El autobús pide al Gobierno que acelere el pago de 125 millones por los abonos gratis

Las empresas de autobuses reclaman agilidad al Gobierno en el pago de las cuantías correspondientes a las que dejaron de ingresar por aplicar los descuentos al transporte público, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez puso en marcha a partir de septiembre de 2022. El sector asegura que en los últimos doce meses ha dejado de ingresar cifras próximas al 90% de lo que anteriormente procedía de la venta de billetes debido a la puesta en marcha de estas bonificaciones estatales que, sin embargo, la administración no les ha abonado.

El Gobierno anunció en septiembre de 2022 el descuento del 50% para los títulos de transporte público urbano y metropolitano (abonos mensuales o trimestrales) y la gratuidad del transporte público regional y de media distancia tanto para los trenes de Renfe como para el autobús, una medida que posteriormente extendió a todo el año 2023. 

En mayo de este año, a las puertas de las elecciones de mayo, extendió estas bonificaciones a los billetes de tren de alta velocidad (rebajados un 50%) y autobús de larga distancia (reducidos un 90%) para todos los jóvenes de menos de 30 años durante los tres meses del verano, medida que finalizó el pasado viernes 15 de septiembre.

Un agujero en los ingresos de las empresas

Ambas medidas han causado un agujero en la contabilidad de las empresas de autobús, que han asumido la merma de ingresos en un período de alta demanda de clientes y bajo unas condiciones crediticias mucho más duras que en años anteriores. Mientras que en el caso de los servicios urbanos e interurbanos la merma de los ingresos recurrentes puede llegar ser del 85%, en los de largo recorrido se limita a un 15% del total, dado que los viajes son mucho más ocasionales. 

Esta problemática se ha engrandecido por los descuentos aplicados durante el verano, que afectaban a los viajes sencillos y de ida y vuelta a cualquier destino nacional. Confebus, patronal del sector, ha valorado muy positivamente la medida por haber atraído a nuevos viajeros, pero se lamenta en cambio de que el Gobierno no aceptase sus propuestas de abonar por adelantado parte de los costes que deben asumir las empresas o habilitar una línea de crédito excepcional para estas. 

Según se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno debe otorgar una compensación por los ingresos no percibidos por la aplicación de estos descuentos. Estas compensaciones ascendieron a 5 millones para el último trimestre de 2022 (cuando el descuento era del 50%) y serán de 60 millones para todo el 2023. La cuantía definitiva se fijará en función del número de viajeros que hayan hecho uso de estos autobuses cada trimestre. A eso habrá que sumar otros 60 millones de las bonificaciones estivales, lo que aumenta la deuda pendiente de abonar hasta los 125 millones de euros. 

Reclaman una Ley que regule su financiación

Desde Confebus también reiteran su petición de garantizar la financiación del transporte público mediante una ley estatal que establezca las condiciones económicas necesarias para garantizar la prestación del servicio, tanto a nivel urbano como interurbano. Según señalan, una norma de este tipo facilitaría la planificación de las empresas de transporte para poder acometer inversiones, como la necesaria renovación de flota en un momento de electrificación de los servicios urbanos o la progresiva incorporación de esta tecnología a los interurbanos.

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que debió ver la luz la pasada legislatura pero acabó decayendo por la convocatoria electoral de julio, trató de desarrollar el modelo de financiación del transporte público durante el proceso de negociación de la misma, pero finalmente quedó relegado a un apartado que solo trata las aportaciones a los servicios urbanos, excluyendo de los mismos a los interurbanos, según explica el presidente de la patronal, Rafael Barbadillo, a La Información. 

Asimismo, según señala, se está convirtiendo en bastante común que determinadas administraciones acumulen retrasos significativos en el abono de los déficits de explotación de los servicios regulados por las instituciones, algo que sucede tanto a nivel local como autonómico.