El nuevo mapa municipal aleja los planes anticontaminación y la Ley de Movilidad

Las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado domingo parecían un buen momento para dirimir cuestiones que llevan tiempo en la agenda pública pero que no terminaban de insertarse en el debate ciudadano, salvo en pequeñas dosis. Las grandes urbes tienen en su 'debe' resolver los múltiples problemas derivados de su crecimiento territorial o poblacional, y el 28M parecía el momento de tratarlas, pero no encontraron su hueco en las discusiones de campaña.

Cuestiones como la calidad del aire, los modelos de movilidad, el diseño urbanístico o el cuidado del medio ambiente no han tenido apenas hueco en las semanas previas a los comicios. Bruselas está exigiendo renovar normativas, adaptarse a la nueva realidad climática o trasponer cientos de normas en materia de sostenibilidad que los tiempos políticos españoles no parecen dejar prosperar. Las grandes metrópolis, Madrid y Barcelona, siguen teniendo que resolver sus malos datos de contaminación, pero la respuesta a las multas millonarias impuestas por la Comisión Europea ha sido reclamar que sea más laxa con sus valores máximos.  

La ley que limitaba la contaminación, en el aire

Todas estas cuestiones tenían su respuesta en la Ley de Movilidad Sostenible, la norma con la que el Gobierno pretendía imponer un marco común para todas las ciudades que obligase a cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas a cambio de la recepción de los fondos europeos de recuperación. Pero está en duda que esta norma acabe viendo la luz, más todavía si se produce un cambio de Ejecutivo en la administración central. 

Con un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2022, la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio ha hecho decaer su tramitación parlamentaria, por lo que su aprobación definitiva quedaría en manos del próximo Gobierno, si es que quiere sacarla tal y como está redactada. Pese a cerrar su trámite de audiencia pública a mediados de abril con 203 alegaciones, ha seguido recibiendo críticas de varios socios del Gobierno de Coalición (Unidas Podemos, ERC y Bildu) por "decepcionante" y "falta de ambición y concreción". 

El inmovilismo amenaza la transición urbana

Mientras ciudades europeas como París o Londres viran hacia nuevos modelos de transporte, limitan el uso del vehículo privado e introducen la variable de la contaminación acústica en sus actuaciones, los pocos avances que se dan en España acaban topándose con protestas y oposición frontal de los adversarios políticos. Si tras la pandemia parecía existir cierta unanimidad en la necesidad de redefinir las ciudades y hacerlas más habitables, ese debate se ha abandonado y ha dado paso a confrontar modelos inmovilistas frente a quienes abogan por seguir limitando la circulación de coches por el centro de las ciudades. 

No es necesario recordar la gigantesca polémica a la que dio lugar la puesta en marcha de Madrid Central. Impulsada por la entonces alcaldesa Manuela Carmena, el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se presentó a los comicios defendiendo su eliminación. Tras arrebatarle la vara de mando, decidió mantener la zona de bajas emisiones, aunque le cambió de nombre y flexibilizó los requisitos de acceso. Y ejecutó estos virajes pese a la oposición de Vox, socio clave de un PP que necesitaba sus votos para sacar adelante las cuentas o las nuevas ordenanzas y que dejó al ayuntamiento de la capital sin presupuestos en 2023. 

Aunque con distintos actores y hechos, el trasfondo de esta polémica se ha replicado en ciudades como Barcelona o Valencia, donde sus hasta ahora alcaldes Ada Colau (En Comú Podem) y Joan Ribó (Compromís) han puesto en marcha 'superillas' que devuelven espacio al peatón a costa de la calzada de circulación para vehículos. Tampoco se han salvado ciudades como Valladolid o Logroño, que han abogado por transformar su modelo de movilidad con más espacio para el transporte público o las bicicletas mediante carriles bus y bici. 

La batalla por el espacio público

Todas estas ciudades, gobernadas por partidos o coaliciones de izquierdas, han recibido la misma réplica por parte de sus adversarios políticos: cualquier medida que implicase retirada de espacio para el vehículo privado se convertía en una batalla pública. Y es esa misma oposición —normalmente conformada por PP y Vox— es la que, tras el resultado de las elecciones del 28 de mayo, gobernará los próximos cuatro años en las ciudades mencionadas. 

Aunque no se esperan muchos cambios en la capital, conceptos como el "urbanismo táctico" empleado por Barcelona o Valencia sí podrían desaparecer. El ganador de las elecciones en la Ciudad Condal y exalcalde por Convergencia, Xavier Trias, ha prometido frenar todas las supermanzanas y ejes verdes planificados por Colau, además de retirar todos los elementos y vallados que delimitaban estos nuevos espacios peatonales sobre las calzadas. 

Las perspectivas no son muy distintas en una Valencia donde el PP vuelve a la alcaldía tras ocho años de críticas incesantes a la peatonalización y pacificación del centro urbano impulsada por Ribó. Tampoco en Valladolid, sumida en una profunda revolución urbana que le ha llevado a renovar toda su red de transportes o construir carriles bici en ejes clave. El popular Jesús Julio Carnero, previsiblemente próximo alcalde, inició su campaña prometiendo una movilidad "más útil, eficaz y saludable" mientras defendía reducir la zona de bajas emisiones a su mínima expresión legal.