No; al menos no por el momento. Así de rotundo se responde a la pregunta que desde el martes está rondando por despachos de abogados, plantas nobles de empresas y pasillos ministeriales. El interrogante causó un auténtico seísmo cuando Foro Nuclear anunció el cese de actividad del parque atómico en caso de que el proyecto de ley de CO2 saliera adelante en los términos planteados por el Ejecutivo de coalición.
La primera reacción del Gobierno no fue otra que mirar instintivamente al mix eléctrico español, es decir, a la tarta de la generación energética que muestra cuanta energía aporta cada tecnología para producir electricidad en nuestro país. Según el informe del sistema eléctrico español 2020 elaborado por Red Eléctrica, España produjo 239.465 GWh de electricidad, de los cuales 55.757 los aportó la energía nuclear, un 22,6%, casi un cuarto de esa tarta.
Junto a la importancia de la cantidad, está la calidad. Esos 55.757 GWh suponen tan solo una variación de un 0,1% con respecto a 2019 y esto es lo que proporciona a la nuclear su gran valor: la estabilidad y previsibilidad en la generación de energía. Gracias a ese 22,6% se puede planificar la entrada y desarrollo de renovables en nuestro país ya que, como se está viendo y sufriendo en la actualidad, al gas sólo se le permite entrar como última tecnología en cubrir la demanda. Allá donde las renovables no llegan y la nuclear está limitada por la potencia instalada, es cuando el gas encuentra su espacio. Un hueco a día de hoy excesivamente caro y que está en el origen de todos los males que hemos vivido durante esta semana.
Supongamos que apagamos automáticamente toda la electricidad producida por las nucleares en España, algo imposible desde un punto de vista técnico, y sumamos la energía producida por el resto de tecnologías existentes en la tarta. La mera suma aritmética de renovables (hidráulica, eólica, solar y otras renovables) y no renovables (bombeo, carbón, fuel, ciclo combinado, cogeneración), excluida la nuclear, nos llevaría a pensar que en España existe capacidad suficiente para abastecernos de electricidad sin la participación de las centrales nucleares, pero, lamentablemente, entramos en el terreno del gran hándicap de las renovables: su intermitencia e imprevisibilidad.
En 2020, la eólica fue la segunda tecnología que más 'azúcar' añadió a la receta de la tarta eléctrica española, aportando 53.795 GWh. Siendo una de las tecnologías renovables más predecible, pero al tiempo intermitente, la eólica supone un pilar para la aportación de energía renovable en el sistema, pero no por ello es suficiente para cubrir el agujero que dejaría la nuclear. El resto de tecnologías, igualmente importantes, sufren de ese mal endémico que rodea a las renovables: la imprevisibilidad e imposibilidad de almacenamiento.
Las tecnologías convencionales sobrantes tampoco aportarían por si solas la capacidad energética indudable que ofrece la nuclear. Los ciclos combinados, capaces de aportar más de 25.000 MW al sistema, se alimentan de gas, por lo que en las condiciones actuales del mercado harían inviable un sistema en el que, de manera recurrente, hubiera que contar con ellos al precio en el que cotiza en los mercados internacionales. El carbón, el fuel y la cogeneración son, guardando las distancias, tecnologías residuales, apenas guindas, para el conjunto de la tarta española.
El futuro de la energía nuclear
Así las cosas, cabría preguntarse por el papel que le queda a la nuclear hasta su desaparición definitiva del mix eléctrico español en 2035. Paulatinamente, según el acuerdo alcanzado entre Enresa y las compañías que ostentan la propiedad de los siete reactores existentes en España, las instalaciones nucleares irán cesando su actividad de manera escalonada. Es precisamente la falta de planificación la que impide que las centrales nucleares puedan cerrar al unísono, puesto que pondrían en peligro la seguridad de suministro energético.
Esta no es una cuestión menor. El Gobierno podría alegar cuestiones de Seguridad Nacional si la seguridad energética se viera amenazada. La Estrategia de Seguridad Energética aprobada en 2015 por el Gobierno del Partido Popular establece claramente que el suministro es uno de los objetivos esenciales en la política energética del Estado. Esta es “la acción del Estado orientada a garantizar el suministro de energía de manera sostenible, económica y medioambientalmente, a través del abastecimiento exterior y la generación de fuentes autóctonas, en el marco de los compromisos internacionales asumidos”.
De los tres requisitos señalados en esta definición, la única energía convencional que, a día de hoy, es sostenible, económica y medioambientalmente, es autóctona y además garantiza el 25% del suministro energético nacional es la nuclear, por lo que cuestionar su aportación actual al suministro energético español es poco menos que una quimera. Ahora bien, si es cierto que en el corto plazo es imposible prescindir de la energía nuclear, en el medio y largo plazo, a diez años vista, la dependencia de esta tecnología no es tan evidente.
La única energía convencional que a día de hoy es sostenible, económica y medioambientalmente, es autóctona y además garantiza el 25% del suministro energético nacional es la nuclear
En primer lugar, por la aplicación del acuerdo alcanzado en 2019 entre las empresas propietarias de las centrales y el Gobierno, que prevé un plan para que las centrales españolas operen más de 40 años y menos de 50. Las implicaciones de este acuerdo son que ninguna central podría cerrar antes de 2025 ni mantenerse abierta después de 2035, fecha que se estableció como tope para el apagón nuclear. De esta manera, las empresas estarían vinculadas para garantizar la plena aportación al suministro energético español durante al menos 13 años más, a riesgo de que el Estado pudiera alegar un incumplimiento de una de las obligaciones de las partes y, por lo tanto, actuar en consecuencia para garantizar la aportación nuclear al conjunto de la generación eléctrica española.
Por otra parte, la supresión inmediata de la energía nuclear en España pondría en serio riesgo la transición energética comprometida tanto por empresas como por los acuerdos internacionales. Ese 22,6% que aporta de manera estable y cierta al mix eléctrico es crucial a la hora de introducir nuevas renovables en el sistema e ir sustituyendo paulatinamente energías emisoras de CO2 por otras bajo contaminantes o bien con un índice de emisión cero a la atmósfera. La paradoja es que la nuclear no emite este tipo de gases, por lo que, en términos técnicos, sería más eficiente ir suprimiendo tecnologías que dependen del gas como fuente de alimentación y que, aun siendo menos contaminante que el carbón o el fuel, no puede competir con la nuclear en términos medioambientales.
Por último, el gran problema de la nuclear en España no es otro que su aceptación. En los últimos 40 años no ha habido ningún proyecto de construcción de centrales en el país, como sí ha ocurrido en Francia, Reino Unido, China o muchos otros países en los que el debate energético no discurre por los tortuosos senderos de la política. El principal soporte a esta tecnología debería partir de las propias empresas, pero, probablemente por el tan temido riesgo regulatorio, no han defendido la ampliación de la capacidad nuclear instalada en España. De hecho ningún partido político defiende la ampliación del parque nuclear español y no lo hacen sabedores de la oposición social con la que se encuentra la energía nuclear en un país que hace tiempo volvió la espalda a la alteración de los neutrones del uranio.
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