Nuevo frente en el Tribunal Supremo para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Redexis ha interpuesto un recurso de casación contra la sentencia favorable al regulador y que da por válida la Comunicación 1/2019, de 23 de octubre, de definición de ratios para valorar el nivel de endeudamiento y la capacidad económico-financiera de las empresas reguladas.
La normativa de la CNMC, aprobada a principios de noviembre de 2019, conlleva la imposición de controles (con supervisión) y obligaciones a las empresas reguladas de gas para que no se descapitalicen para mejorar su rentabilidad. Varias empresas reguladas, entre las que se encuentra Redexis, recurrieron la comunicación por motivos de forma y de fondo, al considerar que existían vicios procedimentales en el proceso de elaboración y que los ratios definidos no resultaban adecuados.
El fin del regulador era tratar de promover que las empresas dispongan de una adecuada capacidad económico-financiera, estén debidamente capitalizadas y tengan una estructura de la deuda sostenible, que les permita financiar las inversiones necesarias y atender la operación y mantenimiento de las redes.
Alega que la CNMC se excede de sus funciones
Por el contrario, las compañías afectadas alegaron que la CNMC se estaba excediendo de su ámbito competencial y que esta debería limitarse a supervisar el cumplimiento de los requisitos de capacidad económica establecidos en la normativa actual. No obstante, cabe destacar que la comunicación no tiene carácter vinculante, sino que constituye un instrumento de difusión que permite que las empresas puedan conocer el criterio que puede mantener la CNMC en el ejercicio de sus funciones.
Al mes siguiente, Redexis y Madrileña Red de Gas presentaron un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y ambos han sido desestimados. Ahora, la primera compañía busca la anulación de la sentencia en el Alto Tribunal, según ha podido saber La Información. En paralelo, la CNMC ha publicado la Resolución de 21 de diciembre de 2023, que da forma al Índice Global de Ratios (IGR) de las empresas reguladas de gas para 2024 en base a la citada Comunicación 1/2019. Al encontrarse pendiente todavía el recurso interpuesto en el Supremo, la compañía también la ha recurrido cautelarmente ante la Audiencia Nacional a la espera de que se resuelva. A este recurso se ha sumado Ned España Distribución Gas.
Ajuste en la retribución de un millón de euros
La resolución, que ya ha salido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), impone a Redexis un ajuste en su retribución derivado de la penalización relativa a la prudencia financiera de un millón de euros: 828.699 euros a Redexis y 207.938 euros a Redexis Infraestructuras. Pero no es la única en sufrir el recorte, sino que también se ha penalizado a Nortegas Energía Distribución (614.600 euros), Madrileña Red de Gas (335.250 euros) y Domus Mil Natural (2.080 euros). En 2023, primer año de aplicación en el sector eléctrico, ninguna empresa fue penalizada, mientras que en el caso del sector gasista, la penalización aplica este año.
Redexis goza de la calificación crediticia de grado de inversión por parte de la agencia de calificación internacional S&P, la cual considera que su nivel de endeudamiento es razonable y adecuado. No obstante, estos no son los únicos frentes abiertos entre Redexis y la CNMC. La gasista también recurrió la retribución aplicable a la actividad de distribución de gas natural debido a las especificidades de los territorios insulares, agotando la vía administrativa después de que Competencia resolviera que no procedía incrementar los parámetros de retribución aplicables a su actividad en las Islas Baleares.
Los sobrecostes en territorios insulares
La empresa pide unos mayores pagos apuntando a unos supuestos inductores de sobrecostes en los territorios insulares, como son el uso de transporte marítimo para los materiales y repuestos, la menor disponibilidad de personal cualificado específico, así como de proveedores locales especializados y terrenos para realizar obras, y un coste de vida "muy superior" debido a los desplazamientos, vivienda y manutención.
En concreto, en un informe remitido al regulador en julio de 2020 y que elaboró Deloitte, asegura que los sobrecostes en Baleares pueden alcanzar entre un 40% y un 85% en comparación con la actividad de distribución de gas en la península. El documento compara unas ratios ponderadas de supuestos sobrecostes calculados para las redes de Baleares y un "territorio peninsular equivalente", compuesto por la agregación de los activos que conforman las redes de Aragón y Murcia. Concluye así que existen sobrecostes en la actividad de distribución de gas en las Islas Baleares respecto a la península, por lo que sería necesario incrementar como mínimo en un 40% el modelo retributivo establecido por la CNMC en su Circular 4/2020.
De su lado, Competencia respondió a Redexis que los análisis presentados "no demuestran sobrecostes en Baleares", sino que los resultados "señalan únicamente" que los activos de la compañía en el territorio de Aragón y Murcia obtienen una mayor retribución con respecto a los costes en comparación con las redes del archipiélago. Los empresarios y los sindicatos han sumado a la lucha de las distribuidoras de gas natural para que se les reconozca los sobrecostes de operar en territorios insulares a través de una mayor retribución regulada, con recursos de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y UGT-Fica Illes Balears.
