Bruselas esperará, como poco, un semana más para activar su plan de choque contra la meteórica escalada de precios en el mercado eléctrico, una tendencia que se ha acentuado a raíz de la guerra en Ucrania. La parálisis de la Comisión Europea (CE) tiene contra las cuerdas a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera que, tras sufrir los desaires de Bruselas el pasado otoño, está decidida a esperar al plácet de la autoridad comunitaria para acometer reformas de gran calado. Sin embargo, la vicepresidenta tercera está dispuesta a actuar por su cuenta llegado el caso y explora medidas para meter presión a los vecinos europeos, por ejemplo, recortar las exportaciones de electricidad a Francia, tal y como indican fuentes del sector próximas a la cartera.
El blindaje a las reservas de combustible es ya la máxima prioridad para los gobiernos europeos, por temor a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cierre el grifo del gas a Europa sin previo aviso como contraataque al embargo económico impuesto por Bruselas. Este escenario ha vuelto todas las miradas hacia España, que podría convertirse en un hub de entrada de gas natural licuado (GNL) alternativo al suministro ruso. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica espera de sus socios europeos la adopción de reformas estructurales que ayuden a contener la subida de los precios en el mercado mayorista, cambios que el departamento lleva sugiriendo desde que comenzó la escalada de la luz el año pasado.
La Comisión Europea publicó hace una semana un nuevo paquete de herramientas (toolbox en la jerga) que incluía, no sin precauciones, varias de las propuestas sugeridas por la propia Ribera. El calendario de la Unión Europea, sin embargo, choca con la urgencia de Transición Ecológica para acabar con esta espiral alcista. España pasa por un momento crítico. Acerinox, ArcelorMittal o Celsa son solo algunos de los gigantes industriales que han parado su actividad para sortear el desorbitado incremento de los costes energéticos. Otros sectores como el transportista han iniciado una huelga indefinida que podrían secundar otras industrias especialmente expuestas a la volatilidad del pool.
La citada 'caja de herramientas' europea ha sido entendido por el Gobierno como un primer paso para retocar las reglas del mercado mayorista o, al menos, para atajar el efecto contagio del precio del gas en la factura eléctrica. Es cierto que el citado documento se muestra más flexible ante la posible intervención de los Estados miembros en la formación de precios, pero la falta de claridad del mismo y su carácter provisional paran los pies a Ribera a la hora de poner en marcha cambios estructurales, como un desacople del gas del mercado mayorista o el diseño de un precio máximo para esta commodity. Se trata de reformas caras y con riesgo de provocar desajustes en el mercado europeo y revivir el fantasma de la inseguridad jurídica, si no se aplican al unísono en todos los Estados miembros.
Muestra de la precaución que reina en Moncloa es la forma en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasó de puntillas este lunes sobre los planes que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en el corto plazo para aliviar la subida de los precios de la energía. En una entrevista anoche en 'La Sexta', Sánchez se limitó a confirmar la continuidad de las rebajas fiscales que ya están en vigor (cuyo coste podría rondar los 12.000 millones) y optó por responder con generalidades -"no puede pagar más el que menos tiene" o "haremos todo lo que esté en nuestras manos"- al resto de preguntas relativas a la crisis energética.
Ribera es consciente de que cualquiera de estas medidas debe adoptarse de forma uniforme en todos los países de la Unión, para no crear desequilibrios en el mercado europeo, pero también para evitar pagar la fiesta de la energía barata al resto de Europa. Cualquier mecanismo para evitar que los abultados precios del gas repercutan en el recibo de la luz implica un coste. Más allá del debate sobre quién asumirá este gasto (el Estado, las empresas o los consumidores), si el Gobierno da el paso en solitario, corre el riesgo de comenzar a exportar energía más barata respecto a la media comunitaria. Los socios europeos se beneficiarían, por tanto, de una rebaja obtenida a costa de las arcas públicas y del bolsillo de los españoles.
Si el Gobierno actúa en solitario podría exportar energía barata a sus socios europeos a costa de las arcas públicas y el bolsillo de los españoles
La vicepresidenta tercera no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y podría recurrir a ese as en la manga que suponen las exportaciones de luz a Francia, un flujo de salida de electricidad que, además, implica un incremento del precio en España. Frenar estos intercambios es cuestionar el mercado interior europeo, algo que hubiera resultado impensable hace unos meses. En el actual escenario energético, "la CE podría ser más laxa a la hora de criticar cualquier acción de Españ en este sentido", según distintas fuentes del sector.
Más allá de las medidas fiscales, las ya conocidas y otras que el Ejecutivo tiene previsto aprobar, previsiblemente, rebajas en las tasas de los hidrocarburos (así lo anticipó la titular de Hacienda, María Jesús Montero), el horizonte que valora Ribera es más ambicioso. Esta ambición la comparte el propio Sánchez. El presidente del Gobierno anunció este lunes una gira de dos semanas en la que él mismo tratará de convencer de las bondades de desacoplar el gas del pool a aquellos líderes europeos que aún recelan de la propuesta española. Según el presidente del Gobierno, son los menos.
Este es, precisamente, el margen que se ha dado Bruselas para aprobar un paquete de medidas definitivo. La UE esperará hasta el próximo cónclave del Consejo Europeo, que se celebrará del 24 al 25 de marzo, para mover ficha, pues este es el órgano con competencias para autorizar la implementación del citado plan de choque. Adicionalmente, las autoridades comunitarias podrían optar por posponer cualquier movimiento hasta conocer el veredicto de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) sobre la citada hoja de ruta antes de proceder a su aplicación. El informe de los reguladores está agendado para el próximo mes de abril.
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