La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recibido con los brazos abiertos el nuevo toolbox de la Comisión Europea (CE), un paquete de medidas de emergencia para atajar el descontrol de precios en el mercado energético. El documento de Bruselas incluye una vía para excluir los ciclos combinados del pool, lo que permite suponer que será ahí donde pondrá el foco el ministerio energético. Para España, el coste de la medida podría rondar los 20.000 millones, factura que el Gobierno explora financiar, al menos parcialmente, con un rejón a los ingresos de las eléctricas, toda vez que Bruselas ha abierto la puerta a que sean los windfall profits de los gigantes energéticos los que costeen el plan para abaratar el recibo.
La ministra de Asuntos Econónimos, Nadia Calviño, se ha hecho eco del alto coste que le ha supuesto a nuestro país la aplicación de las diferentes medidas que el Gobierno ha adoptado hasta ahora frente a la escalada de la luz y el gas. Durante la sesión de control al Gobierno de este martes, la vicepresidenta primera cifró en hasta 12.000 millones de euros el impacto fiscal de las actuaciones destinadas a paliar el desbarajuste de precios de la energía. El nuevo toolbox de la Comisión Europea anticipa más gasto público, pero abre una vía para que una parte del recibo recaiga sobre las empresas.
Se conoce como beneficios caídos del cielo o windfall profits a la retribución extraordinaria que reciben las tecnologías no emisoras que operan en el pool, principalmente la nuclear y la hidráulica, cuando el precio en el mercado mayorista lo marca el gas. El documento de la Comisión Europea anticipa que el conjunto de los Estados miembros podrían levantar hasta 200.000 millones de euros en 2022 con las medidas recaudatorias dirigidas a topar los beneficios extraordinarios de los gigantes energéticos. La cifra es el equivalente al presupuesto estimado por Bruselas para poner en marcha el plan de choque, según diversas fuentes financieras consultadas por este medio. En definitiva, serán las propias energéticas las que sufraguen los cambios aprobados desde Bruselas.
Ribera ha mostrado en repetidas ocasiones su inclinación a desvincular el gas del mercado mayorista de electricidad. Sin ir más lejos, este martes, tras conocerse el conjunto de medidas acordadas en Bruselas, la ministra hizo hincapié en esta idea: "No podemos permitir que el precio del gas natural contamine el precio de la electricidad, genera un impacto mucho mayor del que hubiera generado en sí mismo". Todo hace indicar que el departamento adoptará cambios para limitar el impacto de la escalada del gas en los precios de la factura regulada, conocida como PVPC en la jerga del sector.
La eventual extracción de los ciclos combinados del mercado mayorista abriría un roto a las arcas públicas, toda vez que esta tecnología tiene un peso notable en el mix energético nacional. Según varias fuentes financieras consultadas por La Información, está previsto que, al cierre de 2022, la producción de los ciclos ronde los 70 teravatios hora (TWh), o incluso llegue a los 80 TWh . La cifra es sensiblemente superior a los 44,6 TWh del pasado ejercicio, algo que según las mismas fuentes responde a la acuciante sequía que está marcando el año en curso y que anticipa una falta de agua en los pantanos españoles que mermará la contribución de las centrales hidráulicas elevando, entre otras tecnologías, la del gas.
La posible extracción de los ciclos combinados del pool obligaría al Gobierno a aprobar una medida compensatoria alineada con las pautas marcadas desde Bruselas. Según las fuentes consultadas, esta podría pasar por acordar un precio de referencia que equilibre el detrimento de estas tecnologías por su desvinculación del mercado mayorista, donde los precios siguen pulverizando máximos históricos después de que la ofensiva militar del Kremlin en Ucrania haya tensionado el mercado energético a niveles nunca vistos.
En esta línea, el mercado estima que dicho precio de referencia podría situarse entre los 200 y los 250 euros MW/h, teniendo en cuenta los valores actuales del pool. Teniendo en cuenta la producción de los ciclos estimada para este ejercicio, la factura de excluir el gas del mercado mayorista podría abrir un roto del entorno de los 20.000 millones a las arcas públicas. Este martes, la UE abrió la puerta a que sean las grandes eléctricas quienes contribuyan a tapar el agujero.
El ministerio que pilota Ribera ya intentó capar los beneficios extra de las eléctricas el pasado otoño, con la aprobación del real Decreto Ley 17/2021 y con el proyecto de minoración del CO2 que sigue en proceso de tramitación parlamentaria. El primero anticipaba un hachazo de hasta 2.600 millones a los ingresos de los principales operadores del país, a saber, Endesa, Iberdrola y Naturgy, y algunas renovables como Acciona.
La UE ha dado alas a Ribera para topar los beneficios de las cinco 'grandes' (Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy y EDP) para aplacar la escalada de precios del mercado eléctrico
En octubre, cuando se aprobó el real decreto, la presión del lobby eléctrico y el temor a un batacazo en los tribunales obligó al Gobierno a recular y extraer del recorte los contratos de venta a plazo (PPAs en la jerga), lo que dejó prácticamente sin efecto. El reciente respaldo de Bruselas a incluir a los grandes players del sector en el reparto de costes da alas a Ribera para retomar su cruzada contra los windfall profits. Europa ha marcado, eso sí, ciertas líneas rojas, como evitar la aplicación retroactiva de medidas recaudatorias o asegurar que los recortes sean "tecnológicamente neutros" y permitan a los productores de electricidad cubrir sus costes.
La ofensiva de Rusia en Ucrania obligó a Bruselas a modificar hasta en dos ocasiones el citado plan de acción. El plan definitivo ha sorprendido por contundente, incluso, a las voces que exigían reformas estructurales dentro de la Unión. Entre ellas, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quien resaltó la incorporación de "dos o tres medidas que nos parecen fundamentales". Acto seguido, la ministra incidió en la urgencia de desvincular el gas de la factura eléctrica.
"El gas (indexado en el PVPC) genera un impacto mucho mayor del que hubiera generado en sí mismo", valoró Ribera, quien añadió que por primera vez, la CE ha reconocido que esto es una situación que merece una atención especial por parte de las instituciones europeas. La desbocada escalada del gas, que esta semana ha alcanzado el pico de 700 euros MW/h, amenaza con desencadenar un conflicto sin precedentes, así como paros en la producción de los grandes grupos industriales de nuestro país. Y es la previsión de este caos social, el que ha empujado a la ministra a explorar un nuevo hachazo a los ingresos de las eléctricas.
Los principales grupos energéticos del país han cerrado un año dorado que ha permitido, en muchos casos, elevar el dividendo y consolidar los bonus de sus directivos. El beneficio conjunto de las cinco 'grandes' -Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy y EDP-, rozó los 10.000 millones de euros al cierre de 2021. Para algunas, se trata de los mejores resultados en años. La propuesta de Bruselas anticipa que parte de estos beneficios -alrededor de 3.000 millones según las estimaciones actuales- irán destinados a costear la batalla contra el descontrol de precios en el mercado energético y el proceso de independencia europea del suministro ruso.
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