El golpe del coronavirus al sector aéreo está obligando a los gobiernos de todo el mundo a actuar vía inyecciones masivas de capital para evitar la quiebra de estas compañías a causa de la crisis generada por la pandemia. El último en hacerlo ha sido Portugal. En un consejo de ministros extraordinario celebrado la pasada noche, el Ejecutivo de António Costa, ha aprobado una ayuda de 1.600 millones de euros a su aerolínea de bandera, TAP, de la que el Estado es accionista mayoritario (posee un 72,5% del capital que le fue devuelto el pasado mes de julio después de que la firma se mantuviese en manos privadas durante cinco años), en el marco de un nuevo plan de reestructuración para la firma.
La ayuda, que sería superior en 400 millones de euros a las cifras que se habían barajado inicialmente, se enmarca en un nuevo plan de reestructuración para la firma que será presentado mañana ante la Comisión Europea y hoy el gobierno luso tiene previsto trasladárselo al resto de partidos políticos. TAP ha sufrido de forma severa las consecuencias económicas de la Covid-19 con una reducción de 9 millones de pasajeros de enero a septiembre de 2020, lo que supone un desplome del 70%.
Según divulgan hoy algunos diarios portugueses, el plan para evitar su desaparición podría incorporar una reducción de plantilla en torno a las 3.000 personas, entre pilotos, tripulantes, trabajadores de tierra y contratos temporales, además de la rebaja de un 25% del sueldo a los empleados.
El paquete de medidas, que aún no se ha hecho público, podría reducir la flota de TAP, actualmente con 101 aeronaves, en 13 o 16 aviones. Además del Estado portugués, conforman el accionariado del grupo el empresario luso Humberto Pedrosa (22,5%) y trabajadores de la empresa (5%). TAP registró pérdidas de 582 millones de euros en el primer semestre, cinco veces superiores a las de un año antes.
Nacida en 1945, en plena dictadura de Oliveira Salazar, TAP es una de las empresas insignia del país vecino y tiene un importante peso en su economía: emplea a más de 10.000 trabajadores, destina 1.300 millones de euros en compras a empresas nacionales y contribuye con 300 millones a las arcas públicas a través de impuestos y tasas de Seguridad Social. Según los datos que maneja la propia compañía, en 2018 contribuyó a la economía portuguesa con 3.500 millones de euros -incluidos los impactos directos de los turistas que transportó-, lo que supone en torno al 1,7% del PIB luso.
