Beneficios para el municipio

La sentencia que da un golpe de efecto en favor de las renovables en la España vacía

El Supremo falla a favor de que el Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) pueda implantar un proyecto de energías renovables en una finca comunal dedicada a la actividad agraria al responder a un fin de interés social.

Montaje renovables.
La sentencia que da un golpe de efecto en favor de las renovables en la España rural.
Nerea de Bilbao (Infografía)

Hay una sentencia que da un golpe de efecto en favor de las energías renovables. El Tribunal Supremo ha fallado a favor de que el Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) pueda implantar un proyecto de energías 'verdes' en una finca comunal dedicada a la actividad agraria al responder a un fin de interés social.

Todo comenzó en 2021, cuando el consistorio acordó el acotamiento de parte de un bien comunal, dedicado hasta la fecha íntegramente al uso tradicional agrícola, para implantar un proyecto de energías renovables, y adjudicarlo en subasta pública mediante precio a terceros que carezcan de la condición de vecinos. En concreto, los derechos de aprovechamiento de la finca, denominada 'El Páramo', vencieron en septiembre de ese año. Tiene casi 950 hectáreas y 460 fueron acotadas para posible uso industrial, con el fin específico de implantación de un proyecto renovable.

De este modo, más de la mitad del terreno podía seguir dedicándose al uso tradicional agrario. Además, los rendimientos de la instalación renovable se aprovecharían, en primer término, a la mejora de la superficie no acotada, beneficiando a los titulares (71 vecinos de una población de cerca de 2.000 habitantes). No obstante, la Junta Agraria Local recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le dio la razón anulando tanto el acuerdo municipal como la orden de la consejería de Presidencia de la comunidad autónoma que avaló la decisión.

Comprometidos con el medioambiente 

El Ayuntamiento no se dio por vencido y acudió al Alto Tribunal. Recoge la sentencia que se trata de un acotamiento que responde a un fin de interés social, como es el fomento de las energías renovables, que tiene engarce directo con la protección del medio ambiente y con los objetivos de desarrollo de tales energías establecidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático, en cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones que derivan del derecho europeo y del Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático.

Por otra parte, la sentencia indica que la finalidad legítima a la que pretende dedicarse el acotamiento, la instalación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, impone exigencias derivadas de la legislación sectorial con las imprescindibles habilitaciones y capacitaciones técnicas, profesionales y financieras, "que hacen inviable un aprovechamiento colectivo y simultáneo o peculiar por lotes entre los vecinos, permitiendo, por esta razón, la adjudicación del aprovechamiento a través de la última modalidad prevista en el art. 75 TRLRL, esto es, en subasta mediante precio incluso a terceros que no tengan la condición de vecinos".

¿Qué beneficios tiene para un municipio una planta renovable?

José Antonio García-Noblejas, asesor legal de Viridi, explica a La Información que la instalación de energía renovable, así como todo el proceso de tramitación que conlleva, tiene que estar conforme a lo recogido en la norma. Entre los beneficios que el desarrollo energético puede tener para el municipio, García-Noblejas destaca los siguientes:

- Recaudación municipal derivado del pago de la licencia de obras, ICIO, canon urbanístico, etc.

- Impacto social con la creación de empleos directos e indirectos, cursos de formación, creación de una bolsa de trabajo.

- Colaboración con asociaciones medioambientales, agrícolas y culturales.

- Mejora del medioambiente mediante la creación de hábitats de conservación de especies, mantenimiento de superficie para cultivos, incremento del recurso trófico, así como regeneración de la biodiversidad.

"Etapa de prosperidad y mejora en las condiciones de vida de todos"

Paredes de Nava podrá recibir una renta anual de 600.000 anual gracias al desarrollo de la planta renovable, además de los correspondientes empleos asociados, según recoge el medio local Palencia en la Red. "Grata sensación de que, tras el difícil camino recorrido, por fin se ha hecho justicia, teniendo la certeza de que este aval otorgado por el Tribunal Supremo abrirá paso a una etapa de prosperidad y mejora en las condiciones de vida de todos los paredeños, lo que constituye una herramienta más en la lucha contra la despoblación que este municipio sostiene de forma incansable", indicó el Ayuntamiento en un comunicado.

En la misma línea, aseguró que la sentencia zanja el "falso debate" promovido por quienes han pretendido trascender el litigio a "una genérica dicotomía entre el sector agrícola y la industria de las renovables".

Retos de la 'bioagrovoltaica' en España

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación sectorial mayoritaria de la energía solar en España, ha elaborado un informe en el que destaca los principales retos y barreras a los que se enfrenta la 'bioagrovoltaica'. Uno de los más importantes, y que atañe al caso del municipio palentino, es el de mejorar la aceptación y el conocimiento social sobre los beneficios que tiene implementar sistemas fotovoltaicos en combinación con actividades agrícolas. En este sentido, la asociación destaca que se debe generar y mejorar la confianza del sector agrícola en la fotovoltaica a través de soluciones basadas en la bioagrovoltaica, utilizando información contrastada y confiable sobre los beneficios de esta práctica sobre el cultivo.

También resalta la importancia de construir espacios de encuentro entre agricultores y promotores de proyectos para compartir información, capacitar y socializar los beneficios de un proyecto fotovoltaico como actividad complementaria a la agrícola. Para ello, insta a impulsar un trabajo coordinado entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el de Agricultura para la elaboración de un marco regulatorio que sirva de catalizador para la integración fotovoltaica con la actividad agrícola.

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