejecutivo se explica por la proximidad del 31 de agosto, una jornada en la que la liberalización vivirá su siguiente hito con la toma de control por parte de Transportes de 478 kilómetros de vías de pago de la AP-7 y la AP-2.
En menos de un mes se agota el plazo de explotación del tramo de la AP-7, de Cambrils a la frontera de catalana, y del de la AP-2, entre Zaragoza y Tarragona. Se trata de la concesión con más tráfico y la más rentable de España que, hasta entonces, seguirá en manos de Acesa su histórica propietaria que en 2020 acometió dos ERE, precisamente, ante el fin de su más 'jugosa' concesión. La sociedad controlada por Abertis (ACS y Atlantia) entregará entregará las llaves de ambas carreteras al departamento que pilota Raquel Sánchez el próximo día 31.
El Gobierno ha recuperado la gestión de la práctica totalidad de la red de vías de pago en los últimos años. Entre 2018 y 2019, Transportes tomó el control de las radiales quebradas. En paralelo, Ábalos se hizo con la gestión de la AP-1 (Burgos-Armiñón), hasta entonces en manos de Itínere. En 2020, el ministerio recibió los tramos valencianos de la AP-7 y la AP-4 (Sevilla-Cádiz), que hasta ese año engordaban la cartera de Aumar (Abertis).
Ante el volumen de vías que ha quedado bajo su gestión directa, Transportes ha empezado a tramitar un gran número de adjudicaciones destinadas a la rehabilitación y el mantenimiento de estas autovías. Estas licitaciones se han 'comido' una parte del presupuesto que el ministerio había reservado a la obra nueva en carretera, tal y como reconocen fuentes sectoriales consultadas por La Información. El caso más reciente es la licitación de siete lotes destinados a cubrir el mantenimiento de los últimos dos tramos de la AP-7 y la AP-2 en manos privadas, cuyo presupuesto conjunto roza los 154 millones de euros.
Transportes exige a las candidatas un seguro de responsabilidad civil que cubra, entre otras cuestiones, "gastos de defensa y constitución de fianzas"
El valor estimado del citado contrato de consultoría se sitúa en el entorno de los 3 millones de euros. En detalle, el Ministerio de Transportes compensará al futuro adjudicatario por los servicios de vigilancia con 137.500 euros al cierre del año en curso, cantidad que aumentará hasta los 577.000 en 2022 y 2023. En 2024 la retribución será de 439.000 euros. El ministerio escogerá al ganador de la puja mediante procedimiento abierto, de libre concurrencia.
Adicionalmente, el Gobierno exigirá que la firma adjudicataria cuente con un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales cuya prima será, como mínimo, de 600.000 euros. Esta clase de coberturas, comunes en los contratos de la Administración Pública, responde a las eventuales reclamaciones económicas que puedan llegar a afrontar los técnicos por negligencias en su actividad, en este caso, "por daños personales a terceros, daños a la propia obra, gastos de defensa y constitución de fianzas".
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