Mazazo para la banca. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), Maciej Szpunar, considera que el Índice de Referencia Préstamos Hipotecarios (IRPH) no es un índice transparente por el mero hecho de ser oficial y, por tanto, son los los jueces españoles los que deben estudiar si es abusivo o no. El letrado polaco contradice así la doctrina del Tribunal Supremo, que lo avaló en 2017 y declaró que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial como el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad.
El abogado general del TJUE es una suerte de fiscal comunitario cuyas conclusiones, en la mayoría de ocasiones (dos de cada tres), coinciden con la sentencia final de la Justicia Europea, aunque no son vinculantes. Aún así, el Banco de España sigue de cerca el caso, ya que está mucho en juego para el sector financiero, que en la actualidad mantiene hipotecas vinculadas a este índice por importe de algo más de 17.000 millones de euros, de acuerdo a la información publicada por los bancos.
Para Szpunar, la fórmula de cálculo del IRPH resulta "compleja y poco transparente para un consumidor medio", por lo que considera que las entidades deben otorgar a los consumidores información "suficiente" para que pueda tomar una decisión prudente y con "pleno conocimiento de causa", especificando no solo la definición completa del índice de referencia en cuestión, "sino también las disposiciones de la normativa nacional pertinentes que determinan dicho índice y, por otra parte, referirse a la evolución en el pasado del índice de referencia escogido".
Entonces, según las conclusiones del abogado, no es necesario que las entidades informen al cliente sobre una comparativa con otros índices, como por ejemplo en Euríbor, ni sobre posibles escenarios futuros de comportamiento del IRPH para determinar que las hipotecas en cuestión se comercializaron con la debida transparencia, un matiz al que se agarran desde las entidades.
Sea como fuere, el abogado general de la UE emplaza a los juzgados españoles a determinar si las hipotecas referenciadas al IRPH tendrían un carácter abusivo y si su comercialización por parte de las entidades se ejecuto con la debida transparencia . "Su carácter potencialmente abusivo puede ser objeto de un control jurisdiccional", dicen las conclusiones de Spuznar, cuya publicación ha teñido de rojo la cotización de los bancos españoles, que según ha avanzado la jornada han vuelto ha revalorizarse en bolsa.
"Al efectuar el control de la transparencia de la cláusula controvertida, el juez nacional debe comprobar, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, por una parte, si éste exponía de manera transparente el método de cálculo del tipo de interés, de manera que el consumidor estuviera en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que del mismo se derivaban para él y, por otra parte, si el citado contrato cumplía con todas las obligaciones de información previstas en la normativa nacional", reza la declaración del abogado general del TJUE.
La incertidumbre persistirá hasta la sentencia final del TJUE
El Banco de España cree que la sentencia final de Europa, que llegará para finales de año o principios de 2020, es uno de los mayores riesgos para el conjunto de entidades, al nivel de la incertidumbre económica global y al anómalo escenario de bajos tipos de interés. Y es que la institución que preside Pablo Hernández de Cos calcula un impacto negativo de hasta 60.000 millones de euros, de acuerdo a un informe confidencial del supervisor remitido a La Moncloa.
El banco de inversión más influyente de Wall Street, Goldman Sachs, en cambio, sitúa el golpe posible entre 5.000 y 44.000 millones de euros y advierte de que CaixaBank y Sabadell son las entidades que más tendrían que perder en el peor de los escenarios, mientras que KBW, otro banco de inversión de Nueva York, rebaja el impacto hasta poco más de 3.000 millones, una incidencia en cualquier caso superior a la de las cláusulas suelo y que compromete el dividendo que las entidades tienen previsto repartir entre sus accionistas durante el ejercicio 2019.
En términos absolutos, la entidad con un mayor riesgo por IRPH en la actualidad es CaixaBank, con 6.700 millones en hipotecas vinculadas e este índice, por delante de Banco Santander, con 4.300 millones y BBVA, que tiene 3.100 millones de euros en este tipo de préstamos. La cartera de Bankia es de 1.600 millones, mientras que la de Sabadell alcanza los 831 millones de euros, la de KutxaBank supera los 700 millones de euros y la de Unicaja se sitúa en algo menos de 200 millones. Por último, la exposición de Liberbank es de 209 millones, la mitad de ellos colocados entre sus empleados.
La banca, optimista
Una vez conocidas las consideraciones del abogado general, los bancos, a través de sus patronales, han emitido un comunicado en el que muestran su optimismo y destacan que Spuznar en ningún momento considera nulo o abusivo el IRPH en sí mismo. Además, subrayan que en el caso en cuestión (que estudia una hipoteca concedida por Bankia) se respetaron las obligaciones de transparencia que estipula la normativa comunitaria.
"El Abogado General reafirma que los tribunales españoles son los competentes para analizar en cada caso particular el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y recuerda que el Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de diciembre de 2017, ya se pronunció sobre una cláusula contractual similar. En el supuesto concreto, el Abogado General considera que sí se han cumplido las exigencias de transparencia de la Directiva 93/13/UE, teniendo en cuenta que el IRPH es un índice de referencia oficial que se publica en el Boletín Oficial del Estado", reza el comunicado emitido por la AEB y la CECA.
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